Ciudad de México.- En diversas reuniones sostenidas entre grupos negociadores de la Concamin y diputados, se señaló que se requiere que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020 contenga los suficientes recursos de inversión física para impulsar la creación de infraestructura, carreteras, caminos y otros tipos de infraestructura.
Los miembros de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos le indicaron a los legisladores que de no ser el caso el país se seguirá obsoletizando y perdiendo competitividad.
Indicaron que saben bien de los limitados ingresos del gobierno federal, pero apuntaron que lograr las metas de bienestar y generar los suficientes empleos pasa necesariamente por la ejecución lo más cuantiosa y eficaz del gasto de inversión física del gobierno federal.
“Es indispensable privilegiar el gasto productivo, el que genera empleos formales con seguridad social”, señaló Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin.
Por lo anterior, los industriales propusieron las siguientes medidas de atención inmediata:
1). Se apoye a los diputados integrantes de la H. LXIV Legislatura Federal para realizar una reasignación de por lo menos 100,000 millones de pesos a la Propuesta de PEF-2020 presentada para su aprobación por el Ejecutivo Federal, que se destinarían a infraestructura, vivienda, educación, salud y al apoyo de la agricultura por contrato
2). Para el resto de 2019, revisar el grave subejercicio que se estima en el orden de los 200,000 millones de pesos. Se debe ejercer hasta el último peso de lo autorizado en el PEF-2019, especialmente en gasto de inversión en carreteras, escuelas, hospitales, caminos rurales, puertos y aeropuertos, entre otros
3). Penalizar, en el Decreto de PEF-2020, el subejercicio como acto de omisión, negligencia, ejercicio indebido del cargo público y cualquier otra figura de responsabilidad aplicable a los servidores públicos en el ejercicio del gasto público, causando daño directo a la población
4). Crear una vía eficaz en lo que se refiere a los trámites por los que deben pasar los proyectos privados de inversión, especialmente aquellos que se financien integralmente con recursos privados y resuelvan insuficiencias de infraestructura; la burocracia en los tres órdenes de gobierno está inhibiendo la inversión, que en muchos casos se está desviando a otros destinos
5). Establecer en el Decreto de PEF-2020 una Política Pública de Inclusión Regional, que establezca que a los proyectos derivados de la Mesa de Infraestructura (sean concesiones o APP’s), se les reconozca una preferencia, o primera opción, de por lo menos el 30 por ciento del valor total de la inversión de cada proyecto a las empresas locales y /o de la región, sin permitir la subcontratación.
Las medidas, de ser aplicadas con efectos inmediatos, significarían un fuerte alivio a la economía y mandarían buenas señales para reforzar el lugar de México como un atractivo destino de inversión, concluyó Cervantes Díaz.
