En Tabasco, legisladores del partido creado por López Obrador aprobaron modificaciones al Código Penal de la entidad que criminalizan, precisamente eso. Las protestas ciudadanas en esa entidad sureña podrán ser a partir de ahora medidas con una vara muy especial, del tamaño que la autoridad decida de forma unilateral, incluso dejando de lado los derechos humanos.
Es interesante el análisis de los motivos que llevaron al gobernador Adán Augusto López Hernández a proponer crear esta nueva figura penal, que fue aprobada en sesión extraordinaria sin mayor trámite, ni debate. No hay duda que el ejecutivo estatal pretende con ello quedar bien con el presidente López Obrador.
Y es que en Tabasco esperan severas protestas por la construcción de la refinería de Dos Bocas y con la mal llamada “Ley Garrote” pretenden impedirlas y eso lo confirma YeidckolPolevnsky, la líder nacional de Morena, quien declaró que era una reforma correcta para defender la construcción de la refinería de PEMEX, uno de los proyectos eje del presidente.
Esta criminalización a las protestas ciudadanas surge apenas a unos cuantos días de que el Congreso de Baja California ampliara a cinco años el periodo del mandato del morenista Jaime Pineda, proceso del que quedan dudas, acusaciones de pago a diputados de todos los partidos, pero sobre todo, por crear antecedentes legales opuestos a la Constitución Federal.
Hasta ahora, el presidente López Obrador ha rehuido tomar el “toro por los cuernos” y poner un hasta aquí a sus huestes que piensan que pueden hacer cualquier cosa que se propongan, modificando constituciones y mayoriteando votaciones. ¿Deberían caer en el serio análisis de sí para ello el “pueblo sabio” los eligió?
Cuando más, respecto a este punto, se limitó a decir en una de sus conferencias mañaneras que era necesario poner orden para evitar las extorsiones y la corrupción. Una declaración hecha sin tomar en cuenta que él y su movimiento político han sido en los pasado 18 años, la fuente interminable de protestas, bloqueos y plantones.
Hoy que es gobierno, parece que ve diferente. Se pretende castigar con mano dura a los opositores que aún no muestran intención de bloquear con plantones alguno de sus proyectos. Aún cuando si lo han hecho, pero dentro de los cauces legales, buscando amparos para obligar a la 4T a actuar dentro del ánimo de la ley y no permitir que las ideas al vuelo se conviertan en proyectos mal preparados.
Pero todo conlleva un costo político. Los errores legislativos y de gobierno pueden costarle a Morena más de lo que se piensa. Hasta ahora los legisladores de ese partido han actuado con un sentimiento de revancha, pero sin la inteligencia que debería caracterizarlos, sobre todo porque sabemos que muchos de sus representantes han surgido de las huestes del resto de los partidos políticos en desgracia.
Si el tema de la “Ley Garrote” y la ampliación del periodo de gobierno en Baja California se dejan pasar, ¿quien va a impedir que acciones como esa no se repliquen a otros gobiernos estatales, e incluso al gobierno federal. Sin embargo no todo esta perdido, Ambos asuntos tendrán que pasar por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendrá la última palabra.
