Juan Barrera Barrera
Marcelo Ebrard Casaubon se perfila como uno de los funcionarios de primer orden dentro del ajedrez político en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en la instrumentación de la política exterior. Estará encargado de tejer fino la nueva relación bilateral con el gobierno incómodo y agresivo de Donald Trump.
Con cierta discreción pero con efectividad, el ex jefe de gobierno del Distrito Federal ha estado avanzando en esa difícil tarea de lidiar con un vecino declarado abiertamente antimexicano, pero que ha externado su reconocimiento a la figura de López Obrador y disposición a trabajar conjuntamente en temas delicados que competen no solamente a Estados Unidos y México, sino también a la región centroamericana.
Las recientes caravanas de migrantes provenientes de países expulsores de personas del llamado Triángulo Norte Centroamericano (Honduras, El Salvador y Guatemala) que atraviesan el territorio nacional para llegar a la frontera de los Estados Unidos, llamaron altamente la atención de la comunidad nacional e internacional por la gravedad del fenómeno que se ha convertido en un asunto global.
En lo interno, el éxodo suscitó discusiones de todo tipo y lo peor de todo es que afloró la intolerancia y la xenofobia en contra de estas personas, muchas de las cuales son personas forzadas que huyen de sus países de origen por la violencia y la inseguridad, porque los gobiernos locales no son capaces de otorgarles seguridad, ni trabajo, ni educación para retenerlos.
El fenómeno coincidió con la coyuntura política de transición del poder en México. El asunto migratorio tomó por sorpresa al gobierno saliente de Enrique Peña Nieto que prácticamente quedó atado de manos, pero al mismo tiempo sirvió de pasto seco para exaltar la rabia racista del presidente estadounidense Donald Trump que intensificó su campaña antiinmigrante y las presiones para que el Congreso de su país le apruebe recursos para la construcción del muro fronterizo.
Detonar el desarrollo del sur de México y CA
Por su parte, el presidente electo, en ese momento, Andrés Manuel López Obrador, asumió la cuestión migratoria centroamericana y empezó a perfilar de manera prioritaria el tema en la nueva política exterior de su gobierno que a tres semanas de instalado en el poder la estrategia empieza a dar sus primeros pasos.
Este martes el secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, presentó en la cancillería la declaración entre México y Estados Unidos sobre los Principios de Desarrollo Económico y Cooperación en el Sur de México y Centroamérica, a través del cual ambos gobiernos buscan modernizar la cooperación bilateral.
“Estamos comprometidos a promover un fuerte crecimiento económico regional, empleos mejor remunerados y mayores oportunidades para todos nuestros ciudadanos”, indicó el nuevo jefe de la diplomacia mexicana en un comunicado de la cancillería.
Estados Unidos, precisa el comunicado de prensa, recibe con beneplácito el nuevo Plan de Desarrollo Integral lanzado por el gobierno de México en conjunto con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras para promover estos objetivos. “Ambos países reconocen los fuertes vínculos entre el crecimiento en el sur de México y el éxito de la promoción de la prosperidad, el buen gobierno y la seguridad en Centroamérica”.
Este programa es complementario al Plan de la Alianza para la prosperidad de los países del Triángulo del Norte. México y Estados Unidos liderarán los trabajos con los gobiernos regionales e instancias internacionales “para construir una Centroamérica más próspera y segura, y así abordar las causas subyacentes de la migración con el objetivo de que los ciudadanos puedan construir mejores vidas para ellos y sus familias en casa”.
EU se compromete a destinar 4 mil 800 millones de dólares en cooperación y desarrollo y otros 5 mil 800 millones para mejorar la gobernanza e impulsar reformas institucionales en Guatemala, El Salvador y Honduras; en tanto que la administración de López Obrador ha prometido una inversión de 25 mil millones de dólares para los próximos cinco años en la región sur del país.
Nuevo enfoque en la política migratoria
El primero de diciembre, en el marco de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como nuevo mandatario mexicano, México, Honduras, Guatemala y El Salvador, y la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), Alicia Bárcena, firmaron en Palacio Nacional una declaración política a efecto que generen desarrollo y oportunidades a nivel local, contribuyendo a la prevención de la migración irregular y atacando sus causas estructurales.
Esta ha sido una semana en la que el tema de la migración fue el centro en la agenda del gobierno mexicano como de la comunidad internacional. En el marco de Día Internacional del Migrante (18 de diciembre) en la Asamblea General de las Naciones Unidas 152 países ratificaron el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular aprobada recientemente en Marrakech.
Solo cinco países se pronunciaron en contra de “abrumador apoyo internacional”. Estados Unidos, a la cabeza de esa minoría, junto con Polonia, Hungría, Israel y la República Checa rechazaron el texto que había sido aprobado el 10 de diciembre en Marrakech y que fue sometido a votación a petición de Washington. Otros 12 países se abstuvieron, la mayoría europeos, lo cual refleja la fuerte presión que ejercen los movimientos ultranacionalistas contra la causa migratoria.
El primer gobierno de izquierda en México dará un giro en la tradicional política migratoria, más acorde con los nuevos parámetros establecidos en la Conferencia Intergubernamental para la Adopción del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular en Marrakech, Marruecos.
El miércoles el gobierno lopezobradorista presentó el programa sexenal de migración, cuyos ejes se basan en la no criminalización de los extranjeros y el respeto a sus derechos humanos, así como en el desarrollo regional. El subsecretario de derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, enfatizó en que el nuevo gobierno hará su propia política migratoria (¿mensaje para Washington?), fundada en el derecho a la movilidad de las personas, para que esta sea ordenada, regular y segura. “Para que quede muy claramente, en pleno ejercicio, de la soberanía del país. Ese es de los giros fundamentales de la política migratoria”.
“México no será guardián de EU”
La SRE anunció que admitirá temporalmente y “por razones humanitarias” a inmigrantes deportados por EU que no son mexicanos¸ mientras aguardan el desarrollo de su proceso migratorio ante las autoridades estadounidenses, pero rechaza que acepte “un esquema de Tercer País Seguro”, en el que se obligaría a las personas migrantes en tránsito a solicitar asilo.
No pasó mucho tiempo en que Donald Trump anunciara, ayer jueves, una primera prueba para la administración obradorista, que EU pronto empezará a mandar de vuelta a México a personas que crucen su frontera de manera ilegal para que esperen en México mientras se procesan sus casos. El mandatario estadounidense aún no se ha pronunciado sobre el llamado Plan Marshall para Centroamérica, pero sigue insistiendo en que México ya está pagando el muro fronterizo luego de la firma del nuevo acuerdo comercial.
El gobierno de López Obrador está apostando demasiado a ese proyecto de desarrollo en el sur mexicano y Centroamérica. AMLO ha sido muy cauto en su relación con Trump y ha optado por una relación de respeto y cooperación, pero sabe de las reacciones extremas, contradictorias e irracionales de su homólogo.
Hay dudas razonables sobre los posibles riesgos de que México caiga en las redes de Trump y termine convirtiéndose en un guardián de los EU y que el plan de desarrollo para el sur de México y Centroamérica se convierta en una mala copia del fracasado Plan Puebla Panamá de libre comercio desde Panamá hasta los Estados Unidos. Pero si logra el éxito esperado en el corto plazo, la imagen de López Obrador se agigantará a nivel latinoamericano.
