Con el sartén por el mango
Francisco J. Siller
En un movimiento inesperado, el expresidente Enrique Peña Nieto le hizo saber al presidente Andrés Manuel López Obrador que está dispuesto a venir a México y comparecer ante la Fiscalía General de la República para responder a los dichos de Emilio Lozoya Austin.
Desde luego que Peña Nieto negará conocer los arreglos del exdirector de Pemex con la empresa Odebrecht, durante su campaña y posteriormente bajo su presidencia, así como la compra de legisladores para aprobar las reformas estructurales, base de su gobierno.
El exmandatario buscará sacudirse como “viejo lobo de mar” esos dichos del que fuera su cercano amigo y operador político y cuyos antecedentes con la empresa brasileña datan del sexenio panista de Felipe Calderón, pues él fue el contacto entre los expresidentes y Marcel Odebrecht.
Que Lozoya actuó por su lado, operando con recursos mal habidos, pero no para beneficiar a un candidato o a negocios “chuecos del gobierno” lo hizo para enriquecerse ilícitamente, a espaldas de su presidente y en perjuicio del erario público. No sería extraño que Peña presente una denuncia penal, en ese sentido.
López Obrador mantiene su postura de no enjuiciar a expresidentes, a menos que el pueblo bueno lo decida en una consulta popular, como las que acostumbra desde el inicio de su gestión, pero con la salvedad de que debe incluirse a Salinas y todos los que le siguieron, hasta llegar a Peña Nieto.
Pero eso no es algo sencillo de lograr, dado que existe el Artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el Presidente de la República solo se le podrá imputar delito por traición a la patria o por delitos graves del fuero común, durante el tiempo que duró su encargo.
Habría que ver si alguno de los expresidentes en los últimos 30 años encaja en ese perfil, para que sea sentado en el banquillo de los acusados y tenga que responder de sus actos ante un juez penal. Otra cosa no será más que el linchamiento popular llamado desde Palacio Nacional.
Aún cuando no lo reconozca abiertamente, López Obrador guarda gran rencor, en especial a Carlos Salinas de Gortari —el jefe de la mafia del poder— y a los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, aun cuando diga que a éste último ya lo perdonó por robarle la Presidencia de la República en 2006.
Por cierto que López Obrador negó que exista persecución política contra Felipe Calderón. “Está enojado conmigo, yo ya lo perdoné, nos robó la Presidencia, él lo sabe, pero yo no odio”, dijo al responder preguntas en su mañanera. De Peña Nieto, no dijo “ni pío”.
En el contexto en el que se están registrando los hechos, la narrativa de López Obrador cobra sentido como nunca antes de las veces en que hubo fraude electoral en su contra, de la corrupción imperante en la clase política y del abandono a los pobres en México.
Lo repitió hasta la saciedad los últimos años, en sus tres campañas políticas y ahora esta a tres pasos de cuajar sus sueños de llevar ante la justicia a alguno de ellos y en eso encontró una palanca representada por Emilio Lozoya Austin y su esperanza en que en realidad pueda probar sus dichos de corrupción presidencial.
Seguramente rodarán cabezas en este proceso, pero no serán las de los expresidentes, porque no son la parte más delgada del hilo, aunque representen la parte más vistosa del affaire que está montando la Fiscalía General de la República. Por ahora hay que esperar a ver si le resulta.
Tanta es su confianza en su nuevo aliado contra la corrupción, el presidente dijo que el video que presentó Lozoya como prueba de descargo, debe conocerse porque ya es tiempo de estigmatizar a los corruptos, “porque no es nada más castigarlos, sino que no se repita, prevenir la corrupción”.
El presidente piensa que sería extraordinario que la gente vea si es sobre dinero, cómo se repartía el dinero, cómo se compraban voluntades, cómo se compraba conciencia, cómo se compraban los votos.
Abogado de profesión —aunque nunca ha ejercido el derecho—, López Obrador, reconoce que el video puede no ser de valor en un juicio, que en lo estrictamente legal puede ser que no tenga valor en lo legal, “pero en lo moral son de primer orden”.
Por eso es parte importante de ese juicio popular al que va a llevar —en forma paralela— a la causa penal, en el que es manifiesta la culpabilidad de los implicados, que no tendrán derecho al concepto de inocencia “mientras no se pruebe lo contrario”.
Un juicio político más bien encaminado a golpear a sus enemigos, a sus adversarios, con vista a las elecciones del 2021, más que otra cosa. Mediático con todo y linchamiento en las redes sociales y para ello, él es el amo, el genio de la comunicación. Tiene el sartén por el mango y él lo sabe.
