Revolución Financiera en México
Mario Sandoval
La competitividad financiera en México tiene dos versiones: las de los grandes bancos extranjeros que reportan excelentes resultados en nuestro país, pero que sus áreas económicas son escépticas y exigentes sobre el rumbo económico que llevamos, lo cual refleja dos visiones. Por otra parte, un sector financiero no bancario que pasa por problemas de fondeo y liquidez que ha llevado a instituciones de buen tamaño (Crédito Real, Unifin, por citar a las más grandes) a entrar en esquemas especiales de arreglo con sus acreedores.
La realidad es que el crédito productivo es bajo para las pymes a excepción de grandes corporaciones, no hay tal oferta más allá de dientes para fuera; la oferta está en el consumo, tarjeta de crédito, personales y nómina, en donde el abuso de las tasas de interés no es bueno para el mercado financiero, ya que lo hace tóxico y mañoso.
De la banca de desarrollo mejor ni hablar, no está en el mapa para las pymes, su enfoque como impulsor de crecimiento hace décadas se perdió y pues no se ve que en el corto plazo vayan a cambiar; se atragantaron de problemas con créditos corporativos alejándose de su objeto de negocio para la pequeña y mediana empresa.
No tengo duda de que en México habrá una revolución financiera, no solo por los participantes y los nuevos Fintech, sino porque el mercado financieros va a exigir nuevas condiciones. Increíble que no se haya dado antes pero la oferta actual no es atractiva ni en precio, ni en calidad, la eficiencia y rentabilidad no es por competitividad, sino por altos margen en crédito en todos los productos, con respecto a lo que pagan en depósitos y a las comisiones que se cobran por a la prestación de servicios.
En el México actual, en cualquier ciudad grande o pequeña donde se resida, siempre va a tener diversas necesidades financieras, para lo cual tiene que buscar opciones para solucionarlos. Con la crisis económica de la pandemia y la limitada liquidez en los mercados, son factor y problema que afecta a la gran parte de la sociedad mexicana en sus diversos estratos económicos, los efectos negativos llegan a las empresas y familias, ante ello, recurren soluciones diversas y a otras en busca de créditos.
En la actual oferta financiera debe perfeccionarse obligadamente mediante los títulos y operaciones de crédito, los contratos mercantiles y los concursos mercantiles. Para ello los acreedores privados y las instituciones de crédito, lo que ha generado actualizar leyes y códigos que deben aplicarse en ámbito legal y financiero. Además de reguladores que deben vigilar la equidad y la aplicación de la legalidad, situación que en nuestro país tanto la CNBV y Condusef no llevan con eficiencia y se van a los extremos como comentaremos más adelante.
La necesidad económica creó las figuras de una persona o una empresa (deudores) para resolver sus necesidades de crédito, hace que a acudan a acreedores (bancos y entidades financieras no bancarias) para solicitar un crédito, lo cual da inicio a una operación de crédito. El acreedor, hace firmar al deudor un título de crédito, en el cual van inmersos intereses legales y convencionales; estos últimos en ocasiones por la falta de pago oportuno se vuelven moratorios, los cuales en especial al crédito al consumo (tarjeta de crédito, personales y nómina) se vuelven usurarios a favor del acreedor, que explota al deudor (explotación del hombre por el hombre).
Este abuso ha sido erradicado por normas nacionales e internacionales, emitido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, confirmado por nuestro gobierno; que deben ser aplicadas por órganos jurisdiccionales a favor del deudor con base en el principio de protección de los derechos humanos. Para ello anexo a continuación la liga de consulta del semanario de la (SCJN) Suprema Corte de Justicia de la Nación del año 2017.
Semanario Judicial de la Federación (scjn.gob.mx)
“Está prohibido el cobro de intereses excesivos o desproporcionados pactados en un pagaré, sin importar si se trata de intereses ordinarios o moratorios, ya que en ambos casos se configura la usura”.
Ahora bien, pese a ello, en México esa práctica no desparece y por increíble que parezca son tasas promedio mensuales del 10%, que anualizadas son del 120%. Lo que hace injusto la relación, si bien hay consentimiento entre las partes al inicio, esto se da forzado por la necesidad y la urgencia de personas y empresas. Que ha hecho la CNBV y Condusef para prevenir el tema: NADA.
