Juan Barrera Barrera
Este martes el Congreso de Baja California declaró la validez de la reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución local que amplía de dos a cinco años el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, del Movimiento de Regeneración Nacional. En una sesión extraordinaria a puerta cerrada y fuera del Congreso del estado, 13 diputados, de 26, validaron formalmente la medida.
Después de la elección la mayoría de los legisladores, en la que los morenistas son minoría, decidieron trasgredir la normativa de 2014 que establece la elección de gobernador para dos años, los principios democráticos, vulnera la voluntad de los electores y de pasó le dan un raspón a la figura presidencial, a su partido y al gobierno de la 4-T.
La acción inconstitucional de los legisladores locales exhibe al próximo gobernador como un político ambicioso, pues antes de la elección había intentado, sin resultados para sus aspiraciones políticas, echar atrás la normativa del 2014 que establece que la elección para gobernador sería para un periodo de dos años con el fin de empatar la elección local con la federal del 2021.
A pesar de que la mayoría de los diputados (21) que votaron por la ampliación del mandato gubernamental hasta el 2024, sabían de la jurisprudencia sobre el tema, pero soslayaron que la aprobación de la reforma no sólo causaría malestar social y político, sino que lloverían demandas de todo tipo, empezando por la promoción de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que se publique la modificación, y hasta la desaparición de poderes en el estado, como lo ha planteado el diputado Porfirio Muñoz Ledo.
Jaime Bonilla, un ambicioso político
Entonces, de ser así ¿por qué los diputados bajacalifornianos se aventuraron para favorecer las ambiciones de Jaime Bonilla? Y aquí cabe retomar las declaraciones, en mayo, del coordinador de los diputados y dirigente estatal del PRI, Benjamín Gómez Macías, quien afirmó que funcionarios federales y Alejandro Miramontes, director de aduanas en Rosarito, les ofrecieron hasta un millón de dólares por votar en favor de la ampliación del mandato. El 8 de julio su voto fue a favor.
De ser cierta la versión de Gómez Macías ¿estamos ante un caso de corrupción? ¿quién o quiénes aportaron los cuantiosos recursos para una causa que se antoja legalmente perdida? ¿Bonilla Valdez realmente estaba seguro de que no provocaría el enojo social y político por sus ambiciones políticas? ¿vale la pena iniciar una investigación judicial?
La aprobación de la llamada “Ley Bonilla” le pega directamente a Morena, puesto que además de que el empresario fue su candidato es amigo del presidente Andrés López Obrador, que por cierto ha tenido una reacción muy tibia frente a ese agravio a la democracia y a los electores bajacalifornianos, al estado de derecho.
AMLO no opina y genera sospechas
El presidente prefiere no opinar y dejar la última palabra a los tribunales (el caso Puebla si fue muy comentado por) y solo lanza los calificativos de traidores a los panistas que según él promovieron los cambios constitucionales y son los que más se quejan.
Pero ayer por la mañana se dio a conocer un audio en el que el dirigente del PAN, Marko Cortés, ventiló que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Yeidckol Polenvsky, dirigente de Morena, le pidieron, en enero, apoyará la extensión del mandato, aunque la elección estaba aún lejana. La consejera electoral, Paola San Martín igual había denunciado intentos por cambiar la constitución local para el miso propósito. Entonces el único que no estaba al tanto de la causa Baja California es el presidente.
Pero cabe recordar que el pasado 8 de julio, el diputado local Víctor Manuel Morán Hernández, integrante del grupo parlamentario de MORENA, fue quien presentó ante el Pleno del Congreso de Baja California una iniciativa que proponía ampliar el periodo del mandato del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez.
En tiempos de Carlos salinas de Gortari, el gobernador interino de San Luis Potosí, Gonzalo Martínez Corbalá, intentó alargar su estancia en la gubernatura por la vía electoral (la de Bonilla sería una suerte de reelección en automático). La intentona política no prosperó por las sospechas que despertó sobre las verdaderas intenciones del mandatario que quería medir el pulso de los mexicanos en el tema de la reelección y la tentación de ampliar el periodo presidencial, y dado los resultados Salinas decidió no agitar las aguas.
