El diálogo o diferencias públicas del poder económico, político y judicial
(*) Mario Sandoval Chávez
El desarrollo económico de un país, de una región o estado, de una ciudad o pequeña población, se puede entender como el proceso donde los ciudadanos se integran para impulsar las oportunidades como personas o como empresarios o bien como grupos sociales que tienen la capacidad para atraer recursos privados y públicos que buscando el bien común desarrollan las actividades económicas en su entorno.
Los agentes involucrados para ello, son el gobierno, el legislativo, los empresarios, el poder judicial, las organizaciones sindicales y ahora también los medios de comunicación (tradicionales y medios digitales, incluidos redes sociales).
El capital humano, financiero y político busca impulsar los proyectos que mejoren la calidad de vida (Salud, Educación y Estado de Derecho).
México, es un país de 130 millones de habitantes, con 32 entidades y 2457 municipios. Es el décimo país más poblado del mundo, el décimo tercer territorio más grande del mundo, el tercer país en el continente con mayores litorales por su conexión al pacifico, atlántico y caribe. Es el principal destino turístico de América Latina y la décima cuarta economía del mundo y conforma el Tratado comercial (TMEC) más importante económicamente del mundo.
La participación ciudadana activa, es un factor esencial de eficacia, descentraliza decisiones, genera competencia sana y equilibrada. Es decir, los ciudadanos deben ejercen sus derechos constitucionales. No hacerlo significa ceder ante los cacicazgos modernos, que son supuestos liderazgos públicos, empresariales o sindicales, que no buscan el bien común, sino su bien particular y de grupos afines a sus intereses.
El desarrollo económico se activa con medios eficaces, políticas adecuadas, sistemas de participación ciudadana, financiamiento público y privados equilibrados, proyectos de investigación, desarrollo de nuevos productos y servicios, la mejora de los mismos.
Sin embargo, México a pesar de nuestras grandes ventajas, hemos generado pasividad ciudadana ante las graves fallas de las diferentes administraciones en las últimas décadas, que terminan decepcionando al ciudadano con sus hechos, así como el abuso e impunidad en que grupos afines se ven beneficiados del gobierno en turno, adicional a ello funcionarios ineptos, corruptos y abusivos de primer nivel y otros niveles, así como los brillantes líderes sindicales sempiternos (que viven como verdaderos magnates, representando a millones de sindicalizados públicos y privados que los sostienen por décadas a menos que entren en desgracia con el gobierno en turno), con la complacencia de autoridades judiciales, que se ven inmersas en corrupción y conflictos de interés.
En el último ranking publicado de transparencia Internacional, ocupamos el lugar 124 en percepción de corrupción de 180 países. Y en el caso de los 37 países que integran la OCDE somos el último lugar, así como el penúltimo lugar del G20.
De acuerdo al último reporte de CONEVAL, de los 32 estados, solo cuatro entidades tienen un muy bajo rezago social; Ciudad de México, Nuevo León Coahuila y Aguascalientes.
Sin embargo, cinco entidades con muy alto rezago social; Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla.
Así que tenemos a 23 entidades en nivel medio y bajo. El mayor desarrollo se ubica en las zonas metropolitanas y en contraste hay estados que tienen poblaciones miserables y rezagadas, provocando migración y creando nuevas zonas marginadas metropolitanas.
Por lo tanto, ello confirma que el poder económico está concentrado al igual que el poder político, ese escenario no ha logrado disminuir la desigualdad en las diferentes capas económica, por lo que el PIB per cápita está en la posición 104 global, a pesar de ser la décima cuarta economía global.
La participación ciudadana en las elecciones es fundamental para bajar el abstencionismo que es del orden del 50%, motivado por el protagonismo de personajes impresentables, por el radicalismo en redes y medios de comunicación o el oportunismo político con encuestas y salidas anticipadas de aspirantes a la presidencia y gubernaturas. Son elementos que afectan la participación en las elecciones.
Ahora en esta administración el tema es el ejecutivo quien define quienes son buenos y quiénes son sus adversarios. Con ello se han abierto frentes de debate diarios con la oligarquía empresarial, el INE, los organismos autónomos y el poder judicial, este último con excelentes sueldos y prestaciones y malos resultados sin rendición pública de cuentas. Por otra parte el poder legislativo no ha sido un factor de equilibrio para los demás actores con regulación y propuestas, sino es un agregado a las decisiones y propuestas del ejecutivo en turno.
En los hechos tenemos indicadores macroeconomicos estables. Un tipo de cambio en niveles de 19 pesos, que ha sido más por el factor de exportaciones, las remesas de migrantes y que con alta tasa de interés de referencia premia la inversión en pesos y busca contener la inflación. Esta última no cede y sigue siendo amenaza en la estabilidad y liquidez económica de familias y empresas.
El crédito en este año con las altas tasas de interés, debe ser bien razonado, en especial el crédito productivo y el hipotecario. Para la banca y el sector financiero la mala y deficiente recuperación Judicial, hace que el enfoque de negocio sea en el crédito al consumo y al cobro de comisiones.
El sector financiero público de esta administración no vio ni escucho a las pymes, ya es tarde para ello. Nafin y Bancomext tienen objetivos muy distintos a la pequeña y mediana empresa mexicana.
La SHF está al igual que FND en terapia intensiva desde hace varios años atrás, por su parte FIRA no reporta a CNBV, así que solo Banxico sabe la situación real con la inmunidad que le da la autonomía.
El Banco de Bienestar rescatado con la concentración total de cobro de comisiones de las pensiones, pues su cartera no se recuperó en tiempo y forma, por lo que cada gobierno le cambia de nombre y cada gobierno la rescata económicamente.
La interacción de los poderes debe alinearse en beneficio de la mayoría. A un año y meses de cambio de administración, deben considerarse propuestas específicas para regular con métricas públicas de gestión al poder judicial, de igual manera el sector financiero público debe orientar su gestión al mandato constitucional de fomentar el desarrollo regional empresarial. El TMEC nos obligará a ello por los acuerdos en materia energética, laboral, del estado de derecho y por el nearshoring que la frontera norte está aprovechando y que debe permear a otras regiones clave como el sureste mexicano. Ahora sí que ni para dónde hacerse sino es para hacer mejor las cosas.
(*) CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios.
Ex Presidente Nacional AMFE
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