Ahora bien, cuando los asuntos llegan a tribunales y se invoca la tasa de usura, el juez dará la razón al deudor, el tema es que llegar a esas instancias no se da en el crédito al consumo y cuando son empresariales son litigios de mínimo 5 años en promedio, donde es a la inversa, se genera el LUCRO patrimonial en contra de los acreedores financieros, no hay capital que aguante los problemas judiciales eternos en México.
Por lo tanto, justicia que no es expedita no es justica. Lo cual genera abusos contra los deudores de nómina, personales y tarjeta de crédito o bien abusos de deudores morosos en créditos comerciales, que aprovechan de la burocracia e ineptitud procesal de los juzgados civiles y mercantiles en México. Todo ello encarece el crédito y la competitividad.
Los abusos de instituciones de crédito, como es el caso de grandes marcas comerciales con cobertura en todo el país (por todos identificadas por el protagonismo de sus dueños y sus vínculos con el poder), que ahora también son propietarias de bancos comerciales, otorgan créditos con intereses convencionales desproporcionados, lo cual es un detrimento patrimonial severo para las familias que afecta a todo el país. Vives el momento y tienes deudas eternas impagables o que bien son subsidiadas por los clientes que pagan. Es decir, subo el precio para cubrir mis créditos morosos.
En la Condusef no hay una adecuada gestión de los contratos marco de adhesión que las instituciones de crédito deben enviar para regular el tema de tasas usureras, ese sería el primer filtro, pero no lo hace, pues no son financieros sino supervisores por cercanía con el gobierno en turno. Mismo caso para la CNBV, supervisión por acoso sobre regulatorio, más que por eficiencia y gestión competitiva de los intermediarios financieros, lamentablemente esta administración, al igual que las anteriores, solo da espacio a funcionarios afines políticamente y no por antecedentes y resultados probados en el sector financiero.
Si hicieran mejor su trabajo, tendríamos mayor competitividad, portabilidad de crédito en mejores condiciones en todos los segmentos, contratos menos ventajosos y opacos. Así mismo en los créditos empresariales e hipotecarios, la participación de estas autoridades financieras, incluida la SHCP, buscan acuerdos para dar celeridad y especialización con el poder judicial, el cual sigue subido en su ladrillo de superioridad emocional y jurídica, lo cual es parte del severo problema de no tener mayor oferta al crédito productivo competitivo, pues un asunto que se va al ámbito judicial, es un limbo de costo y burocracia, que por décadas el sector financiero público y los poderes ejecutivo y legislativo, no han querido tocar la supuesta autonomía con el poder judicial inepto que tenemos en México.
Lo anterior no lo señalo por apasionamiento de un columnista sin práctica profesional en el sector financiero, los que saben del tema de recuperación de créditos empresariales en México entienden perfectamente este argumento.
La Secretaria de Hacienda estima un crecimiento de la economía en 2022 con un rango de entre 2.7% y 3%, con un verdadero estado de derecho para el sector financiero ese crecimiento se potencializa.
La propia Secretaria de Hacienda estima el cierre del dólar a 20.20 pesos por dólar, con una tasa de cetes promedio del 9%, con una inflación anual en 8.4% para 2022. La Secretaria de Hacienda refiere tres pilares clave; 1) Finanzas Públicas Sanas; 2) Conservar la deuda en trayectoria decreciente y 3) Incrementar la recaudación Fiscal mediante acciones concretas y activas contra evasión y elusión fiscal.
En mi opinión el no integrar un sector financiero competitivo menos concentrado y monopolizado en 5 o 6 jugadores en precio y productos, le genera mayor lentitud de crecimiento a México y a su desarrollo regional integral y no solo a las capitales de los estados, sino a las plazas medias y pequeñas para que se integren en el nearshoring que será clave para el país y sus tratados comerciales.
La Constitución, leyes y códigos locales, así como los tratados internacionales en materia civil y mercantil, deben privilegiar la protección a las personas y empresas, por lo que los órganos de gobierno del Estado mexicano deben ser los garantes de los derechos fundamentales de deudores y acreedores.
