Ciudad de México.- Desde que se inauguró la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el 30 de octubre del 2012 por el entonces jefe de Gobierno y hoy canciller, Marcelo Ebrard, ha sido blanco de críticas por las diferentes fallas que ha presentado a lo largo de nueve años de servicio.
El colapso de una trabe entre las estaciones Olivos y Tezonco de la Línea Dorada que provocó, de acuerdo con información oficial hasta ayer 4 de mayo, la muerte de 24 personas y 79 heridos, es considerada como una de las peores tragedias en este sistema de transporte.
Ante el desplome de un tramo de la Línea 12, la fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación por homicidio y daño a la propiedad culposos.
A la par, se declararon tres días de duelo nacional por la tragedia ocurrida en el metro capitalino.
Para el proyecto de la Línea 12 se han utilizado fondos federales que han sido fiscalizados por la Secretaría de la Función Pública (SFP). De acuerdo con información de la dependencia vertida en la Plataforma de Transparencia, hasta el 2019, se habían realizado observaciones por un monto de más de 3,650 millones de pesos.
Por ejemplo, en la auditoría DF/F.M.-Proyecto Metro/2012 se encontraron dos pagos improcedentes por un monto de 478 millones 63,757 pesos y 116 millones 312,398 pesos respectivamente. El programa que brindó estos recursos fue el Fondo Metropolitano.
Asimismo, la auditoría DF/Fonmetro-Proyecto Metro/13 manifestó cuatro pagos improcedentes por importes de 11 mllones 250,109 pesos; 57 millones 658,731; 98 millones 58,314 de pesos y uno más por 8 millones 874,429 de pesos, los recursos también provenían del Fondo Metropolitano.
Dentro de las auditorías el monto que más destaca es el de 1,758 millones 350,000 pesos por incumplimiento en la ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con la mismas. Los recursos provinieron del Convenio de Reasignación de Recursos de la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes).
A su vez, en este contexto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en el 2019 un posible daño patrimonial por 72 millones de pesos por obras de mala calidad en la ampliación de esta misma línea que va de Mixcoac a Observatorio.
