El libre mercado con enfoque social
Mario Sandoval Chávez
La economía de libre mercado ha sido históricamente uno de los motores más poderosos para el crecimiento y el desarrollo. Basada en principios como la competencia, la propiedad privada y la oferta y demanda, ha demostrado su capacidad para generar innovación, eficiencia y riqueza. Sin embargo, en las últimas décadas ha quedado claro que un mercado sin regulaciones o sobreregulado, sin un enfoque social o ir al extremo del populismo, puede profundizar las desigualdades y fallar en abordar las necesidades fundamentales de gran parte de la población o en su caso generar déficit o desequilibrios financieros.
Este dilema ha llevado a la evolución del concepto de economía de libre mercado con un enfoque social, donde la libertad económica no se ve como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar un mayor bienestar colectivo. Este modelo combina lo mejor de ambos mundos: por un lado, incentiva la innovación, la competencia y la iniciativa privada, y por el otro, introduce políticas que protejan a los más vulnerables y aseguren que los beneficios del crecimiento económico se distribuyan de manera más equitativa.
¿Qué implica un enfoque social en la economía de libre mercado?
Un enfoque social no significa limitar la libertad económica, sino complementarla con principios de justicia y equidad. Esto se traduce en:
1. Regulaciones inteligentes: Aunque la intervención del Estado debe ser limitada para no ahogar la iniciativa privada, sí es crucial que existan marcos regulatorios que eviten los monopolios, protejan a los consumidores y promuevan la competencia justa. Además, es necesario que estas regulaciones incluyan protecciones laborales y medioambientales que no sean sacrificadas en nombre del crecimiento económico a corto plazo. Hoy nuestra realidad es más en retórica populista y una sobreregulación a sectores formales.
2. Políticas redistributivas: Una economía de mercado puede ser tremendamente eficiente, pero también es propensa a generar desigualdad si no se implementan mecanismos para redistribuir parte de las ganancias. Políticas como impuestos progresivos (políticas públicas contra la informalidad y el clientelismo político), inversión comprometida en infraestructura integral en educación, salud y acceso a oportunidades en las entidades y zonas más marginadas, pueden asegurar que el crecimiento económico beneficie a la mayoría, no solo a grupos privilegiados.
3. Fomento de la inclusión: La economía de libre mercado con enfoque social debe buscar la inclusión de todos los sectores de la sociedad. Esto implica garantizar el acceso a recursos básicos como la educación, la salud, financieros productivos y una red de seguridad social que apoye a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, ayudándoles a integrarse en el sistema productivo y no solo al asistencialismo.
4. Responsabilidad corporativa: Todas las empresas deben jugar un rol central en este modelo. Se espera que no solo persigan la maximización de beneficios económicos, sino que también asuman responsabilidades sociales y medioambientales. La inversión en la comunidad, la sostenibilidad y el bienestar de sus trabajadores ya no debe verse como un gasto, sino como una inversión a largo plazo.
El libre mercado, cuando se gestiona adecuadamente, puede impulsar la innovación, el crecimiento y la prosperidad. Sin embargo, para que una economía funcione para todos, debe estar acompañada por un enfoque social que garantice que los beneficios del desarrollo económico no estén concentrados en pocas manos como sucede en nuestro país. Al final, una economía más justa no sólo es moralmente deseable, sino también necesaria para la estabilidad social y el crecimiento sostenible a largo plazo.
Este enfoque equilibrado permite aprovechar las ventajas del libre mercado, pero sin dejar de lado la responsabilidad hacia el bienestar común. Es, en esencia, una versión más humana del capitalismo, que busca mejorar la calidad de vida de todos y no solo de quienes se encuentran en la cima del sistema económico. En México debemos pasar del capitalismo de compadres o del socialismo mexicano de camaradas y compañeros, ambos barnizados de corrupción que siempre niegan (al final son oligopolios privados o públicos). Y generar acciones para transformarlos en sistemas equilibrados de libre mercado con enfoque social.
Estos días los mercados observan la imposición del oficialismo de la Reforma Judicial. En tanto una mayoría está enfocada a lo que pasa en La Casa de los Famosos, hay grupos relevantes de trabajadores del poder judicial en todo el país, estudiantes de diversas universidades manifestado su inconformidad, si bien hay grupos disidentes, la mayoría no está de acuerdo en la forma y los procesos de elección inédita y compleja.
