Retos de las pensiones no contributivas y el futuro económico de México
Mario Sandoval Chávez
El modelo de bienestar basado en transferencias directas ha generado tensiones con los compromisos internacionales asumidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). Dos aspectos clave son las políticas energéticas y las reformas laborales.
En el sector energético, el gobierno ha privilegiado a las empresas estatales como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, restringiendo la participación privada extranjera. Esto viola principios de no discriminación y acceso a mercados estipulados en el TMEC.
En el ámbito laboral, las reformas orientadas a fortalecer los derechos de los trabajadores han sido bien vistas en algunos sectores, pero también han generado costos significativos y constante supervisión de Estados Unidos. Si México no cumple con las normativas, podrían surgir barreras comerciales o sanciones.
Fortalecimiento del Estado de Derecho. La sostenibilidad de las políticas sociales depende de un marco institucional sólido. Sin embargo, preocupaciones sobre la independencia judicial, el respeto a contratos y concesiones, y la transparencia en el uso de recursos han erosionado la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.
Para garantizar un impacto positivo duradero de las reformas sociales y económicas, es esencial fortalecer el Estado de Derecho, restaurando la confianza en las instituciones.
México necesita un enfoque equilibrado que permita mantener la justicia social sin comprometer la estabilidad fiscal:
1. Reforma fiscal integral: Incrementar la recaudación mediante impuestos progresivos y mayor eficiencia en el cobro.
2. Fomento a la inversión privada: Proveer certidumbre jurídica y un entorno favorable para los negocios, atrayendo inversión extranjera y generando empleos.
3. Planeación demográfica: Prepararse para el envejecimiento poblacional con esquemas de ahorro para el retiro y ajustes graduales en programas sociales.
4. Cumplimiento del TMEC: Alinear políticas internas con compromisos internacionales para evitar sanciones.
5. Fortalecimiento institucional: Garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.
El desafío del 2025 y más allá, el presupuesto para 2025 propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum prioriza la ampliación de los programas sociales, pero carece de un plan claro para generar ingresos que los financien. Si la economía no crece y no mejora la seguridad en el país es probable que en 2026 se enfrenten desafíos significativos: mayor deuda pública, menor inversión en sectores clave y tensiones políticas internas.
El éxito de esta administración dependerá de lograr avances en economía y seguridad en los próximos 12 meses. Sin un crecimiento económico sostenible y políticas fiscales responsables, las iniciativas actuales corren el riesgo de comprometer el desarrollo futuro de México.
X: @MarioSanFisan
CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia profesional de negocios.
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