A tres años del arranque del sexenio, los resultados de la administración del presidente López Obrador se han reducido al discurso sobre el combate a la corrupción, descuidando aristas como la economía, la seguridad y la crisis sanitaria producto de la pandemia
José María Gijón
Hace un año, durante la presentación de su segundo informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que su administración no sería recordada por corrupta, siendo su legado principal el “purificar la vida pública de México”. En aquella ocasión centró los méritos del sexenio en el ahorro por la austeridad y la diseminación de recursos mediante programas sociales, relegando al olvido la crisis sanitaria y económica producto de la Covid-19.
Ahora, en el marco del tercer informe y con la mitad del sexenio concluido, el mandatario ha optado por insistir en que el logro estelar de su gobierno radica en la lucha contra la corrupción, destacando el hecho de que “en Palacio ya no hay ladrones. Hechos, no palabras”.
Pese al optimismo del Ejecutivo, el adagio dista de reflejar la realidad del país, mismo que se enfrenta a múltiples frentes de crisis agudizados por la pandemia y que se mantienen lejos de ser prioridad en la agenda de la autodenominada Cuarta Transformación (4T).
A inicios de julio, el presidente López Obrador señaló que en el último trimestre se presentaron signos de recuperación económica y sanitaria, enfatizando que el gobierno hizo todo lo “humanamente posible” para enfrentar la emergencia.
“Casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía de México crecerá alrededor del 6%. No hemos contratado deuda pública adicional y como no sucedía en tres décadas, el peso no se ha devaluado en los primeros dos años y medio de nuestro gobierno”, explicó el mandatario.
No obstante, la economía nacional se mantiene en una situación de incertidumbre producto de la percepción en torno a las estrategias adoptadas por el gobierno federal, a lo que se suman factores externos como el avance de la recuperación de Estados Unidos y los efectos del Covid-19 a largo plazo.
De acuerdo con Fitch Raitings, México se ubica en el grupo de las economías emergentes más vulnerables por el registro de pérdidas permanentes en el Producto Interno Bruto (PIB), lo cual podría derivar en la reducción de la inversión empresarial, menor disponibilidad de crédito bancario, quiebras generalizadas y la pérdida de capital humano.
La calificadora indicó que su previsión es que la economía mexicana crezca 5.3% durante 2021, con una normalización del 2.7% el año entrante. Entre los factores que influyen en el pronóstico se encuentran la falta de apoyos contundentes del gobierno en las primeras etapas de la crisis y la desaceleración que ya acarreaban la inversión pública y privada previo a la pandemia.
Por su parte, BBVA México elevó sus pronósticos de crecimiento en línea con los presentados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pero afirmó que “ni aún con un crecimiento de 7%” se logrará recuperar los niveles previos al Covid-19.
La entidad financiera advirtió que la recuperación estaría en riesgo si se desacelera el ritmo de vacunación y no se resuelven los problemas en las cadenas de suministros de la industria manufacturera.
Aunado a esto, pese a los datos provistos por el Ejecutivo, la percepción respecto a la situación económica del país ha mermado durante los últimos meses.
El Indicador de Confianza del Consumidor, elaborado de forma conjunta por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México (Banxico), arrojó en julio que siete de cada diez consumidores mexicanos consideran que la situación económica actual está peor que hace 12 meses, augurando resultados similares para 2022.
Pobreza, deuda histórica
Pese a que uno de los puntos nodales del discurso del sexenio ha sido priorizar a las personas en situación de pobreza, la actual administración no ha podido evitar que las cifras hayan aumentado en los últimos tres años.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer a principios de agosto que, en lo que va del sexenio, el número de personas en situación de pobreza incrementó en 3.8 millones.
Según datos de la “Medición multidimensional de la pobreza en México 2018-2020”, en el rubro de la pobreza extrema se pasó de 8.7 a 10.8 millones, con un incremento registrado de 2.1 millones en el periodo de referencia.
El organismo señaló que las transferencias del gobierno no fueron suficientes para compensar la caída de los ingresos laborales, en tanto que la población vulnerable por ingresos aumentó 0.9% respecto al inicio del sexenio.
