- Senado aprueba reformas por igualdad salarial
- México el país con mayor brecha en ingresos
- Mejorar condiciones para la inclusión laboral de las mujeres
Juan Barrera Barrera
La carrera por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en nuestro país ha sido lenta y a veces muy tortuosa. Una de esas desigualdades que viene padeciendo el género femenino es la brecha salarial que ha sido un factor de vulnerabilidad de los sectores más afectados de la población: indígenas, campesinas y afroamericanas.
México pertenece al club de países más desarrollados del mundo, a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pero contamos con una distinción muy negativa, tener la mayor brecha salarial entre hombres y mujeres que es del 18.8%, mientras que la media entre los miembros es del 13%.
Además de la desigualdad salarial las mujeres sufren de discriminación, son presas de acosos sexuales por parte de sus propios compañeros de trabajo y de sus jefes inmediatos y, por si fuera poco, también son víctimas del bullying laboral. Las organizaciones sindicales que en teoría están para la defensa de sus agremiados poco o nada han hecho para disminuir las ofensivas contra las mujeres.
Reformas para la igualdad salarial
Ante esta injusta situación laboral de las mujeres, este miércoles, con el voto de 113 legisladores a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprobó el proyecto de decreto que reforma 13 leyes en materia de igualdad salarial a fin de garantizar que las mujeres no sean discriminadas y tengan igualdad de condiciones que los hombres en el trabajo.
En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se incorpora dentro de la definición de “violencia económica” a la percepción de un salario menor por trabajo igual o de igual valor inobservando el principio de proporcionalidad. Asimismo, en la definición de “violencia laboral” se incluye a las acciones u omisiones que directa o indirectamente perpetúen la brecha salarial de género, hasta la percepción de un salario menor por trabajo igual o de igual valor.
En la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se incorpora el término de “brecha de género”, definido como la diferencia que muestra la distancia existente entre mujeres y hombres respecto a un mismo indicador, y como concepto empleado para reflejar la brecha existente entre los sexos respecto a las oportunidades de acceso y control de recursos políticos, económicos, sociales, culturales, abarcando cuestiones como el salario, la ocupación laboral, la participación política, los servicios de salud, la educación, la violencia contra las mujeres y las niñas, el acceso a la justicia, entre otros.
Asimismo, se agrega la definición de “igualdad salarial”, entendida como el concepto que se refiere que la remuneración será siempre igual por un trabajo de igual valor, sin distinguir el sexo, el género, la raza, la identidad de género, la orientación sexual, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica.
Mejorar condiciones para inclusión de las mujeres en mercado laboral
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ha identificado cuatro factores que explican la brecha salarial en nuestro país: La discriminación en el lugar del trabajo; La diferencia en los sectores laborales en los que históricamente se han desempeñado los hombres; La escasa participación de las mujeres en puestos de liderazgo y de alta dirección; y la falta de políticas de conciliación en la vida personal y profesional.
Una de las consecuencias más sentidas por la pandemia del COVID-19 entre las sociedades es sin duda la complicación de la crisis económica que ha impactado negativamente en el desempleo y en el ingreso de quienes ganan menos que, es decir, los sectores más vulnerables como son las mujeres y por lo tanto las dificultades en la lucha por la igualdad se veían más difíciles de superar.
Por ello los cambios en el sistema normativo laboral eran de suma urgencia en la agenda legislativa que permitan mejores condiciones para la inclusión de las mujeres en el mercado de trabajo, pero con énfasis en la igualdad de las remuneraciones.
La propuesta del Senado, que se remitió a la Cámara de Diputados, establece que la violencia económica es aquella que provoca o perpetúa la brecha de género, o la percepción de un salario menor por trabajo igual o de igual valor inobservando el principio de proporcionalidad, dentro de un mismo centro laboral.
Establece que será objetivo de la Política Nacional el diseño, implementación, ejecución y evaluación de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Romper topes salariales pero con políticas de igualdad salarial
Era necesario y urgente, por justicia social, eliminar las normas que promueven la discriminación, el racismo y la desigualdad contra campesinas, indígenas, jóvenes en general y mujeres jóvenes, principalmente, porque son quienes representan a los sectores más afectados de la población mexicana y han sido los más olvidados en el sistema laboral.
En la actual administración federal los dos incrementos que han experimentado los salarios mínimos han roto los topes salariales que impusieron los regímenes anteriores en colaboración con los patrones, lo que ha representado un avance mínimo, pero significativo en la ruta de la recuperación del valor del salario.
Sin embargo, esta acción tendría que complementarse con reformas legislativas al ordenamiento normativo del mercado de trabajo que redujera la histórica brecha salarial hombres-mujeres. El Senado dio un paso importante en ese desafío, ahora veremos cómo cuál es el sentir de los diputados y posteriormente si la iniciativa se hace realidad o si termina en una simulación.
