- Desarrolladores cautelosos
- El “madruguete” de Napito
- Regulación financiera diferenciada
Agustín Vargas *
El rezago habitacional en el país, que en la actualidad abona alrededor de 9 millones de viviendas, es un problema que cada año va en aumento y más allá del crecimiento poblacional, que podría explicar al mismo tiempo el incremento en dicho rezago, la verdad es que hasta el momento no ha habido ningún programa lo suficientemente efectivo para detener el flagelo, que dicho sea de paso, deteriora las condiciones de vida de los mexicanos.
Apenas la semana pasada (27 de noviembre) se presentó el Programa Nacional de Vivienda, el cual busca concretar 5.4 millones de acciones de mejoramiento, adquisición o ampliación de aquí al 2024, con una inversión de 2.3 billones de pesos a través de cinco objetivos estratégicos, que trabajarán diversos participantes bajo la batuta de la Sedatu, a cargo de Román Meyer Falcón.
Los cinco objetivos se dividen en 21 estrategias y 141 propuestas específicas que buscan también disminuir en 2.2 millones el rezago en acciones y lograr el crecimiento del sector en 11% hacia finales de 2024.
Todo en el papel parece irá de maravilla, eso sin duda, pero en el camino la realidad, necia como es, se interpondrá y no habrá más remedio que tratar de arreglarla.
Desarrolladores cautelosos
De entrada el Programa Nacional de Vivienda es visto con cautela por los desarrolladores, debido a que el plan gubernamental prioriza acciones de mejoramiento y ampliación en lugar de edificación de nuevas unidades para las personas de menos ingresos.
Si bien el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador atenderá una necesidad real con soluciones de ampliación y mejoramiento, no se debe de perder de vista la edificación de nuevas unidades, con el fin de no acrecentar los asentamientos irregulares y además propiciar el impulso económico desde el sector de la construcción de vivienda.
El sector de la vivienda en México está conformado por unas mil empresas, de las cuales 97% son pequeñas y medianas. Impacta a 37 de las 42 ramas económicas, lo que representa el 88% de la economía, con lo cual aporta 6% al Producto Interno Bruto, con una derrama de 1 billón 236 mil millones de pesos.
La vivienda se encuentra íntimamente ligada al crecimiento económico y al desarrollo social, además genera estabilidad, seguridad, consolidación patrimonial, sentido de pertenencia y el entorno necesarios para el desarrollo integral de los ciudadanos.
De ahí que la producción de vivienda en el país no puede quedar rezagada, menos dejarse en segundo término dentro de los planes gubernamentales, pues hacerlo sería como pretender apagar un motor de la economía.
Si bien, como mencionó el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, durante la presentación del PNV, la vivienda es un derecho humano es también una actividad que genera crecimiento y desarrollo para muchos otros sectores industriales y empresariales que abonan a la competitividad de nuestro país.
“El reto urbano de la vivienda consiste en cómo captar lo que la gente necesita y ofrecer opciones para que encuentre el lugar y espacio que anhela de acuerdo con sus principios, sin afectar el bien común de la sociedad”, señaló el líder de los industriales, quien de manera extraoficial comentó que será a principios del 2020 cuando se presente un plan de financiamiento para detonar al sector de la vivienda.
Lo que aún no parece tener nada convencidos a los señores del gobierno encargados de la vivienda, ni tampoco como entrarle al problema, es el tema de la vivienda abandonada.
Carlos Martínez Velázquez, director general de Infonavit, es el que más se ha referido al tema, no por voluntad propia, sino cuando le preguntan los reporteros, pero sus respuestas son mera retórica.
Ahora, bajo el esquema del Programa Nacional de Vivienda, refiere que el Infonavit buscará la regeneración de las viviendas abandonadas (según cifras el Instituto suman alrededor de 650 mil), de las cuales se espera, de la mano de la iniciativa privada, lanzar al mercado unas 171 mil viviendas durante este sexenio. Habrá que ver quién se apunta.
El “madruguete” de Napito
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) que preside Francisco Cervantes Díaz, advirtió desde el pasado lunes 2 de diciembre el “madruguete” que orquestó el senador Napoleón Gómez Urrutia para prohibir el outsourcing, figura de subcontratación de empleados, que ayer fue aprobado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado -únicamente con la presencia de legisladores de los grupos parlamentarios mayoritarios- iniciativa auspiciada por el propio Gómez Urrutia.
El sector empresarial ya había advertido de la treta del senador por Morena para que su iniciativa sea aprobada por el pleno, la cual busca criminalizar la subcontratación.
En sendo comunicado la IP externa su preocupación por la maniobra, pues afirma que de concretarse esta reforma en los términos en los que está planteada, los daños para la economía del país serían devastadores: se pondrían en riesgo miles de puestos de trabajo, se desalentaría la inversión y se convalidaría una reforma con visos de inconstitucional.
Regulación financiera diferenciada
Enrique Bojórquez Valenzuela fue reelecto por dos años más como presidente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), que aglutina a la “elite” de las sofomes e intermediarios crediticios no bancarios.
Su principal tarea será fomentar su participación en el mercado financiero y escalar su posición como la séptima fuente nacional de financiamientos, incluyendo a los bancos, con la ventaja de contar con una mayor especialización en los sectores automotriz, agroindustrial, empresarial, inmobiliario y en créditos en línea.
Hasta junio de este año los activos de sus socios sumaron 493 mil millones de pesos que representa el 2.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que sus carteras de crédito registran a más de 386 mil millones de pesos.
Consideró que para mejorar la actividad crediticia es necesario retomar el dinamismo del crecimiento económico, así como acelerar la prometida regulación diferenciada, que es un proyecto de las autoridades financieras que se encuentra en etapa de estudio y que busca establecer normas acordes al tamaño y actividad de las instituciones financieras.
Aseguró que mejorar la colocación de crédito implica crear un sistema nacional de garantías y que la banca de desarrollo otorgue más crédito a través de los intermediarios financieros no bancarios.
Incluso comentó que aún no se ha superado el trauma de la crisis bancaria y el Fobaproa, por lo que han proliferado regulaciones para el sistema financiero en general que hacen más pesado su actuar en la dispersión del crédito.
Síganos en www.habitatmx.com
Escríbanos también a [email protected]
*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx
