El entorno del crédito público y privado en México
Mario Sandoval Chávez
El otorgamiento de crédito en proporción del producto interno bruto (PIB) del país, sigue siendo de los niveles más bajos de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de países comparables, incluso dentro de América Latina.
Cuando se promulgó la Reforma Financiera del ex presidente Peña, la penetración del crédito en el país se calculaba en 29% del PIB. A casi 10 años de distancia se ha logrado una participación de 34%. Misma que ha sido orientada en grandes créditos, consumo e hipotecario.
La crisis por la pandemia y las restricciones por costos ha evidenciado que no hay orientación a créditos productivos en especial a las mipymes, ni la Banca de Desarrollo, ni la Banca Comercial lo han enfocado en sus objetivos, ambos participan en créditos a grandes corporaciones, qué en el caso de la primera la aleja de sus objetivos por mandato de ley.
Banco de México con la autonomía dejó de fondear al Gobierno Federal, pero la Banca de Desarrollo ocupó ese lugar etiquetando créditos a sectores o acreditados afines, programas sexenales como ya se ha visto en los últimos 35 años.
La información financiera de las entidades financieras públicas deberían sin excepción integrarse a la supervisión de CNBV, sería el caso de FIRA (activos totales superiores a 200 mil mdp) y la ahora próxima a desaparecer Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (activos superiores a 55 mil mdp). Ambas representarían el 50% los activos torales de NAFIN a 2022.
¿Cuál es la razón por la que CNBV no supervisa y publica la información de ambas entidades financieras, si manejan recursos públicos? Porque forman parte del Sistema Financiero de Fomento, así las cosas, FOVI (administrado por SHF), FIFOMI, forman parte de este ecosistema financiero particular con recursos públicos administrados por Banco de México y SHCP en donde hay dependencia como la Secretaria de Economía, Sagarpa, tienen vínculos muy directos con el manejo de los recursos, por lo que son manejados con criterios discrecionales y de orientación clientelar sexenal.
La Banca de Desarrollo que maneja activos totales superiores a los 2 billones de pesos (11% del PIB), está enfocada no apoyar a las MIPYMES (el financiamiento que registran es del 1% del PIB con todo y Banca Comercial).
En su momento, se consideró que la reforma financiera y judicial, reactivaría el crédito, que el poder judicial en materias civil y mercantil, se organizaría con tribuales especializados y que eso apoyaría en dar certidumbre al sector financiero en su conjunto para dinamizar el crédito y esto impulsara el crecimiento económico.
Pero la Reforma Financiera no avanzó en la expectativa creada, el Poder Judicial sí bien mejoró en el ámbito federal y en algunos tribunales integraron los procesos en línea. En el año 2022 en materia civil mercantil fueron 650 mil demandas presentadas en los tribunales del país el 50% de ellos en la CDMX.
En ese grupo se integran Juicios Hipotecarios, Arrendamiento, Ordinario Mercantil, Ejecutivo Mercantil y Especiales de ejecución de garantías.
Son cerca de 100 mil empleados en el poder judicial de los estados, el 5% son jueces y magistrados. Es el llamado fuero común, solo el 30% está destinado a asuntos civiles y mercantiles.
De las demandas presentadas se resuelven menos del 5% con sentencia definitiva en el año, por lo que hay más de 3 millones de demandas en materia civil y mercantil, que no se concluyen por diversos motivos procesales y en especial por la falta de capacidad, actitud de servicio y criterio de los órganos judiciales.
Por su parte el Poder Judicial de la Federación cuenta con 50 mil empleados, de los cuales 3500 están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es de aclarar que el Poder Judicial de la Federación, cuenta con más tecnología, mejores instalaciones y desde luego mejores percepciones que los del fuero común. Los diversos recursos de amparo en materia civil y mercantil, fueron del orden de los 300 mil asuntos en el año 2022, se resuelven el 58% de ellos en el año.
Entrar un proceso de recuperación judicial civil o mercantil, conlleva que un asunto en primera instancia se resuelve en promedio en 3 años, entre recursos de apelación y amparo otro par de años y para ejecutar sentencia de remate de garantías otros procesos de 2 años. En promedio 7 años para ejecutar una demanda civil y mercantil.
No hay capital o negocio que aguante esa exposición de tiempos y costos en riesgos, por ello se va muy despacio y valorando con objetividad las garantías, en dónde y cómo están integradas y su calidad como fuente de repago.
En un país con 95 millones de adultos mayores a 18 años y con un universo de empresas y personas físicas con actividad empresarial registrados en el SAT que supera los 4 millones de actividades empresariales registradas. Es claro el potencial actual y futuro en materia de negocio financiero.
El sector financiero bancario y no bancario se ha orientado a otorgar créditos con empresas consolidadas, créditos con garantías hipotecarias seleccionadas, arrendamiento sin trasmitir la posesión de bienes o el factoraje con empresas AAA.
Sin embargo el crédito que no se recupera en tiempo y forma convenidas y tiene que llevarse a instancias judiciales, recurren según sea el caso a radicarlos al poder judicial en el país.
Debido a los largos procesos para obtener una sentencia, la corrupción y la complejidad en ejecución de sentencias sin fin. Obliga a que se tengan métricas de gestión de los Jueces, Secretarios y Actuarios con relación a su desempeño y resultados.
La semana pasada se aprobó en el Senado y se envió a la cámara de diputados el Código Nacional de Procedimientos en materia civil y familiar, lo cual obligará al uso de la tecnología, acotar los plazos, por lo que la medición y métricas de procedimientos Judiciales dan un cambio sustancial para resolver los asuntos en menor tiempo.
Hay que impulsar el cambio generacional con el uso activo de tecnología judicial y acelerar los tiempos procesales en beneficio de la mayoría que acude a resolver sus temas en tribunales locales o federales.
La Reforma Financiera, está desfasada y además íntimamente ligada a la Reforma Judicial. Con una buena aplicación de las reformas financiera y judicial, se estima que en un plazo de 5 años se podría llegar al 50% del PIB la participación del sector financiero en el crédito (la meta en 10 años seria llegar a los niveles del 70% del PIB).
Esta administración no aprovechó esta oportunidad y se ha enfocado en su homilía política diaria y en su clasificación o señalamiento de adversarios de cada día, con ello se posiciona de la agenda y no hay manera de tener el debate de altura en temas como el sector financiero y judicial.
También está semana se envió el decreto para la desaparición de la FND (cartera vencida 50% y sin operación desde hace 6 meses) y se ha señalado que fue la corrupción y el manejo de gestión. Pero se culpa a las administraciones pasadas y no se asume la propia. Sin duda que Banrural y FND han tenido rescates en cada administración federal, el problema es la opacidad, el corporativismo público y su enfoque clientelares.
De igual que el ahora Banco del Bienestar que antes fue Bansefi, son entidades que manejan recursos públicos relevantes y que cada sexenio son liquidados, rescatados o reinventados. Lo cual refleja que el sector financiero público fundamenta sus decisiones por las motivaciones políticas y no por la eficiencia operativa.
CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios.
Ex Presidente Nacional AMFE
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