El Estado de Derecho para el Sector Financiero y los Usuarios en México
Mario Sandoval (*)
En momentos en los que las empresas y las personas, presentan una serie de reflexiones sobre el futuro inmediato y lo que vendrá en los siguientes meses. Nadie está exento de esa reflexión, algunos con escepticismo, otros con un tono negativo y otros más con visión de oportunidades.
Lo que es un hecho es que nada volverá a ser igual en la forma de convivir y hacer negocios. Razón por la cual vale la pena las siguientes reflexiones.
En el año 2013 se aprobó la Reforma Financiera, en la cual destacaban las figuras de la radicación de personas y la retención de bienes, con lo cual se modificaba el Código de Comercio y el Código Penal. De esta manera en teoría las Instituciones Financieras podrían recuperar sus préstamos y evitar el ocultamiento de los deudores y la dilapidación o disposición de los bienes objeto de garantía o embargos.
Así mismo se establecieron reglas contra prácticas abusivas hacia el cliente, ello para evitar cláusulas engañosas o el pago creciente de intereses, así como prohibir ventas atadas en productos financieros, fortaleciendo para ello a CONDUSEF. Misma que ha destacado desde entonces por su inoperancia y burocracia interna.
Las modificaciones al Código de Comercio, buscaban crear condiciones favorables para acceder al crédito por parte de personas y empresas, así como en caso de incumplimiento de pago la ejecución de las garantías, otorgando mayor certeza a los acreedores y deudores que participarán en un contrato de crédito y la recuperación de los recursos.
Aunado a ello con la Ley se creó el buró de entidades financieras, el Sistema Arbitral en Materia Financiera (el cual es coordinado por CONDUSEF, lo cual lo convierte en juez y parte y no es una procuraduría, pero actúa como tal, desvirtuando el tema moralmente). La ley autorizaba a los clientes a transferir sus créditos de consumo a otra entidad financiera o sus operaciones bancarias a otro banco. También daban mayor margen a la Banca de Desarrollo para que ampliará el mercado de crédito en especial a las MiPymes y pequeños productores agropecuarios, reglas de transparencia en los procesos de quiebra bancarias, obligar a las Instituciones Bancarias a limitar inversiones en valores gubernamentales para que asignaran más capital al mercado de crédito.
Han transcurrido siete años, de la teoría a la realidad que ha sucedido, que ha funcionado y que sigue siendo materia pendiente sin beneficio especifico al mercado. En el año 2013 el porcentaje de financiamiento en México con respecto al PIB era del orden del 25%, al cierre del año 2019 es del orden del 38%. Los países desarrollados andan en el orden del 150% de su PIB, pero si lo comparamos con Latinoamérica la media es del 60% y sobresalen Chile y Brasil con el 80% de su PIB.
Crédito sesgado
Luego entonces si bien hay un crecimiento este es modesto y distante aun de las expectativas creadas con la Reforma Financiera, el crédito se ha orientado principalmente a sus portafolios de consumo e hipotecario y su mayor volumen en monto al crédito corporativo, gubernamental y grandes empresas.
No así para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y a los pequeños productores agropecuarios. Este sector de la economía mexicana son el 98% de las unidades productivas (más de 4 millones de MiPymes a nivel nacional) Estas aportan el 55% del PIB y el 80% del empleo. Pero solo reciben el 5% del financiamiento con respecto al PIB, siendo mayor el financiamiento al consumo (tarjetas de crédito, nomina, préstamos personales, crédito automotriz) de igual manera el crédito hipotecario y quienes realmente han tendió altos volúmenes de crédito son las grandes empresas, los corporativos y entidades gubernamentales.
La citada reforma ha incumplido con las actividades productivas, pues además se estimula el factoraje si es que está dentro de una cadena productiva con grandes empresas, al no estarlo se recurre al capital familiar, de nuevos socios o proveedores, por lo que el equipamiento y modernización son limitados. Debido a la liquidez y margen que genera el comercio y servicios, llegan a ser autosuficientes en el corto plazo, pero con la pandemia su futuro se complica pues el flujo de efectivo se limitó, en tanto la micro y pequeña industria y agro negocios, dependen exclusivamente de la Banca de Desarrollo o de sus proveedores.
La Banca de Desarrollo hace más de 20 años que dejo de hacer su labor, se enfocó al factoraje electrónico o garantías financieras principalmente como es el caso de Nafin y apoyar a un limitado grupo de intermediarios que califican con sus criterios, pero de manera burocrática e insuficiente. Al sector agro negocios, han sido FIRA y Financiera Rural cuya visión de crédito ha sido enfocada al periodo de la administración en turno, no con visión de largo plazo y a estimular la actividad productiva. Y en el caso de SHF se enfocó en el sector inmobiliario, con créditos puente e individuales, que son en gran porcentaje créditos irrecuperables que le han limitado desde hace dos sexenios a ser un participante activo.
Para la Banca privada la portabilidad le ha permitido estimular sus portafolios de Tarjeta de crédito, nomina e hipotecario, su cartera de negocios, esta mayormente orientada a grandes empresas o tomadores de crédito mayoristas, esto es montos mayores de créditos de 10 millones de pesos como mínimo con buenos colaterales de garantía, lo cual solo hace viable a grupos solidos o empresas con ventas anuales mínimas de 50 millones de pesos. Así que el universo se reduce a las Grandes Empresas.
Son solo datos económicos de referencia, pues influyen esquemas de razones financieras, plazos condiciones de tasas de interés entre otros. Aunque en el discurso todos dicen que apoyan a la MiPymes.