Todos queremos una Reforma al Poder Judicial, pero las formas y el fondo si cuentan, si se va hacer que se haga para mejorar y no para empeorar. Es probable que Morena y sus aliados logren la aprobación en el senado y luego pase a la aprobación en los estados en donde tiene mayoría en 18 con lo cual pueden aprobar su promulgación. Esto sin duda ya tiene impactos en los mercados financieros, en el tipo de cambio y en la pausa que tendrán las inversiones productivas tanto foráneas como locales. Por lo que es muy probable que se escale a cortes internacionales y que los socios comerciales en especial los Estados Unidos pongan el golpe de autoridad económica defendiendo sus intereses si no tiene confianza en el modelo judicial impuesto por el oficialismo y sus dogmas.
El libre mercado hasta ahora ha sido la mejor forma de salir del subdesarrollo y atraso, no aferrarse a modelos económicos estatistas, que han fracasado y está probado y comprobado desde los 70s, 80s y a la fecha: ferrocarriles, líneas aéreas, bancos nacionalizados (el nuevo ejemplo de opacidad y pobre rendición de cuentas presupuestal es el Banco del Bienestar, la nueva Refinería y el Tren Maya), la minería, PEMEX o CFE, con rescates y subsidios, autopistas que tuvieron que ser concesionadas y que pues casi todo en lo que se involucra el gobierno de actividades productivas directas históricamente fracasa. Solo es cuestión de tiempo para mandar deuda a largo plazo y que se pague con impuestos recaudados actuales y futuros. México debe darse la oportunidad de creer y crecer con un libre mercado con enfoque social adecuadamente regulado. Hoy las proyecciones de diversos organismos, incluido Banco de México, son a la baja en relación a crecimiento económico. El promedio de esta administración por concluir no superará el 1% del PIB, el más bajo en los últimos 35 años y empezar la nueva administración con expectativas de 1% en el PIB no son buenas noticias para el equilibrio financiero. Y con el tema de la Reforma Judicial ya genera dudas en los socios del TMEC. En junio 2024, las ventas internacionales de México a Estados Unidos fueron US$38,940M, mientras que las compras internacionales alcanzaron US$20,104M. Lo anterior resulta en un balance comercial de US$18,836M. Así que somos muy soberanos y nacionalistas, pero hay que cuidar el negocio y el libre mercado. Todos nos necesitamos y sí hay reglas claras, todo funciona mejor.
El estado de derecho es fundamental y la reforma judicial impuesta que busca ser aprobada, genera dudas. Esta semana también el Gobierno de la Ciudad de México publicó en su gaceta, la modificación a su Constitución local con relación al artículo 3 oficializó, mediante decreto que modifica al respeto de la propiedad privada, pública y social. El hecho ha causado polémica. Pues se generan dudas con relación a que la propiedad privada en CDMX puede ser objeto de expropiación en especial en inmuebles mostrencos o abandonados y que de esta forma el plan de vivienda social tenga esquemas de desarrollo a criterio del gobierno en turno. En mi opinión habrá reacciones y aclaraciones, que pueden tener alcances legales. Si se informara y se diera claridad al tema, se entendería su verdadera intención y no un proceso acelerado al igual que la reforma judicial de las administraciones salientes.
Una definición de propiedad social es que las viviendas sociales deben ser propiedad de los residentes, de una entidad pública o de una organización sin fines de lucro impulsada por una misión, no de un desarrollador con fines de lucro. Algunos ejemplos de estructuras de propiedad de viviendas sociales incluyen viviendas públicas, fideicomisos de tierras comunitarias, cooperativas con enfoque de viviendas sociales. Por lo que este cambio en la constitución abre para pensar en modelos político clientelares de vivienda. Sí bien ahora es en la CDMX, esta modificación pueden aplicarla en los estados en donde el oficialismo es mayoría.
Destacan Estados con mayoría del oficialismo: Jalisco, Querétaro, Puebla, Veracruz, Yucatán, Baja California, solo por citar algunos estados en donde las elecciones favorecieron el contar con carro completo y que cuentan con amplias actividades de economía de mercado en crecimiento de los últimos 30 años. Solo para la reflexión, que involucra para abrir análisis a abogados, notarios públicos, inversionistas y financieros involucrados en el sector inmobiliario e hipotecario.
Todos queremos un México en crecimiento y desarrollo, desde luego abrir oportunidades a la población en zonas marginadas y poco desarrolladas, pero sin etiquetar a buenos y malos según lo considere el gobierno en turno. El libre mercado, con respeto al estado de derecho, con la adecuada regulación es el camino, nuestra geografía y cultura de trabajo y esfuerzo son factor para crear riqueza, mejor redistribución de la misma y crecimiento sostenido con enfoque social.
X: @MarioSanFisan
CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia profesional de negocios.
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