Posiciones políticas razonables y ocurrencias
Dos funcionarios de primer nivel de la administración federal, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el subsecretario, Alejandro Encinas, contrastan con la posición presidencial, quienes estiman que hubo una alteración del orden constitucional de parte de los promotores de esta reforma, es decir, de todos los partidos, como lo precisa Encinas en su artículo publicado el martes en El Universal .
En cambio la posición de Yeidckol Polevnsky, dirigente formal de Morena, es de pena ajena cuando trata de justificar la modificación constitucional de los diputados bajacalifornianos para beneficiar a Bonilla Valdez, al afirmar, en la W Radio la semana pasada, que la ampliación del mandato de Jaime Bonilla ocurrió porque la gente de Baja California así lo pidió. «La gente dice el primer año, en lo que todo mundo se acomoda, no funciona, y el segundo ya están viendo quién sigue… La gente está cansada de tanta elección y yo creo que eso tendría que cambiar». No, bueno.
Jaime Bonilla, en su defensa, acusa que nadie sabe la verdadera situación jurídica en la que se encuentra la entidad y que lo que único que hicieron los diputados locales fue corregir la reforma de 2014, ya que en ese año los ayuntamientos no fueron notificados de los cambios como establece la ley.
La actual legislatura de Baja California es de mayoría panista, Morena solo tiene tres diputados que también votaron a favor de la “Ley Bonilla”. Las dirigencias del PAN, PRI y PRD han anunciado que habrá consecuencias estatutarias contra sus legisladores, algunos ya renunciaron para evitar la expulsión, pero Morena no ha dicho nada sobre si sus representantes rendirán cuentas.
Los diputados locales reformistas no solo rechazaron e ignoraron, sino que desafiaron el exhorto que la semana pasada les hizo el Congreso de la Unión para que retiraran su reforma, a fin de evitar un enfrentamiento entre la Federación y el estado de Baja California, pero la crisis política en lugar de disminuir sigue creciendo.
Baja California contaminaría relevo en Morena
El escenario norteño tan ha impactado en el ambiente político nacional que reavivó la discusión en torno a la no reelección y al representante del Ejecutivo a reafirmar su desacuerdo con la reelección y que no piensa en alargar su mandato y aprovechó para insistir a los diputados a que aprueben la revocación de mandato. AMLO pide que no lo involucren en el caso bajacaliforniano, porque no tiene nada qué ver y pasó el balón a Olga Sánchez Cordero.
Baja California se presenta en los momentos en que Morena atraviesa por un periodo de recomposición interna en la que se elegirá nueva dirigencia nacional (en tres semanas habrá convocatoria) y en la que Polevnsky buscará la reelección frente a Bertha Luján, Mario Delgado y Alejandro Rojas Díaz Durán y la “Ley Bonilla” podrías contaminar el ejercicio democrático interno del partido en el poder.
El ambiente político y económico es aprovechado no sólo por los críticos de AMLO, sino por la derecha que está al acecho de las acciones del gobierno federal y de los errores que el presidente pueda cometer para seguir desacreditándolo.
La confrontación del Ejecutivo con un sector de la prensa no ayuda realmente a crear un ambiente más “sano”, toda vez que le ha exigido a los periodistas que apoyen la transformación que encabeza, como en el pasado lo hicieron “todos los buenos periodistas”.
Otra vez la división entre buenos y malos o la versión bíblica de “o estás conmigo o estás en mi contra”. Se puede estar de acuerdo o no con algún proyecto de nación, pero no por mandato. La prensa militante no le sirve a la sociedad. La prensa o más preciso, los analistas pueden reconocer aciertos del poder, pero nunca dejar de cuestionarlo.
