Los efectos en la economía del Poder Judicial
Mario Sandoval Chávez
El presupuesto para el año 2023 considera 80 mil millones de pesos para el Poder Judicial. El Poder Judicial está conformado por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los Tribunales de Circuito, los Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal.
Es decir, en ese presupuesto no está la FGR ni tampoco están los 32 Tribunales de Justicia de cada entidad y sus Fiscalías, los cuales en 2022 fueron superiores a los 300 mil millones de pesos. Destacando que hay entidades como la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, que superan 5 a 1 el presupuesto asignado a estados como Chiapas, Oaxaca, o Guerrero.
¿Ese presupuesto los hace más autónomos e independientes de poderes políticos o económicos?, ¿La percepción de impunidad es menor para la ciudadanía?, ¿El costo del poder judicial tanto federal como de los estados está relacionado con la justicia, expedita y gratuita? y ¿qué rendición de cuentas por sus resultados judiciales tienen el poder judicial federal y el de las 32 entidades del país? Ahora bien, es mucho o es poco lo que nos cuesta a TODOS los diferentes poderes judiciales en México.
Tan solo la SCJN es dos veces más costosa que la Corte Suprema en USA, tres veces mayor que la de Canadá, Alemania, España y ya no se diga con Latinoamérica. Ese costo mayor tiene que ver con la infinidad de recursos de impugnación que se tramitan en México, así como costosas instalaciones, los magníficos sueldos y prestaciones que se les otorga en nuestro país, sin embargo, los resultados no son los esperados.
Los tiempos procesales en la corte, en la justicia federal y en los tribunales de los estados, son excesivos y sin consecuencias para los responsables, sus Leyes Orgánicas no sancionan el incumplimiento en tiempos procesales, basta con que señalen causas de excesivas cargas de trabajo o demás argumentos evasivos para no cumplir con lo establecido en los códigos de procedimientos ya sea civiles o penales. Una cosa es la autonomía y la independencia de poderes y otra que sus resultados y responsables tengan rendición de cuentas pública.
Cuántos asuntos se inician (civil, laboral, familiar, penal) por año, cuántos se resuelven con sentencia definitiva cada año, cuántos asuntos se ejecutan con sentencia cada año, cuántas sentencias son impugnadas (apelaciones, amparos), cuántas sentencias son revertidas cada año. Son métricas, estadísticas que hoy no son públicas, pues exhibiría la ineficacia judicial en el país y su alto costo económico.
La carrera judicial en México no exige experiencia cómo abogado litigante (el que se enfrenta a otro en juicio), por lo que haciendo carrera judicial interna en los juzgados, en la academia o en las consejerías jurídicas se puede aspirar a las posiciones clave en nuestro país. Adicional a ello la cercanía política con los titulares del ejecutivo federal o de los estados, les da amplias posibilidades sin haber litigado de manera activa.
Si bien la teoría, la investigación, la argumentación teórica son relevantes, la práctica hace al maestro ese elemento de litigar, de estar en la práctica del derecho activo, de promover las demandas, de contestarlas, de impugnarlas, de generar los emplazamientos, las ejecuciones es una sensación única, para identificar las buenas y las malas prácticas y eso no se aprende en las aulas y en el confort de las instalaciones del poder ejecutivo o judicial.
El Presidente de la República ya señaló que no promoverá una Reforma Judicial, en breve habrá una nueva o nuevo Presidente de la Corte en México. No necesariamente se debe promover una Reforma Judicial, sin embargo, actualizar en específico al cumplimiento de los tiempos procesales establecidos en el Código de Procedimientos Civiles y el Código de Procedimientos Penales.
De tal forma que los asuntos no se mantengan sin resolución en los términos que establece la ley, esto ha provocado carpetas de investigación en materia penal abiertas indefinidamente y sin sentencia definitiva, lo mismo al incumplimiento de laudos laborales sin solución para el trabajador, o el desfase y retraso de ejecución de sentencias en materia civil ya con firmeza procesal. Por ello la necesidad de métricas y estadística públicas, que midan el desempeño y responsabilidades de ministerios públicos, y personal judicial clave en diferentes materias de la justicia mexicana.
