El Sistema Judicial en México y su efecto negativo en los negocios
Mario Sandoval (*)
El efecto del Covid nos presenta circunstancias que en apariencia nos hace parecer espectadores del entorno. Cuando nos transportamos de un punto a otro en nuestras ciudades, notamos con asombro y preocupación que hay una oferta de inmuebles en renta y venta, tanto de índole residencial como comercial e industrial.
Vemos que negocios que fueron exitosos o tradicionales, están cerrando. Eso implica también que cadenas productivas que eran proveedores de ese tipo de negocios, ven reducidos sus ingresos y márgenes de negocios. Si bien es un efecto global, está en la capacidad no sólo de gobiernos, sino de los hombres y mujeres de negocios adaptarse y evolucionar. Pero aparte de ello y de manera muy especial tenemos un sistema judicial con graves deficiencias.
En general el Estado de derecho en México es vulnerable, en materia familiar, laboral, penal, Civil y Mercantil. Estos dos últimos representan uno de los principales retos para los negocios en general en México. Ya que el proceso judicial mexicano, ni es expedito, ni es gratuito, ni es justo.
Con el efecto de la pandemia de marzo a julio estuvieron cerrados los órganos judiciales de todo el país, tanto federales, como locales. Sin embargo, ese tiempo no significó mejorar en materia de retrasos procesales y ejecución de sentencias en firme. Aun al abrir pusieron condiciones específicas para acceder a los órganos judiciales con citas y con procesos internos que sólo los justifican para seguir atrasando los asuntos de los cuales tienen la tutela judicial de resolver.
El ciudadano común piensa que en los órganos judiciales se encuentra la sabiduría y la experiencia en los jueces y el personal de los juzgados. Esto es incorrecto, pues si bien hay profesionales de alta calidad, no es la mayoría y es frecuente identificar que pese a tener curricularmente licenciaturas, maestrías y doctorados, la realidad es que hay un rezago monumental de los asuntos judiciales en nuestro país, sin consecuencias para jueces federales y locales, ya que predominan el nepotismo, la ineptitud, la burocracia e incluso la corrupción.
Sabios del Olimpo
Tenemos millones de asuntos en todo el país sin resolver y eso nos cuesta miles de millones de pesos anualmente a todos los mexicanos, pues esos sabios del Olimpo que trabajan en inmuebles de primer mundo, imparten justicia de manera deficiente. En específico en Derecho Civil y Mercantil.
El Derecho Civil es el que regula el estado civil de las personas, las relaciones familiares, la propiedad y los demás derechos reales, así como las obligaciones, contratos y las sucesiones.
El Derecho Mercantil es el que regula la realización de actos de comercio realizado por los distintos operadores económicos en el mercado.
Cada vez que una empresa o un hombre o mujer de negocios (emprendedor, pequeño, mediano, grande o potentado), realizan negocios en México, sus actividades están regulados por ambas ramas del Derecho.
Sólo para ilustrar. Los contratos por renta de inmuebles, la compra venta, el crédito, el arrendamiento, el factoraje, las hipotecas, los depósitos, las garantías y mucho más, involucran en nuestras actividades de negocios el Derecho Civil y Mercantil.
Excesiva burocracia
Con datos publicados de Inegi al 2019 en el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal /32 entidades, existen 4 mil 100 órganos jurisdiccionales (juzgados/ salas/ tribunales, de estos el 40% ve asuntos civiles y mercantiles) y mil 200 unidades administrativas.
Son 48 mil servidores públicos que pagamos con nuestros impuestos los mexicanos; no son gratuitos, por el contrario, es muy costoso mantener esa burocracia y es poco lo que resuelven.
El 63% del personal judicial son mujeres. Así que no hay un problema de equidad de género como en otras actividades profesionales. Aunque a nivel de jueces y magistrados la balanza sigue siendo mayor a los hombres, en los últimos años esa tendencia está cambiando aceleradamente. De los 4 mil 100 jueces el 58% son hombres. El 75% de los jueces en México tiene más de 50 años, así que no sólo es experiencia, sino capacidad para impartir y ejecutar justicia. Y ahí nos siguen debiendo.
