- Con Milei el Estado argentino será el administrador del capital
- Sus draconianas reformas chocan con el poder sindical
Juan Barrera Barrera
Javier Milei no engañó a nadie. En todo momento hizo énfasis de su proyecto de reducir al Estado argentino a su mínima expresión y dar paso al liberalismo económico según el cual el gobierno tiene mínima injerencia en la economía, y deja en manos de las fuerzas del mercado la regulación, distribución y precios de bienes y servicios.
La mayoría de los argentinos votó por la opción de un presidente omnipresente y como regalo de fin de año a sus seguidores y no seguidores, este 27 de diciembre, les mandó una mega reforma: envío un proyecto de ley con más de 650 artículos que le otorgan al Ejecutivo atribuciones legislativas en diversos temas económicos, financieros, fiscales y hasta electorales.
Bajo el manto de “emergencia pública” el anarcocapitalista pretende hacerse del poder absoluto imponiendo la llamada ley ómnibus por su extensión y variedad de temas. De un plumazo el nuevo régimen ultraderechista tiene prisa de acabar con la estructura económica, política y social de Argentina, en un congreso del que carece de mayoría absoluta.
Javier Milei advierte de paso que sus reformas estructurales le serán rechazadas tato por los legisladores como en las calles, de tal suerte que su talante autoritario o sus perros, a los que acostumbra a consultar, le aconsejaron imponer, paralelamente, endurecimiento contra las protestas sociales.
Milei perfila un gobierno dictatorial
El nuevo representante del Ejecutivo se encamina hacia la imposición de un régimen dictatorial, no obstante haber llegado por la vía democrática. Con la ley antimarchas de Javier Milei, protocolo que ya firmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pretende que cualquier “congregación intencional de tres o más personas” sea considerada una manifestación punible de hasta seis años de cárcel si llegará a impedir el libre tránsito o la provisión de servicios públicos.
Esta iniciativa del gobierno ultraderechista es una apuesta política muy arriesgada en ese objetivo de remover los cimientos de la estructura estatal que ha sido construida con base en grandes movilizaciones populares inspiradas en la filosofía de la justicia social.
Prácticamente con esta iniciativa contundente Milei inauguró su gobierno de escaso mes y medio. En el documento se advierte de que cualquier manifestación deberá ser notificada con anticipación y el Ministerio de Seguridad podrá oponerse a proponer cambios. No sólo eso, sino que los organizadores sociales deberán declarar quiénes son los responsables de las convocatorias para facilitar su identificación en caso de merecer sanciones penales. Faltaba más, nada más faltó pedirles a los movilizados que acudan al ministerio de Seguridad y se declaren culpables.
La próxima semana la ley ómnibus será debatida en la Cámara de Diputados, en donde la representación oficialista La Libertad Avanza y la oposición amigable se sobreponen a la peronista Unión por la Patria a la que le arrebataron tres comisiones para crear una nueva mayoría. Es cuestionable que la moderada Unión Cívica Radical haya sucumbido ya a las posiciones extremas de la derecha. Se augura que las discusiones serán tormentosas y conflictivas. Mientras tanto el autoritarismo de la Libertad Avanza, avanza.
La movilización contra la imposición ley ómnibus
Sin embargo, en el terreno legal el gobierno de Milei ha encontrado un fuerte dique, La Cámara del Trabajo ratificó su decisión de frenar la reforma laboral incluida en el decreto, esta vez a petición de la Central de Trabajadores de Argentina. Milei ganó la elección presidencial democráticamente, pero quiere tener poder ilimitado, absoluto, lo que supone pasar por encima del Legislativo y del Poder Judicial y gobernar por vía Decretos.
El gobierno de Javier Milei quiere convertir al Estado en administrador del gran capital. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que pretende sentar las nuevas bases de la economía en beneficio de los grandes grupos económicos, a través de la regulación. Después de frenar la reforma laboral, incluida en el DNU, la justicia de lo contencioso administrativo echó por tierra la estrategia oficial de evitar los tribunales laborales.
El Capítulo IV del DNU extiende el periodo de prueba de los trabajadores del tres a ocho meses, reduce el monto para calcular la compensación de las indemnizaciones, reduce las licencias por embarazo, maternidad y paternidad y limita hasta casi anular el derecho de huelga.
Esa será la lucha abierta para los argentinos; un proyecto izquierdista que defiende afanosamente la gestión estatal frente al nuevo liberalismo económico extremo del Javier Milei.
Las centrales obreras, pondrán a prueba las medidas represivas del gobierno al anunciar huelga general. La poderosa Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado a una huelga para el 24 de enero, como reacción inmediata al anuncio de la ley ómnibus. Es la hora de las movilizaciones. Las calles serán nuevamente el escenario propicio para mostrar músculo.
