Ciudad de México.- El director para Asuntos Financieros y Empresariales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Antonio Gomes, recomendó a México incluir la colusión en la contratación pública, por ser de las infracciones que podrían desencadenar la exclusión de agentes económicos.
En el marco de la presentación de los resultados del “Examen Inter-Pares de la OCDE sobre el Derecho y Política de Competencia de México”, el directivo sugirió también, con base al examen aplicado al país, adoptar líneas de directrices sobre el cálculo de multas.
Reconoció que el régimen de competencia se ha modificado tres veces en los últimos 14 años y en ese tiempo México se ha esforzado y comprometido por establecer una “cancha de juego pareja para todos los agentes económicos, al tiempo de fortalecer el cumplimiento de la Ley de Competencia y crear mercados más fuertes”.
Dijo que gracias a las reformas y al trabajo de las autoridades de competencia se han alcanzado logros importantes, como lo fue crear dos autoridades de competencia independientes, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), lo que “ha permitido que se opere con eficiencia combinándolo con la regulación y prevención de prácticas anticompetitivas”.
Destacó que gracias a las medidas adoptadas “México tiene autoridades de competencia sólidas que son respetadas a nivel internacional”, por lo que recomendó que se preserve la independencia y autonomía de estas autoridades, consagradas en la Constitución.
Además, dijo que con el avance de la economía digital es muy importante clarificar cómo se procesa la asignación de casos entre la Cofece y el Ifetel, donde “la cooperación entre las dos autoridades es básica”.
En el sector de telecomunicaciones, la OCDE recomienda que debería eliminarse la exención que existe del control de concentraciones que se otorga a los operadores no preponderantes.
Antonio Gomes recomendó también la aplicación efectiva de sanciones penales a los participantes de carteles económicos, y eso depende de mayor cooperación entre la Fiscalía General de la República y las autoridades de competencia, así como buscar un equilibrio entre el procedimiento penal y lo que son los incentivos para los solicitantes de clemencia en el programa de inmunidad.
La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, señaló al respecto que el documento presentado “fue un esfuerzo conjunto” entre los órganos de competencia y la propia OCDE, y para la dependencia “la competencia económica es uno de los pilares de la política industrial”.
Indicó que se mantendrá un seguimiento constante de los mercados que son más sensibles para el bienestar del consumidor, así como para los sectores productivos que tienen mayor incidencia de la actividad económica, a fin de promover que operen de manera eficiente.
En caso de no ser así, dijo, “esta Secretaría cuenta con los instrumentos normativos para presentar solicitudes de investigación, con carácter de preferente a ambos institutos autónomos”.
La dependencia “se enfocará en las áreas de oportunidad que este examen nos plantea y basados en una constante cooperación interinstitucional entre los actores relevantes de política de competencia en México lograremos que ésta se consolide como una herramienta para impulsar el desarrollo económico incluyente y el bienestar de la población”, añadió.