La reforma financiera no ha cumplido con la expectativa a pesar de que han transcurrido siete años de su aprobación. En especial de que la Banca de Desarrollo perdió el Know How (saber hacerlo), la experiencia y desarrollo por ejemplo de los programas de NAFIN, BANXICO y FIRA, con relaciona fondos como FOGAIN, FIDEC, FONEI o a programas específicos como FIFOMI y en su tiempo FONATUR. Todos estaban enfocados en los (70s, 80s y el inicio de los 90s) a la micro, pequeña y mediana empresa, con esquemas claros de tamaños; del número de trabajadores, actividad económica, ventas anuales y la evolución de las mismas, es decir cuánto tiempo podía ser apoyada como micro, cuanto como pequeña y cuanto como medianas empresas.
Todo eso lo dejaron después de la crisis de los 90s en un cajón y se volvieron en las últimas dos décadas en financieros de escritorio y que dejaron todo ese proceso sin actualizar e inventando el hilo negro como el factoraje electrónico o las garantías financieras cada sexenio como la función de la nueva Banca de desarrollo.
La situación difícil para todos los actores, en que no se logra superar el gran bache, es el estado de derecho, la incertidumbre para recuperar judicialmente un crédito empresarial en México. El proceso judicial para recuperar un crédito es muy largo, esto es que el sistema judicial, no se actualiza, los jueces, secretarios de acuerdos, el personal de archivo y apoyos en un juzgado civil o mercantil, salvo excepciones se caracterizan por burocracia, desconocimiento y falta de actualización con la reforma de hace siete años, se entra en un olimpo de criterios por lo que un asunto en México para obtener una sentencia en firme después de apelación, amparo, ejecución de sentencia y remate no es menor a cinco años en nuestro país. Una situación que genera que las Entidades Financieras creen reservas muy altas por las reglas de CNBV, lo cual estaría bien que estemos a la par de los países desarrollados en materia de criterios prudenciales, pero de igual manera el sistema judicial debería ser eficiente y no tardar en promedio 5 años para recuperar en el mejor de los casos un bien inmueble deteriorado y desmantelado. En el caso de Estados Unidos, la ejecución no es mayor a 1.5 años, en Chile de dos años.
Aquí en México, se siguen ocultando los deudores, se dilapidan o disponen garantías y los jueces en su argumento de imparcialidad, son la mejor defensa para deudores morosos, que son asesorados por litigantes chicaneros (tramposos y ambiciosos). La reforma establecía Juzgados especializados, pero se requiere que se ajusten a tiempos procesales oportunos, a no dejar la carga de la prueba solo en el demandante, sino a agilizar los procesos judiciales y no detener los asuntos por años, no hay capital contable o patrimonio en ninguna Entidad Financiera que aguante el desgaste económico de liquidez y capital de trabajo que se compromete en México en el sector de financiamiento a empresas, independientemente de su tamaño.
El sistema judicial no está actualmente a la altura del acceso a justicia expedita y gratuita y no pueden argumentar su consabido argumento de cargas de excesivo trabajo. Solo acumulan los casos y su productividad judicial es de las más bajas del continente.
Este enorme desgaste judicial y falta de moralidad de pago en algunos deudores de la pequeña y mediana empresa, han generado que no se active el crédito empresarial de calidad, con personal serio profesional y respuesta ágil.
Hoy tenemos en México a mujeres y hombres emprendedores, pequeños y medianos empresarios, que han resuelto a su manera sus planes de negocios, apoyándose en lo operativo con la banca (servicios de banca electrónica, inversiones, créditos hipotecarios y tarjetas de crédito o débito) pero la reforma financiera, no ha cumplido la expectativa de dinamizar el crédito accesible y competitivo.
Esos hombres y mujeres que están al pendiente de cómo resolver la situación actual, han sido padres y madres de familia responsables que se impulsan para sacar a su familia, a su comunidad, a sus estados y al país en un mejor lugar y con certidumbre jurídica, con un verdadero estado de derecho para hacer negocios de largo plazo y estables.
El Estado de derecho en el sector financiero, debe garantizar la competencia, el libre mercado, la certidumbre jurídica, el generar creatividad y desarrollo de mercados y oportunidades reales para las empresas mexicanas, el sector financiero es el cuerpo por donde fluyen las venas que activan las partes vitales del cuerpo, que es México.
La Reforma Financiera fue creada para dar certeza y estabilidad al sector Financiero y a sus usuarios. Hoy ante la situación global y del país se requiere que haya garantías de legalidad, no solo para las grandes instituciones extranjeras o nacionales, o para las grandes corporaciones privadas.
Deben existir las condiciones de legalidad en cada entidad que la forma de gestionar y recuperar crédito sea legal, con razonamiento, no solo para cobrar crédito, sino para activar la economía. Si Banco de México dio reglas para otorgar liquidez a los bancos, esta debe precisarse para orientar la oferta de manera clara a la Micro, Pequeña y Mediana empresa y estos generan 18 millones de empleos directos formales, así que un verdadero estado de derecho ágil y productivo mueve todo el circuito y no al revés. La SCJN tiene que actuar, los Tribunales federales y Estatales también. Y es hora de que estén a la par de las necesidades del país y no de sus burocracias internas, usen la tecnología, accedan a ellas y hagan en serio eficientes los procesos judiciales, ello moverá a la baja las tasas de interés y la oferta de crédito competitivo en beneficio del sector empresarial productivo. ¿Y Usted qué Opina?
Mario Sandoval (*)
CEO FISAN SOFOM ENR
Ex Presidente Nacional AMFE
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