Juan Barrera Barrera
Contra todas las peticiones y sugerencias de no tomar posesión, y en medio del repudio internacional, este jueves Nicolás Maduro Moros asumió por segunda ocasión la presidencia de Venezuela, un país devastado en todos los órdenes y al borde del colapso, que lo mantendrá en el poder hasta el 2025.
Maduro se mantiene en el Palacio de Miraflores enfrentado con el Grupo de Lima integrado por Canadá y trece países latinoamericanos y caribeños, que el viernes pasado sus cancillerías, con excepción de la de México, pidieron al presidente venezolano no asumir su segundo mandato y que transfiera el poder a la Asamblea Nacional para que se convoque a nuevas elecciones.
Los diplomáticos argumentan que “el proceso electoral llevado a cabo el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías ni estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente”, por lo tanto no reconocen la legitimidad del nuevo periodo presidencial del nuevo régimen.
México desempolva la doctrina Estrada
Ayer, la Organización de Estados Americanos (OEA) acordó en una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente celebrada en Washington “no reconocer la legitimidad” del segundo mandato de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y ha llamado a que se celebren nuevos comicios con observación internacional.
Con 19 votos a favor, seis en contra, ocho abstenciones, entre ellas la de México, y una ausencia, el Consejo Permanente de la OEA acordó no reconocer la legitimidad del régimen del periodo de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019. El embajador Samuel Moncada, calificó la reunión como “un acto hostil e inamistoso” y que no reconocerá la decisión del bloque regional. Ayer el gobierno de Paraguay rompió relaciones diplomáticas con Caracas.
La juramentación de Maduro sirvió para que el nuevo gobierno mexicano fijara el eje de su política exterior, que se basa en la vieja doctrina Estrada de No intervención en asuntos internos de otros países. Tanto el jefe de la diplomacia mexicana, Marcelo Ebrard, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, defendieron ese principio constitucional, que no siempre se ha cumplido, ya que México ha sido parte activa y decisiva en la solución pacífica de conflictos armados en países como Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Lo mismo ha repudiado gobiernos militaristas como el de Argentina en los años setenta.
En la Declaración de Lima del viernes 4, los países del Grupo no pedían intervención alguna en Venezuela, como lo afirma el gobierno de Caracas, solamente le pedían a Maduro no asumir la presidencia en las condiciones antidemocráticas mediante las cuales fue “elegido por el pueblo” venezolano.
México no debe ser pasivo ante un régimen totalitario
El régimen de Maduro ha transgredido todas las reglas democráticas y constitucionales para mantenerse en el poder. Ha gobernado a través de métodos exclusivos de las dictaduras militares. Desconoció a la Asamblea Nacional constitucional y a la Fiscalía, y creó una Asamblea Nacional Constituyente con sus bases y gente de su círculo cercano y prácticamente sin oposición, y su gobierno ha violado sistemáticamente los derechos humanos de la población. Maduro tiene controlado al poder judicial y a todas las instituciones del Estado venezolano.
En su relación con el gobierno de Washington y de Caracas México ha enviado señales de que su política exterior se basará en el aislamiento internacionalmente, lo que será un grave error, sobre todo cuando México requiere de apoyos diplomáticos en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump sigue su embestida contra México por el tema migratorio.
México está adherido a la Carta Democrática Interamericana que precisa que “Los pueblos tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación y adoptar las decisiones que estime convenientes.
Maduro y su gobierno ha quebrantado el orden constitucional de Venezuela y los gobiernos de la región no pueden cerrar los ojos ante las atrocidades que ha cometido el régimen totalitario de Maduro a la población opositora. Ningún gobierno puede pedir una intervención extranjera para reconstruir al país, pero si condenar y presionar para que Maduro abandone el poder, en el que pretende mantenerse por un largo periodo.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dice no desconocer la realidad venezolana de violaciones constantes a los derechos humanos, de los derechos políticos de la oposición y muchos etcéteras, mismos que merecen una posición más firme del gobierno de la cuarta transformación con relación al régimen de Maduro¿O se está del lado del pueblo o se está del lado de un gobierno ilegítimo y represor?
