- Señala GIEI a FFAA, Marina y corporaciones de obstruir caso Ayotzinapa
- AMLO sale en su defensa; gracias a ellas se ha avanzado
- ¿Guarda presidencia información con fines políticos?
Juan Barrera Barrera
A principios de semana los dos expertos que quedaron del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Beristaín y Ángela Buitrago, presentaron su sexto informe en medio de acusaciones y señalamientos contra el Ejército, la Marina, la FGR y las corporaciones policiacas por el caso de la desaparición de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa e informaron dejaban el país el 31 de este mes.
No lograron concluir con la investigación que llevara a dar con el paradero de los 43 jóvenes alumnos desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 por la falta de cooperación de los militares y la Marina que se reservaron archivos, y de la FGR por obstaculizar las pesquisas, sin embargo, no hay duda de que este grupo de expertos realizó importantes avances para el esclarecimiento de los hechos acontecidos en aquella terrible noche de Iguala.
El GIEI se topó con el casi infranqueable muro de la obstrucción de la justicia y la impunidad por personas y grupos enquistados en el aparto del Estado y tal vez involucrados en la matanza de Iguala, por tal razón impiden por todos los medios que los sucesos se esclarezcan. Han pasado nueve años de espera para los familiares que presenciaron el último informe del grupo de investigadores en medio de la desesperanza.
Fue un gran aporte que el GIEI desmantelara la retórica de la administración de Enrique Peña Nieto sobre la “verdad histórica” construida con falsas investigaciones, torturas a detenidos y destrucción de evidencias del ex procurador (ahora encarcelado) Jesús Murillo Karam y de su subalterno e ideólogo de la versión, Tomás Zerón de Lucio (autoexiliado en Israel y protegido por ese gobierno).
Se reconoce el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador con los familiares de los alumnos normalistas y con México de encontrar a los jóvenes y dar con los responsables de “la noche de Iguala”, y como muestra ordenó, en 2022, al Ejército y la Marina abrir los archivos para la investigación, ante las denuncias del GIEI contra la Sedena y a Marina.
Proceso escabroso, renuncia de fiscal especial y espionaje
Pero todo el proceso ha sido escabroso, lleno de obstáculos desde las entrañas del aparato estatal, situación que llevó a la renuncia del fiscal especial de la FGR, Omar Gómez Trejo, el año pasado, luego de que personal de la FGR cancelara, sin consultarlo, 21 órdenes de detención, 16 de las cuales correspondían a miembros del Ejército (nueve ya están encarcelados), porque no aparecían en el informe del caso. fue sustituido por Rosendo Gómez Piedra, un gris abogado que fue secretario de Gobierno del estado de Tabasco cuando Adán Augusto López Hernández era gobernador, es decir, no es una fiscalía autónoma, independiente y eso le resta credibilidad,
Un dato no menor es el espionaje que sufrió subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez. En mayo pasado una investigación del periódico The Nuew York Times, ventiló que el teléfono celular del funcionario fue hackeado por órdenes de militares con el programa espía Pegasus.
AMLO aceptó el hecho, pero rechazó que el origen del espionaje haya sido la Sedena. El Ejecutivo minimizó lo sucedido a su colaborador por lo que le dijo a Encinas que no le diera importancia “porque no había intención de espiar a nadie”. La posición presidencial por supuesto está lejos de ser creíble, por la simpleza de su manejo.
Encinas Rodríguez es uno de colaboradores más cercanos al presidente López Obrador y se ha destacado por ser el más crítico por el papel del Ejército en el caso de los 43 alumnos desaparecidos del magisterio de Ayotzinapa. El espionaje tomó relevancia ya que coincidió en momentos en que el funcionario llevaba a cabo investigaciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos por el aparato castrense.
Alejandro Encinas tenía preparado un informe sin testar de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, pero fue filtrado a los medios de comunicación desde alguna oficina de la propia FGR. La divulgación del documento terminó contaminando la investigación para frustración de los padres de familia.
Ocultamiento de información y riesgo de institucionalizar la mentira
Este informe finalmente no se dio a conocer por su divulgación no autorizada. Quedó en manos del presidente López Obrador y es el que reclamaron los investigadores independientes internacionales que les fue negado.
Después de ocho años de investigar los acontecimientos de Ayotzinapa, Ángela Buitrago y Carlos Beristaín acusaron al Ejército, policías, autoridades locales y estatales, así como órganos de inteligencia del Estado de obstaculizar la investigación y construyeron una versión falsa de los hechos. “El ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden llegar a la verdad”, sostuvo el GIEI.
El presidente defendió a las Fuerzas Armadas y a la Marina, y contrario a las afirmaciones del GIEI, sostuvo que ha sido gracias a la cooperación de estas instancias que se ha avanzado en las investigaciones para hallar a los 43 estudiantes. No obstante, no entregaron toda la información, desobedecieron al mandatario, a su jefe.
¿No se atrevió el presidente a obligar a los altos mandos castrenses a abrir todos los archivos o fue una simulación? ¿AMLO es una persona bien intencionada, pero débil ante las Fuerzas Armadas? ¿El Ejecutivo sabe que hay información delicada que afecta al cuestionado ex titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos?
¿Tiene AMLO “otros datos” para usarlos políticamente?
El Estado ha fallado en la tarea de procuración de la justicia en el caso de un crimen de lesa humanidad y la impunidad sigue campante. AMLO dice que es más importante hallar a los 43 alumnos en lugar de llenar las cárceles de responsables (hay unos 115 detenidos involucrados en los hechos), espero que no esté pensando en una réplica de la Ley de Perdón y Olvido.
La defensa de López Obrador del Ejército es muy natural por la cercana colaboración de las Fuerzas Armadas en el proyecto de nación de la Cuarta Transformación y esa cercanía provoca sospechas por parte de los padres de los 43 desaparecidos, quienes siempre han señalado al Ejército en la persecución de sus hijos el 26 de septiembre de 2014
López Obrador dio la instrucción de que se fuera al fondo de lo sucedido y confirmó que se cumplirá su promesa de campaña y “se va a cumplir, porque los compromisos se cumplen”, sostuvo. El mandatario dijo que tienen información y una aproximación a lo que sucedió y quiénes fueron los responsables y en eso van a seguir avanzando.
A la actual administración le queda escaso año y medio, el presidente tiene el beneficio de la duda. Será posible que López Obrador esté esperando el momento político para dar a conocer información contundente que lleve realmente al hallazgo de los 43 desaparecidos, sería una perversidad el uso político de los datos oficiales en un caso como este.