Lo anterior ha afectado a la economía en diferentes ámbitos, en la inversión empresarial porque genera incertidumbre, toda vez que el cumplimento de obligaciones se vuelve un proceso largo e incierto, lo cual provoca menos impulso y oportunidades de desarrollo. Menor financiamiento a la cadena productiva y menor inversión en bienes de capital.
En el tema inmobiliario, que serían controversias de arrendamiento o juicios especiales hipotecarios, son asuntos que se resuelven a largo plazo que afectan la inversión para inmuebles para renta. Pondré un ejemplo, en California o Texas, el incumplimiento de la renta da margen para que al quinto día se desaloje forzadamente el inmueble, un juicio hipotecario se da un margen de 90 a 180 días y si se incumple se desaloja forzosamente al concluir el plazo. Este tipo de contrastes refleja lo que estamos dejando de hacer para dar seguridad jurídica, desde luego dar un margen racional de arreglo, pero no ir a los excesivos plazos que a la justicia mexicana se toma para resolver los asuntos inmobiliarios.
En materia laboral, pese a la reforma laboral, ésta sigue siendo una utopía, pues existen cientos de miles de laudos en el país sin ejecutar por falta de interés y saturación por los lentos procesos en materia laboral. Esto genera desanimo en las personas que no ven que sus asuntos laborales se resuelvan en tiempo, afectando su economía familiar e incluso sus estabilidad familiar y personal.
En materia familiar, el incumplimiento de pago de pensiones es otro factor no resuelto, no hay estadística al respecto y por lo tanto el incumplimiento se percibe más como violencia de género que de cumplimiento de obligaciones económicas después de asuntos resueltos.
En materia penal hay una población superior a 200 mil personas detenidas en reclusorios federales y del fuero común, el 50% no cuenta con sentencia definitiva, miles de asuntos sin sentencias por más de 5 años. Toda esa población tiene un costo promedio por detenido superior a los 30 mil pesos mensuales (instalaciones, personal, comida, seguridad, etc.). A excepción de políticos en desgracia de cada sexenio o personas vinculadas al narcotráfico o negocios que resultaron mal en el capitalismo de compadres, pero que cuentan con recursos económicos para impugnar y atender sus asuntos y salir en libertad argumentando motivos de salud o por edad avanzada, sin embargo, hay miles de personas detenidas con las mismas condiciones, salvo que no cuentan con apoyo político y económico e incluso mediático.
El Poder Judicial, el Federal y el de las 32 entidades, deben ser factor para apoyar a la economía, que la percepción de impunidad y lentitud procesal, no sean elementos para inhibir la inversión privada y para generar oportunidades de empleo. El Estado de Derecho impulsa la formalidad laboral y la inversión productiva. Por lo tanto, citando a las más relevantes, la SHCP, la Secretaria de Economía, la Secretaria de Gobernación, la Secretaria del Trabajo, deben impulsar al legislativo para modificar los Códigos respectivos, homologar procesos de colaboración interestatal más eficientes y oportunos con tecnología (exhortos, oficios) para exigir al Poder Judicial en general eficiencia, la trasparencia y rendición de cuentas con métricas de gestión judicial y estadística que deben ser incluidas con transparencia y claridad en el INEGI.
Desde luego que son temas en los que se puede generar un amplio contenido, sin embargo se pretende una reflexión simple sin el uso excesivo del leguaje jurídico, sino del uso de elementos y lenguaje sencillo que apoyen la reflexión objetiva, seguir como vamos con una apariencia de modernidad judicial y de tolerancia el nepotismo y a la corrupción que el mismo ministro Presidente de la SCJN ha reconocido, son elementos que no serán fácil modificar sin la participación de todos, al final el costo nos afecta en el ámbito económico empresarial y personal.
@MarioSanFisan
CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios.
Ex Presidente Nacional AMFE
