Ciudad de México.- El principal desafío de la política económica del país es reducir la informalidad, ya que actualmente el 57 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) se encuentra en esta situación, lo que impide que tengan seguridad social, aseguró el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers.
Durante su reunión con diputados de la Comisión de Desarrollo Social, para presentar el Informe Desarrollo en México 2016: Perspectivas del desarrollo a 2030, elaborado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) y coordinado por Rolando Cordera Campos y Enrique Provencio Durazo.
El tema central de dicho balance es la perspectiva del desarrollo en México, y toma como referente sñolo algunos aspectos clave de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 (ADS 2030) de Naciones Unidas, que México asumió y se comprometió a cumplir en 2015.
“Los desequilibrios del mercado laboral que más destacan son la informalidad, que registra tasas superiores al 57 por ciento de la población ocupada; la temporalidad de los contratos de trabajo; y el bajo nivel de los salarios, que ha persistido desde hace años sin que se observen condiciones para su recuperación”, reiteró Graue Wiechers.
“Estas tres deficiencias vulneran la calidad del empleo actual y representan riesgos importantes para alcanzar el empleo pleno y el trabajo decente para todos en 2030”, detalló.
Indicó que la creación de empleo ha sido un reto permanente durante las últimas cuatro décadas debido a las presiones demográficas y a las limitaciones en la demanda de empleo, expone el documento.
Es fundamental la regulación del mercado de trabajo, y el verdadero impacto radica en las acciones que el Estado emprenda para hacer cumplir la ley, de las que depende la posibilidad de materializar las condiciones del trabajo decente hacia el año 2030, expuso.
Detalló que el informe también aborda el tema de la violencia, como la trata de las personas, la migración y los inadmisibles niveles de violencia que se experimenta en el país.
Informó, que se propone la creación de un Índice de vulnerabilidad, para focalizar acciones más eficaces; así como propuestas concretas para conseguir y mejorar la igualdad de género y la mayor eficiencia de nuestro sector energético.
Sin embargo, destacó la necesidad del acceso a la educación “sin la cual ninguna de las otras metas trazadas serán imposibles de alcanzar”, no obstante se está “condenando a esta juventud a no tener educación de calidad”.
En educación superior existe una cobertura apenas del 31 por ciento, es decir seis de cada 10 jóvenes no tendrán acceso a este tipo de educación, “el reto que enfrentamos las instituciones de educación superior en este sentido es mayúsculo”, aseveró.
“Resulta muy preocupante que si el sector educativo que sufrió en 2016 un recorte presupuestal en términos reales del 4.2 por ciento, haya sido la educación superior la más golpeada con una disminución del 6.4 por ciento en términos reales. “Esto no puede volvernos a suceder, la educación no puede detener su crecimiento”, expresó.
