Ciudad de México.- Verónica Pérez Lima, ganadora del primer lugar del Premio para identificar el obstáculo regulatorio más absurdo para competir y emprender, obtuvo esta distinción al registrar las leyes estatales que regulan la actividad notarial y señalar que contienen diversos preceptos que restringen de manera artificial el número de notarios y la competencia entre estos, en detrimento de los usuarios de dichos servicios, de la actividad económica y de la sociedad en general.
La postulación de las leyes estatales de notarios se hizo en el marco del Premio para identificar el obstáculo regulatorio más absurdo para competir y emprender, el cual permitió a ciudadanos, empresarios y profesionistas señalar normas que representan obstáculos sin una justificación válida de política pública, para entrar a un mercado y competir intensamente.
Los notarios son abogados autorizados y regulados por las entidades federativas para, mediante sus servicios, otorgar autenticidad y certeza a importantes actos jurídicos entre particulares, como la compra/venta de inmuebles, los contratos de hipotecas, testamentos, poderes, constitución de sociedades y certificación de documentos, entre otros.
Las limitantes artificiales al número de oferentes de estos servicios y a las restricciones a la competencia entre ellos perjudican al ciudadano, pues resultan en precios más altos, incertidumbre jurídica y una baja calidad en los servicios.
Estas problemáticas derivan de una mala calidad regulatoria sobre el ejercicio de la actividad notarial en las diversas normativas estatales. Por ejemplo:
30 entidades facultan a los ejecutivos estatales a otorgar notarías de manera discrecional, bajo criterios arbitrarios como: “cuando a su juicio lo exija el incremento de los negocios”.
30 estados establecen referencias para determinar los precios máximos de estos servicios a través del “arancel notarial”. Ello genera incentivos para que los notarios se apeguen a esta referencia en vez de competir mediante precios más accesibles.
Más aún, en 13 estados los consejos o colegios notariales tienen injerencia en el establecimiento del arancel. Al ser los mismos notarios quienes proponen los precios, la norma favorece la coordinación entre competidores para acordar sus honorarios.
27 entidades facultan al Ejecutivo para determinar discrecionalmente la ubicación de las notarías. Incluso cuando los notarios pueden prestar sus servicios en cualquier parte de la entidad, estos preceptos incentivan la segmentación de mercados al facilitar acuerdos entre competidores para solo ofrecer servicios en sus demarcaciones.
18 entidades restringen el número de notarios a uno por cada determinado número de habitantes. Destacan los casos de Puebla, Oaxaca, Chihuahua y Guerrero, con un máximo de un notario por cada 50 mil habitantes. Esto asegura a los notarios un mercado cautivo en detrimento de la población.
Por sus implicaciones en el desarrollo nacional, la COFECE hizo un llamado a los congresos de las entidades federativas a impulsar reformas en las leyes del servicio notarial, con el fin de eliminar las barreras regulatorias.
Además, exhortó al Congreso de la Unión a revisar y modificar la normativa pertinente para fortalecer la figura del Corredor Público, de manera que incremente la presión competitiva sobre los servicios notariales en temas mercantiles.
Incrementar el número de notarios y la intensidad de la competencia entre ellos, son factores esenciales para modernizar y formalizar la economía, porque incrementa la certidumbre jurídica y el respeto a los derechos de propiedad, indicó la Comisión.
Adicionalmente, el jurado otorgó un segundo lugar y tres menciones honoríficas a ciudadanos que postularon normativas federales, estatales o municipales relacionadas con el transporte de carga, aprovechamiento de agua, mercados públicos y establecimientos de venta de carne y pollo, que pueden ser consultados en la publicación Premio para Identificar el Obstáculo Regulatorio más Absurdo para Competir y Emprender: Resultados.
La COFECE informará sobre los obstáculos reportados por los ciudadanos a las autoridades administrativas y legislativas federales, estatales y municipales competentes, como una petición social para diseñar e implementar mejores reglas y políticas públicas que no limiten la actividad económica de manera injustificada.
