Entre la razón, el derecho y la justicia
Mario Sandoval Chávez
En la agenda pública se han generado diversos temas que nos hacen reflexionar, por un lado voces que coinciden, otros que cuestionan la revisión legal a diversos asuntos en materia energética con respecto a concesiones y permisos, o bien las carpetas de investigación con respecto a diversos investigadores del Conacyt o en su caso la devolución que el SAT según la SCJN resolvió devolver a un particular o su sucesión testamentaria una cantidad del orden de los 1 mil millones de pesos, por un litigio muy largo en sus diversas etapas e impugnaciones que se resolvió en tres sexenios, acumulando intereses y que ahora todos los causantes cautivos deberemos cubrir de manera prorrateada entre todos.
¿Quién tiene la razón, el que tiene el foro diario en la mañanera, o bien quien de manera activa y critica expone sus opiniones encontradas en prensa, radio, televisión o redes sociales? En la actualidad se litiga, filtra y manipula información, de acuerdo al perfil del auditorio, como todo los extremos, no son buenos y solo radicalizan posiciones que pierden objetividad y la razón jurídica. Las diversas mesas de debate con apasionados expertos en medios de comunicación y en grupos en redes sociales, se expanden diversas y encontradas opiniones, la mayoría sin sustento, por la simple razón, que no cuentan con los elementos base de la acción, no hay valoración de pruebas y se desconoce en general el contenido de los asuntos, pero la especulación, la rumorología, venden en el corto plazo, por el morbo mediático y eso nubla la razón de la audiencia.
Lo anterior genera juicios sumarios, por la opinión pública, quien determina quien es culpable o quien es inocente, según la afinidad política o de grupos en común. Por ello los medios y sus opinólogos tienen gran responsabilidad, pues el desencanto que generan en su público, que al no confirmar resultados inmediatos sobre quienes se consideran responsables de delitos o responsabilidad en afectaciones diversas, provoca una percepción de altísima impunidad. Por lo mismo los líderes de opinión de hace unos años, hoy son de pena ajena, pues sus filtraciones o rumores ahora los exhiben y pierden credibilidad. Pues son inducidos por sus intereses ya sean políticos o económicos y no por periodismo de investigación de alto nivel y exigencia profesional.
Así mismo las autoridades administrativas y judiciales, colaboran con ello, con obesas estructuras burocráticas y muy costosas, además de la no rendición de cuentas, con relación a lo que nos cuestan y lo que resuelven satisfactoriamente. Independientemente de la filiación política de cada sexenio, los resultados son similares por deficitarios en cuanto a la percepción de impunidad y corrupción, sin duda ha habido intentos y se genera cierta expectativa, pero los hechos reflejan que aún estamos lejos de lograr una mejoría que reconozca la mayoría.
La JUSTICIA es la finalidad que las personas no pueden encontrar por sí mismas y por ello la buscan en la Sociedad. Por lo tanto debe ser Rápida, Justa, Honesta y Gratuita.
El DERECHO es un conjunto de disposiciones legales o normas jurídicas que con carácter de obligatorias y coercitivas impone el Estado a la Sociedad.
Luego se puede aplicar el Derecho y no necesariamente puede haber justicia, que es lo que más impacta en nuestra sociedad, valoremos de manera general y sin tecnicismos legales lo siguiente. Durante 15 años se litigó en diversas instancias incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un juicio que la Familia de Carmela Azcárraga Milmo promovió por la devolución de 338 millones de pesos, el caso se litigo durante tres sexenios diferentes de diversos partidos políticos, con cuatro administraciones diferentes del SAT, cuyos representantes legales perdieron el asunto que ahora a los contribuyentes les costara 1 mil millones de pesos.
¿Qué consecuencia hubo para ellos?, Además hay en este asunto, dos ministros de la SCJN, que fueron responsables del SAT, ¿cuál fue su posición al respecto, no de su decisión como ministros, sino como responsables del SAT en su momento? No hubo límite en el reembolso, no hubo elementos de valoración adicionales, debido a que por el tiempo transcurrido, eso triplica el monto del reclamo del monto original y que se traslada a la sociedad contribuyente. La cual es indefensa, pues sus autoridades no logran reparar el daño sin caer en exceso en un monto tan alto como el referido. Pero que tal los sueldos y prestaciones que han devengado jueces, funcionarios y ministros involucrados en este asunto durante 15 años. Acaso son intocables y siguen gozando de lo mejor como grupos privilegiados, en tanto millones de mexicanos subsidien este esquema costoso, inepto y burocrático.
Para comparar el tema, en materia laboral, los juicios son muy largos, duran años para llegar a la ejecución de un laudo laboral en favor del trabajador, en promedio mínimo 5 años (hay miles y miles de historias de terror sin resolver). Debido a que la demanda de salarios caídos se volvía una cantidad muy alta con cargo a los patrones, así que para evitar mayor impacto económico, se modificó el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, con un tope de 15 meses de salario (sin entrar en mayor detalle). La expectativa era reducir plazos y no generar montos que ponían en riego a las empresas. La realidad es que no funciona, pues los laudos se resuelven en plazos muy largos y además la ejecución es otro asunto tortuoso para el trabajador. ¿Qué ha hecho la SCJN al respecto?, Ha generado alguna acción precedente para que las Juntas de Conciliación, no sigan retrasando los laudos y su ejecución en beneficio del trabajador que obtuvo un laudo a su favor. Es un hecho que no hay equidad en las decisiones relevantes, al parecer hay mexicanos de primera y de segunda.
Si la FGR, integró diversas carpetas de investigación con relación a los investigadores del Conacyt, es bueno para identificar los abusos que pudiese cometerse en esa institución, pero debería valorarse también lo que ha sucedido en otras áreas o instituciones, ya sea del deporte, del sector publico financiero, del SAT, Aduanas, Policías, de los reguladores y dependencias en materia energética, entre otros. Que no sea solo un tema asilado o tenga esa apariencia, hay mucho por investigar y resolver en el manejo de recurso públicos, la opacidad y el resguardo de información, es parte de esa percepción de impunidad.
Todos esto temas, son parte del estado de derecho, involucran directamente el ambiente de negocios lo que impulsa la gestión de negocios, ya sea para la inversión o en su caso la percepción de JUSTICIA del ciudadano de a pie, los hombre y mujeres comunes, que día a día con su trabajo y contribución en impuestos, espera no mejores discursos y promesas, sino hechos y mejores acciones de gobierno y del estado de derecho que impulsen el crecimiento económico, la infraestructura, la educación, la salud, la impartición de justicia y entonces le quede claro que significa crecimientos superiores anuales del 6% del PIB, como será este 2021, pero que aspiremos mantenerlo en niveles superiores al 4% como mínimo cada año y que lo permita mejorar a la mayoría de la población.
La JUSTICIA es la demanda de la Sociedad, paga por ello y debe exigirla al estado. El DERECHO debe aplicarse pero entendiendo que su carácter obligatorio y coercitivo que debe imponer el Estado a la Sociedad, es con el mandato que la misma le otorgo para impartir JUSTICIA.
CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios.
Ex Presidente Nacional AMFE
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