Tijuana, Baja California.– La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz de su comisionado para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, se congratuló por la suspensión definitiva contra la expropiación del Club Campestre de Tijuana y aseguró que es una muestra de que prevalece el estado de derecho.
“Las medidas anunciadas por el Poder Judicial generan certeza a la propiedad privada y dan certidumbre jurídica a los empresarios para que sigan invirtiendo en el país”, agregó.
Destacó que al otorgar la suspensión definitiva contra la expropiación del “pulmón” más importante de Tijuana, el Estado Mexicano cumplió con los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y evitó dejar a cientos de trabajadores en el desamparo y sin empleo durante la pandemia, tal como lo pretendía hacer el Gobernador Jaime Bonilla.
“El Estado debe garantizar los ingresos a favor de los seres humanos y no dejarlos en el desamparo, fomentado el apoyo a la micros, pequeñas y grandes empresas”, enfatizó.
Gutiérrez Yáñez afirmó que este tipo de resoluciones ayudan a fortalecer el Derecho de Propiedad a particulares, y el Estado de Derecho, ambos generadores de estabilidad, armonía y paz social.
Señaló que la Administración Pública en México no debe manejarse con ocurrencias y generar gobiernos tercos, que sólo fomentan elefantes blancos y no ayudan al pleno desarrollo del ser humano.
Afirmó que los gobiernos de América Latina deben generar un equilibrio en el ejercicio público y no romper de tajo con la estabilidad social, por lo que se congratuló con esta resolución.
Exhortó a la gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila, evitar gobernar con una visión totalitaria, sino con un enfoque donde participen todos los actores y se busque el desarrollo de las nuevas generaciones.
