Una reforma financiera sin soporte judicial
(*) Mario Sandoval Chávez
Hace 10 años, en el año 2013, se aprobó la Reforma Financiera impulsada en ese momento por el expresidente Peña, al cual incluso se le daba portada con el título de México Time. Como el impulsor del cambio en temas estratégicos en materia de inversión. Bueno la realidad fue otra.
En la citada Reforma Financiera que involucraba el tema judicial, destacaban las figuras de la radicación de personas y la retención de bienes, con lo cual se modificaban el Código de Comercio y el Código Penal. Lo anterior por las malas prácticas y burocracia procesal que en ese momento se consideró serían un efecto para desistimular la cultura de no pago.
De esta manera en teoría las Instituciones Financieras podrían recuperar sus préstamos y evitar el ocultamiento de los deudores y la dilapidación o disposición de los bienes objeto de garantía o embargos.
Las modificaciones al Código de Comercio, buscaban también crear condiciones favorables en plazos y costos para acceder al crédito por parte de personas y empresas, así como en caso de incumplimiento de pago la ejecución de las garantías, otorgando mayor certeza a los acreedores y deudores que participaran en un contrato de crédito y la recuperación de los recursos.
Se establecieron en la citada Reforma Financiera reglas contra prácticas abusivas hacia el cliente, ello para evitar cláusulas engañosas o el pago creciente de intereses, así como prohibir ventas atadas en productos financieros. Aunado a ello con la Ley se creó el buró de entidades financieras, el Sistema Arbitral en Materia Financiera.
La ley autorizaba a los clientes a transferir sus créditos de consumo a otra entidad financiera o sus operaciones bancarias a otro banco.
Se otorgó con la Reforma Financiera mayor margen a la Banca de Desarrollo para que ampliará el mercado de crédito en especial a las MiPymes y pequeños productores agropecuarios, reglas de transparencia en los procesos de quiebra bancarias, obligar a las Instituciones Bancarias a limitar inversiones en valores gubernamentales para que asignaran más capital al mercado de crédito.
Se han cumplido 10 años, de la teoría a la realidad que ha sucedido, que ha funcionado y que sigue siendo materia pendiente sin beneficio especifico al mercado.
En el año 2013 el porcentaje de financiamiento en México con respecto al PIB era del orden del 25%, al cierre del año 2022 es del orden del 33%.
Los países desarrollados andan en el orden del 150% de su PIB, pero si lo comparamos con Latinoamérica la media es del 60% y sobresalen Chile y Brasil con el 80% de su PIB.
En el reporte de la banca Comercial al cierre de 2022 de manera global el crédito creció sólo en un 5% anual, pero sus utilidades fueron superiores al 50%, así que no hay crédito y en especial productivo. Sin embargo la rentabilidad es excelente destacando para los grupos extranjeros que tienen 70% del negocio con 5 instituciones dominantes. Su negocio está en las altas comisiones y cuidar el riesgo de administrar buenos portafolios en segmentos cerrados. La inclusión es una ilusión.
Muy distante aún de las expectativas creadas con la Reforma Financiera, el crédito se ha orientado principalmente a sus portafolios de consumo e hipotecario y su mayor volumen en monto al crédito corporativo, gubernamental y grandes empresas.
No así para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y a los pequeños productores agropecuarios. Este sector de la economía mexicana son el 98% de las unidades productivas (más de 4 millones de MiPymes a nivel nacional) Estas aportan el 55% del PIB y el 80% del empleo. Pero reciben menos del 5% del financiamiento con respecto al PIB.
La citada Reforma Financiera incumplió, en estos 10 años y aún con pandemia y cambió de administración en la práctica Financiera y Judicial, los resultados han sido muy pobres. La realidad también es dura para entidades financieras que han tenido que cerrar su operación o entrar en negociación con acreedores porque la citada Reforma en el ámbito Judicial es un limbo de argumentos y hechos jurídicos que no resuelven la problemática.
La actual administración tampoco ha hecho una buena labor en el sector financiero, la Banca de Desarrollo no tiene buenos resultados y su participación se aleja de los sectores productivos y solo se enfoca en programas sociales.
Pero está distante del objeto para el que tiene su mandato en especial de fomento de crédito productivo, hoy es agencia de colocación del sector público financiero, la improvisación y el discurso a modo son parte de la estrategia de los gobiernos mexicanos en los últimos seis sexenios y se descuida esa función fundamental para la economía interna y generar actividad económica en las regiones del país.
Con analizar la opacidad en la información en especial en cuentas de orden y los malos resultados que reportan, reflejan que la Reforma Financiera en materia de Financiamiento sigue siendo un tema sin cumplir.
La Reforma Financiera está vinculada a que funcione la Reforma Judicial. El proceso para recuperar un crédito es muy largo, esto es que el sistema judicial actual es complejo, costoso, corrupto e incierto para las entidades financieras. En el caso de Estados Unidos, la ejecución de garantías no es mayor a 1.5 años, en Chile de dos años.
En México, se siguen ocultando los deudores, se dilapidan o disponen garantías y los jueces en su argumento de imparcialidad, son la mejor defensa para deudores morosos.
La Reforma Financiera establecía Juzgados especializados, debía agilizar los procesos judiciales y no detener los asuntos por años, no hay capital contable o patrimonio en ninguna Entidad Financiera que aguante el desgaste económico de liquidez y capital de trabajo que se compromete en México en el sector de financiamiento a empresas, independientemente de su tamaño.
El sistema judicial no está a la altura de las circunstancias actuales. Solo acumulan los casos y su productividad judicial es de las más bajas y costosas del continente.
La Reforma Financiera fue creada para dar certeza y estabilidad al sector Financiero y a sus usuarios. Pero los plazos para recuperar en México con los efectos pandemia, burocracia e ineptitud procesal los plazos de recuperación son ahora de 10 años.
La situación de generar un verdadero cambio, evitando corrupción y conflictos de interés que han marcado al poder judicial en México y que han impedido que funcionara la Reforma Financiera y la Judicial coincidieran en beneficio de los mexicanos y no solo de una minoría privilegiada que genera y propician las fallas en estado de derecho mexicano.
Tenemos un sistema judicial, que se ha caracterizado por burocracia, corrupción e ineficiencia, lo cual genera múltiples recursos de impugnación que en materia de amparo, se reviertan múltiples decisiones de jueces de distrito y del fuero común que no tiene consecuencia alguna por sus malas decisiones en el sistema actual.
Creo que el tema requiere debate público de altura no con opinologos que no son abogados, sino de abogados litigantes activos y constitucionalistas, ministros en retiro, donde se observe y debatan con argumentos la experiencia de profesionales que aplican la práctica contra los que defienden la teoría y ya no están en la práctica del litigio.
No hay duda que se requiere tener certeza de eficiencia judicial y generar con ello las medidas que permitan el desarrollo de México.
Este tipo de situaciones son pendientes que limitan el crecimiento económico de México, los datos duros lo reflejan y debe ser parte de las propuestas serías para aquellos que tengan intención de lograr la presidencia de este país en el 2024.
La actual administración dejo esto como materia pendiente y eso tiene consecuencias en materia de inversión privada productiva.
(*) CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios.
Ex Presidente Nacional AMFE
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