Ciudad de México.- El congreso de Baja California Sur avaló este martes 14 de mayo la Minuta con Proyecto de Decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, con lo que suman 17 legislaturas que la han respaldado.
Después de esta aprobación, la reforma educativa puede ya ser promulgada por el Ejecutivo Federal y entrar en vigor.
Los congresos que previamente dieron luz verde a la reforma educativa son Morelos, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Colima, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche, Chihuahua, Sinaloa, Veracruz, Nayarit, Nuevo León, Durango y Guerrero.
Algunos de los puntos principales de la nueva reforma se refieren a que la educación superior será obligatoria, desaparecerá el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y cambiarán los derechos laborales para los maestros.
De acuerdo con la reforma constitucional que se turnó a los estados para su aval, se plantea detener las evaluaciones punitivas de los maestros; se decreta la extinción del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y se “garantiza” la educación inicial y superior a los mexicanos, además de que se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente.
En el artículo segundo transitorio de la reforma aprobada se estipula que en cuanto entre en vigor el decreto, quedará suspendida cualquier evaluación de los maestros.
En el artículo quinto se precisa que el Congreso de la Unión tendrá hasta 120 días —tras la entrada en vigor del decreto— para expedir una ley general por la que se crearía un Sistema de Carrera para las maestras y los maestros, así como para un Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.
Este sistema, se precisa en la reforma a la fracción IX del Artículo tercero constitucional, “será coordinado por un organismo público centralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado.
Se prevé que sea ese organismo el que reemplace al INEE, cuyo patrimonio actual, así como los recursos financieros y humanos pasarán a formar parte del nuevo órgano.
Se da también como plazo hasta el 2020 para que el Congreso de la Unión expida las leyes generales en materia de Educación Superior y de la Ciencia, Tecnología e Innovación.
Y un plazo de 120 días para que el Congreso expida las leyes secundarias de la reforma, entre las que se encuentran la del mismo Sistema de Mejora Continua de la Educación.
En tanto, el Ejecutivo Federal tendrá 180 días para generar una estrategia de atención a la primera infancia, además de una estrategia para fortalecer a las escuelas normales del país.
En materia de educación superior, se prevé que el gobierno federal cree un fondo que garantice el financiamiento de las universidades estatales de manera plurianual para infraestructura.