Destacó que, de seis carencias en el ejercicio de los derechos sociales que se toman como referencia, tres presentaron un incremento entre 2018 y 2020, siendo la carencia por acceso a servicios de salud la de mayor expansión, con un 28.2%.
El informe del Consejo destaca que el decrecimiento de población rural con acceso a los servicios del Insabi fue de 20.4%, en tanto que las zonas urbanas vieron una reducción del 13%.
Ante esta situación, el presidente destacó que no se modificará la política social del gobierno y se limitó a rechazar las cifras otorgadas por el Coneval, alegando que, como en otras ocasiones, cuenta con “otros datos”.
“No acepto, tengo otros datos, la gente está recibiendo más y aun con la pandemia la gente tiene para su consumo básico y algo más importante no han perdido la fe (…) debe modificarse la forma de medición sobre bienestar, no depender todo lo relacionado con el bienestar solo con indicadores económicos”, aseveró López Obrador.
Adjudicó el incremento de la pobreza a la pandemia y aseguró que, mediante los programas de apoyos sociales de la administración, la situación cambiará al cierre del sexenio.
La posibilidad de controlar la pandemia por Covid-19 -o “domarla” como el presidente sostuvo que ya se había hecho hace meses- se aleja cada vez más. La capacidad del sector salud ha sido claramente deficiente ante la profundidad y la incertidumbre de la emergencia sanitaria
La verdad es que la posibilidad de “domar” o controlar de alguna forma la pandemia nunca ha estado cerca. De acuerdo con la información global diseminada por el centro de seguimiento de Covid de la Universidad Johns Hopkins, hasta ahora con las cifras totales de muertes como proporción del número de casos identificados, el índice de letalidad de México (7.9%) está solamente detrás de Perú (9.2%) y Yemen.
A fin de apreciar la cifra, en EEUU y España ha sido 1.7% y en Brasil 2.8%, y el número de muertes hasta el cierre de esta edición, ascendió a 252,080, cifra que continúa en aumento.
Pacificación, frente perdido
Al llegar a la presidencia, López Obrador anunció su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, documento en el que se planteaba una estrategia de seguridad con un enfoque alternativo para reducir los ingentes niveles de violencia que se han vivido en el país.
Transcurridos 31 meses desde el arranque de su administración, las cifras en materia de seguridad han incrementado de forma exponencial, inclusive al compararse con los datos presentados en sexenios anteriores.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el periodo de referencia se registraron 91 mil 092 asesinatos, cifra que incluye casos de homicidios dolosos y feminicidios.
La estimación supera las cifras del gobierno de Felipe Calderón, donde hubo 32 mil 587 víctimas de asesinato en el mismo periodo; y de la administración de Enrique Peña Nieto, donde se registraron 55 mil 103 fallecimientos dolosos.
Aunado a esto, de los 50 municipios con mayor número de homicidios dolosos en este periodo, 31 son gobernados por Morena, con alzas que van del 11% hasta el 870%. Las localidades más afectadas son Zamora, Solidaridad, Salamanca, Ensenada, Guaymas, Tequila y Puebla.
En tanto, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, indicó que los delitos de feminicidios y violaciones registraron incrementos durante el primer semestre del año.
De enero a junio se registraron 508 víctimas de feminicidio, 3.3% más respecto a las 492 contabilizadas en 2020; en el caso de las violaciones se recibieron 10 mil 458 casos contra los 7 mil 885 del año pasado, con un incremento en la incidencia del 32%.
Respecto a estas cifras, el presidente destacó que se ha logrado una disminución “pequeña, pero disminución” en los índices de violencia, mismos que a su parecer detuvieron su crecimiento y ahora bajarán más.
Aseveró que la reducción de los delitos dolosos ha costado trabajo ya que la problemática de la inseguridad está muy arraigada como producto de la corrupción y el abandono de la gente, “pero ahí vamos y lograremos –es todo un desafío– reducir el número de homicidios en el país”.
Al cierre de esta edición se espera la presentación del tercer informe de gobierno. Dada la constante reducción de las problemáticas del sexenio a la existencia de datos alternos y la corrupción como mal congénito, las expectativas de un informe pleno en palabras y escueto en hechos es inevitable.