En 2018 (último dato) se recibieron 2 millones 126 mil demandas de primera instancia; el 50% corresponden a materia civil y mercantil, esto es más de 1 millón de asuntos nuevos sólo ese año.
En materia civil y mercantil hay adicionalmente un 1 millón y medio de asuntos retrasados sin concluir. Por año se concluyen en esas materias alrededor de 300 mil asuntos, así que con la pandemia y sus múltiples justificaciones de excesivas cargas de trabajo, la tendencia es de mayor retraso en las resoluciones. Los asuntos siguen rezagándose y la ejecución promedio en México, cuando hay garantías reales, es superior a los 7 años. Inaudito pero cierto.
Sector Financiero
Entonces si ubicamos como ejemplo al Sector Financiero, sólo pensemos que al sector regulado como los bancos se les aplican criterios de Basilea III (que son criterios de aplicación de regulación bancaria promovidas por el Foro de Estabilidad Financiera), del cual nuestro país y sus autoridades financieras forman parte y aplican.
Reglas de primer mundo financiero, pero con un aparato judicial subdesarrollado y subsidiado que no rinde cuentas, que sigue en el Olimpo de sus conocimientos, con actitudes soberbias, cerradas y afectando la certidumbre jurídica de los negocios, adicional a la actitud pedestre de la mayoría del personal en juzgados, solapados por sindicatos que fomentan la ineptitud y malas actitudes de servicio.
Sí algún juez o magistrado dijera que no es así, que se cuida el debido proceso, la equidad procesal y demás argumentos legaloides, los resultados de magro avance en ejecución de sentencias y asuntos rezagados los dejaría sin argumentos. Pues los asuntos con garantías reales, que son demandados legalmente, tardan siete años en promedio para recuperarse y en consecuencia esos costos se trasladan a los clientes buenos que pagan comisiones y altas tasas de interés.
Sí las carteras de los bancos se emprobleman, sus capitales y patrimonios se diluyen en reservas que afectan resultados y en consecuencia se pierde el control de las instituciones, pues no hay capital que aguante tanto tiempo en el limbo judicial.
No estoy manejando temas técnicos, como el emplazamiento (notificación de demanda, que es la parte vital para iniciar un juicio), o bien las diligencias procesales y las ejecuciones de sentencias. Tenemos leyes y códigos, que nos dicen el qué y el cómo, pero donde el criterio unipersonal de jueces y sus secretarios de acuerdos, son elementos clave que afectan el Estado de Derecho en nuestro país.
El ejemplo aplica para todas las actividades de negocios, en donde la mediación y negociación serian claves si fueran efectivas, los asuntos tardan en exceso y si un negocio tiene que recurrir a la justicia, ésta no lo resuelve en tiempo y forma y fomenta la cultura de no pago y las chicanadas legales (acciones para retardar y manipular los procesos jurídicos).
El tema es que los ciudadanos en general abramos los ojos y nos demos cuenta que tenemos órganos jurisdiccionales que no se exigen a sí mismo resultados ni rendición de cuentas públicas; que tenemos una estructura judicial que reposa en grandes inmuebles, pero pequeños avances en materia de justica y soluciones conforme a Derecho. No tienen prisa por solucionar los asuntos, pero los ciudadanos sí porque nos cuestan.
El Poder Judicial, debe ser autónomo, pero debe dar cuentas y resultados y ahí el Poder Legislativo y el Ejecutivo deben también colaborar, dando voz a la ciudadanía.
En mi caso, con colegas abogados litigantes, con colegas banqueros, haremos la parte que nos corresponde para subir los temas y que se entienda de manera clara y fuerte, se necesita credibilidad en el Sistema de Justicia Mexicano. Darle voz a los que quieren certidumbre jurídica en materia civil y mercantil y no saben o pueden expresarlo, hacer un proceso de claridad y buena comunicación para todos.
(*) CEO FISAN SOFOM ENR
Ex Presidente Nacional AMFE
