Claudia E. Anaya (*)
Al ser el proyecto turístico emblema de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya ha generado polémica en torno a su desarrollo. Esta semana se develaron más avances respecto al proceso.
Respecto al tema de los posibles efectos al ecosistema de la obra, la secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Blanco, aseguró que se está en la fase de licitación del proyecto ejecutivo, el cual derivará en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)
Posteriormente, al encontrarse finalizado, se podría realizar una consulta informada, amplia y libre según la ley y los parámetros internacionales, indicó la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
De esta forma, González Blanco confirmó que se llevarán a cabo dos consultas sobre el Tren. La primera destinada a los pueblos indígenas y la segunda en términos ambientales.
“Por el bien de México, por idiosincrasia, este proyecto es para las comunidades, los desposeídos y los abandonados (…) Vamos a ir en el Tren Maya y alrededor estamos planteando proyectos productivos, de sostenibilidad de las comunidades”, aseguró.
Por su parte, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) dio a conocer que el proyecto será financiado a través de un esquema de inversión mixta, con un 10 por ciento de la misma correspondiendo al gobierno y el resto al sector privado que se adjudique los contratos por medio de concursos.
Las empresas que participen de la edificación del tren tendrán por responsabilidad desarrollar la ingeniería de detalle y la construcción de las vías férreas, o diseñar y fabricar los trenes según sea el tipo de contrato.
Otras obligaciones de las compañías licitantes serán la puesta en operación y el mantenimiento óptimo por un lapso de 30 años a partir del inicio de operaciones del Tren Maya.
En términos de tiempos respecto al proceso de estas licitaciones, el director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, destacó que faltan menos de tres meses para que empiecen los concursos por una serie de siete paquetes a licitar. El costo unitario se prevé que ronde los mil 100 millones de dólares.
Para diciembre de este año también se proyecta el lanzamiento de las primeras licitaciones sobre el proyecto ejecutivo, específicamente la parte donde actualmente no existen vías. Esto porque durante el año se llevarán los estudios referentes al impacto ambiental y la consulta a las comunidades indígenas.
Aunado a lo anterior, habría un octavo concurso en torno a la materia rodante, y un noveno sobre el operador, ya que “el Estado no pretende operar, sino contratar una empresa con experiencia internacional que opere todo el sistema donde vamos a tener los tres servicios: pasajeros, turismo y carga”.
Y, como ya es costumbre, Jiménez Pons aclaró que las licitaciones serán completamente abiertas, ya que se va a “erradicar cualquier acto de corrupción que se nos pueda presentar y que pueda crear duda en la opinión pública, el proceso es totalmente limpio y transparente”.
De momento todo parece ir viento en popa para el megaproyecto del sureste, sin embargo cabría preguntarse si el funcionamiento de las licitaciones no podría derivar en una captación de divisas un tanto famélica para el Estado, puesto que la mayor parte de la construcción correría por parte de la iniciativa privada. O qué se haría en caso de que el impacto ambiental resultase demasiado alto. Y cómo se procedería en caso de que las comunidades rechacen tajantemente el proyecto.
Tienen meses de sobra, esperemos celeridad para que lleguen las respuestas.
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(*) Directora Adjunta de la Revista Hábitat Mx
