Ciudad de México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, indicó que se tomó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, porque si bien se busca lograr la paz en el país, no será a costa de convertir a México en un cementerio.
En conferencia de prensa desde Culiacán y acompañado por los secretarios de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, Rafael Ojeda, el funcionario federal sostuvo que “no hay falta del Estado ni ausencia del gobierno federal en esta decisión».
“No buscamos enlutar hogares, sino resarcir el desgarrado tejido social, no vamos a regresar al tiempo de las masacres generalizadas… Vamos a acatar el desafío de la paz, pero no convirtiendo a México en un cementerio mayor al que ha sido”, expresó Durazo Montaño.
Agregó que con el propósito de salvaguardar el bien superior de la integridad y tranquilidad de la sociedad culiacanense, los secretarios que integran el gabinete de seguridad (de Seguridad, de la Defensa y de la Marina) acordaron suspender las acciones que se habían emprendido.
En este marco, el titular de la Secretaría de Seguridad indicó que Ovidio Guzmán López nunca estuvo formalmente detenido, aun cuando los elementos de las fuerzas federales tuvieron control del inmueble donde se encontraba, y que la orden de aprehensión no llegó de manera oportuna, lo que llevó a modificar lo planeado.
En ese sentido reconoció que el operativo en Culiacán estuvo mal planeado, no se previeron las consecuencias y se tuvo que dar marcha atrás ante la dramática situación que se generó por la respuesta violenta del grupo armado que estaba con Guzmán López.
Sin embargo, Durazo Montaño descartó que haya una falta de Estado o ausencia del gobierno federal, pues no por un proceso burocrático se puede hablar de un estado fallido, y pidió ubicar en su justa dimensión cada uno de los problemas que se presentaron en este caso.
“Se planeaba que podría conseguir una orden de aprehensión prontamente, no se logró en el tiempo establecido, eso tampoco significa un Estado fallido, pero si refleja que el aparato de procuración de justicia ha sido deficiente y corrupto, y a esa realidad no estamos enfrentando”, sostuvo.
Indicó que se revisarán los protocolos de actuación y de sometimiento en instancias superiores, además de que investigarán eventuales inconsistencias u omisiones que impliquen alguna responsabilidad de los participantes en el operativo fallido.
Sin embargo, destacó que los elementos de seguridad en el país, las fuerzas armadas, el Ejército y la Marina han hecho un gran trabajo por años, y que la decisión que se tomó «no modifica nuestra visión de que tenemos que ir a atender las causas profundas que genera la violencia».
El funcionario agregó que no han recibido ningún tipo de amenazas, y si bien en este tipo de casos siempre hay riesgos, “asumimos la responsabilidad y no aumentaremos nuestra seguridad personal”.
