Duro golpe a “Ley Bonilla”
- Mandato Ampliado es inconstitucional.
- Senadores regresan minuta por desafuero.
- Debate por outsourcing a la congeladora.
Francisco J. Siller
Al final eso tenia que pasar. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se pronunció por declarar inconstitucional la reforma aprobada por el Congreso de Baja California, que permite ampliar de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla como gobernador de esa entidad.
Chapucerías y marrulladas rodearon la modificación al Artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 de la Constitución de Baja California, considerado por el Instituto Nacional Electoral (INE), partidos políticos, organizaciones civiles y analistas, como un intento de dar las bases a un proceso de reeleción en México.
Lo cierto es que el congreso de esa entidad intentó suplantar la voluntad de los electores que votaron por un periodo de dos años y de ser aceptado sentaría el presente de que cualquier congreso local o federal podría ampliar o reducir el mandato de gobernadores o presidentes, eliminando cualquier proceso democrático en las urnas.
Así que los siete magistrados integrantes del pleno del TEPJF remitieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una opinión juridica –con 39 fojas– que se integrará al expediente 112/2019 y acumulados, sobre el que el máximo organismo jurídico emitirá la sentencia definitiva. Se espera que eso sea los primeros días de enero próximo.
El magistrado presidente Felipe Fuentes Barrera, del Tribunal Electoral dejó claro que la ampliación de la gubernatura viola el principio de no reelección previsto por la constitución y que el mandato fue conferido por los electores por un periodo de dos años. Establece también que la Constitución local debe ceñirse a la norma suprema.
El documento avalado por el pleno señala que «los artículos constitucionales transitorios que han sido impugnados violan el principio de no reelección consagrado en el Artículo 116, fracción I de la carta magna, de tal suerte que la norma impugnada resulta inconstitucional por violentar el principio de no reelección».
Ahora hay que esperar la resolución final de la Suprema Corte y es precisamente esa opinión jurídica del TEPJF la que tendrá un peso importante en la decisión de los magistrados y la respuesta que darán a aquellos que interpusieron un recurso de inconstitucionalidad.
En otro orden de ideas, en el Senado de la República, la bancada de Morena comienza a pagar el alto precio por la imposición de Rosario Piedra Ibarra a la Comisión de los Derechos Humanos –otro asunto en manos de la SCJN–, pues no alcanzaron una mayoría calificada para declarar la reforma constitucional en materia de fuero.
También porque hay diferencias de opinion entre legisladores de ambas cámaras. El Senado, como cámara de origen envió a la de Diputados la minuta, pero ahí fue modificada y regresada. Resulta que en San Lázaro decidieron eliminar para los legisladores la figura del desafuero y la dejaron solo para el presidente.
El asunto está en un pin-pon legislativo, motivado principalmente por las discrepancias internas de los morenos, que además de buscar que no se les aplique el desafuero, de facto reducen los delitos por los que pudiesen ser sometidos en un juicio de procedencia, actual mecanismo para retirar el fuero a un legislador.
A veces la aplanadora de Morena anda con las ruedas locas y los diputados y senadores no se ponen de acuerdo. No saben si jalar para la izquiera, o para la derecha. Ir al centro no es precisamente una opcíon, aunque el camino recto sea el más adecuado, sobre todo por aquello de que la oposición pueda salir beneficiada.
Otro caso es el tema del Outsourcing que promueve el senador Napoleón Gómez Urrutia y que ha despertado el rechazo generalizado de la iniciativa privada y de los senadores de oposición que se negaron a la aprobación del dictámen. “Napito”, no escucha ni cede, más bien parece que busca una revancha con los empresarios.
Hay que reconocerle a Ricardo Monreal su actuación en la Cámara Alta, aunque a veces las cosas no le salgan como las planeó – como el caso de la CNDH–, que con un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que preside, logró el acuerdo de los coordinadores de las bancadas para enviar temporalmente a la congeladora el dictámen y no pasarlo al pleno.
Se buscará encontrar puntos medios mediante el formato de Parlamento Abierto, para escuchar las voces de empresarios, trabajadores, especialistas y académicos, lo que significa que el dictamen promovido por Napito, será regresado en algún momento a comisiones para un nuevo debate.
Quizá Monreal entiende que desde Palacio Nacional se está haciendo un esfuerzo por mejorar las relaciones con el sector privado y no generar incertidumbre entre los inversionistas con ideas absurdas, sobre todo cuando organismos como el Consejo Coordinador Empresarial lo consideran como darse un balazo en el pié.
Así lo que parecía, que las modificaciones sobre el outsourcing para la Ley Federal del Trabajo irían en fast track –o eso se pensaba– y que acabarían con la subcontratación de personal para las empresas, tendrán que pasar quizá al primer periodo de sesiones en el Senado para febrero de 2020.
Francisco J. Siller
