- Guatemala, vuelve la protesta social y gana
- El presupuesto privilegiaba al capital
Juan Barrera Barrera
Primero el Congreso guatemalteco aprobó un presupuesto, en lo oscurito, totalmente contrario a los intereses de los ciudadanos que se basaba en recortes a los sectores más sensibles: educación, sanidad y justicia. Por el contrario, el sector privado sería el más beneficiado de las partidas presupuestales. Después apareció la movilización y la protesta social que terminó por doblegar a sus autores que terminaron por suspender el presupuesto del país para el 2021.
El decreto de presupuesto ascendía a un 25% más respecto al año anterior, presuponía de endeudamiento público para que el Estado pudiera hacerse de recursos, pero la forma en que se aprobó, a espaldas de la ciudadanía, fue lo que detonó las manifestaciones que llegaron hasta el incendio de una parte de las instalaciones del Palacio Nacional y del Congreso.
Los guatemaltecos salieron nuevamente a las calles para oponerse a las viejas medidas antipopulares, cuyas políticas siguen posponiendo la atención a las verdaderas necesidades sociales, lo que ha alimentado el hartazgo social contra un gobierno débil encabezado por Alejandro Giammattei, quien había sido director de los reclusorios y participado en cuatro ocasiones a la presidencia de Guatemala.
Presupuesto injusto, la corrupción detrás
El país centroamericano es uno de los más empobrecidos no sólo de la región, sino del mundo, de acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Social (El País, 24-11-2020) con el 60% de su población en situación de pobreza. Pero una iniciativa de presupuesto motivó que los sectores de las clases expresaran su hartazgo por una medida muy injusta.
El país centroamericano ha sido protagonista de intensas movilizaciones populares multitudinarias en 2015 que llevaron al derrocamiento del gobierno de Otto Pérez Molina, quien fue procesado y condenado, acusado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de ser cabeza de una red de sobornos, conocida como “La Línea”, en la que también estuvo involucrada su vicepresidenta, Roxana Baldetti.
Guatemala padece de un cáncer que no se lo ha podido extirpar, el control del aparato estatal por grupos de poder económico y político muy poderosos, pero las protestas sociales que se extendieron a otras ciudades el fin de semana lograron echar abajo la propuesta de marras de los legisladores chapines, sin embargo, la corrupción y la impunidad siguen instaladas en el poder y no será fácil acabar con los grupos mafiosos, pero la toma de conciencia va ganando terreno.
La región centroamericana y sudamericana viene experimentando una primavera de movilizaciones y protestas pacíficas frente a una serie de excesos del poder político que afectan considerablemente los intereses sociales y económicos de las sociedades latinoamericanas.
Pero no sólo eso, sino que todavía existen sectores del poder político y económico que persisten en socavar los cimientos de la democracia como recientemente padeció el Perú con el golpe de Estado del Congreso contra el presidente legítimamente establecido, Martín Vizcarra, y la imposición de Manuel Merino, que tuvo lamentables consecuencias.
Este atropello de la mayoría de los partidos a los derechos democráticos de los peruanos derivó en la inmediata reacción ciudadana, la defensa del uso legítimo de su derecho a la protesta social, cuya respuesta y capacidad de convocatoria se extendió por varias ciudades del país andino en respuesta al uso excesivo de la fuerza. Los golpistas terminaron cediendo ante la presión social.
La protesta social el mejor instrumento de defensa
Las movilizaciones pacíficas tuvieron éxito, el usurpador del poder renunció a los cinco días del golpe legislativo terminando con la crisis política y con el restablecimiento de la democracia. Al mismo tiempo se disipó la incertidumbre sobre la posibilidad de que los golpistas no respetaran el calendario electoral del próximo año para renovar la presidencia del Perú.
Fue una experiencia exitosa más de la acción colectiva de combate a la corrupción y los sectores conservadores que tienen infectado al país sudamericano, pero que se aventuran a poner a prueba la fortaleza y debilidades de las instituciones y el estado de derecho y a minimizar la capacidad de movilización de los ciudadanos.
Las movilizaciones sociales se han instalado en la región latinoamericana. Los actores son diversos, pero construyen identidad en torno a la defensa de sus derechos, desde de temas como la educación pública, las pensiones, combate a la corrupción y la impunidad hasta reivindicaciones lésbico-gay o expresiones de mujeres que condenan los feminicidios que concitan una amplia capacidad de movilización.
La toma de la calles se ha convertido en el principal instrumento de defensa de los ciudadanos frente a las expresiones autoritarias y medidas que afectan al grueso de la población. La primavera latinoamericana es permanente, no se apaga y con ello la toma de conciencia se fortalece.
