Regular el outsourcing no requiere de grandes reformas: Coparmex

El outsorcing o subcontratación es una práctica común en muchas actividades económicas, principalmente de la industria: Lorenzo Roel

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Ciudad de México.- El sector empresarial representado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) considera que no se necesita de grandes reformas para regular y, en su caso, sancionar a las empresas que operan bajo el sistema de outsorcing o subcontratación laboral y evitar comentan defraudación fiscal y actos de simulación.

Lorenzo Roel, Presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex señaló que es necesaria esta figura de subcontratación, que se usa en todo el mundo, y que, incluso, en Estados Unidos y en Canadá no está tan regulado como en México.

El empresario indicó que el outsorcing o subcontratación es una práctica común en muchas actividades económicas, principalmente de la industria; sin embargo, reconoció que sí es muy conveniente combatir a quienes utilizan la figura para defraudar.

“Es un punto importante evitar, combatir y, en su momento, inhibir estas prácticas que al final de cuentas le causan perjuicio a la economía en las instituciones de seguridad social, al propio gobierno, al fisco con los subregistros”, señaló.

Agregó que la práctica ilegal de la subcontratación afecta mucho a los trabajadores, en su meta de participar en un retiro digno al estar subregistrados, además de que perjudica a industrias y empresas con registros correctos, pues quines recurren a la forma ilegal, compiten deslealmente en estas actividades.

Lorenzo Roel señaló que en la Coparmex consideran que en la Ley Federal del Trabajo ya hay una normatividad efectiva para la regulación de las empresas de outsorcing, y que el dictamen al respecto, por parte del senador Napoleón Gómez Urrutia, va más allá.

“El contenido del dictamen va más allá, en un calificativo de delincuencia organizada, a quien simule las prácticas, y lo que nosotros señalamos es que lo único que falta es actuar, no se requieren extremar responsabilidades de tipo administrativo y de defraudación con delincuencia organizada”, expuso.

Informó que incluso están de acuerdo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, en el sentido de que en la ley vigente se tienen los elementos para regular y en su caso sancionar a prácticas ilegales de estas empresas de subcontratación.

Señaló que en enero pasado el presidente nombró un grupo interinstitucional formado por la STPS, el IMSS, el SAT, y la Unidad de Inteligencia Financiera, para que investigaran y actuaran contra las empresas de outsorcing que defraudan y cometen simulación.

“En esta materia vamos a ver los resultados (del grupo interinstitucional) y vamos a participar en el parlamento abierto, el 12 de febrero, en el Senado para opinar sobre el dictamen del Senador Gómez Urrutia, pero para insistir que consideramos que la figura ya está regulada y que esperamos prontas acciones y que vayan encaminadas a inhibir estás malas prácticas”, indicó.

Sin embargo, comentó que tal vez se le pudieran hacer a la ley adecuaciones mínimas, pues con la reforma de 2012, las autoridades tienen las herramientas para accionar, verificar y en su momento sancionar a quienes estén defraudando.

“Son cuestiones de detalle que coincidan las leyes, del Trabajo y del IMSS, para que en su momento por supuesto, este grupo interinstitucional, tenga más herramientas para accionar”, dijo.

El representante empresarial confía en que en este mes ya se informe sobre los avances de las indagatorias del grupo interinstitucional, el cual basa sus investigaciones en las inspecciones de trabajo de la STPS, del IMSS y del intercambio de información con el SAT.

Finalmente, dijo que de esta indagatoria se podrá derivar las sanciones a empresas que se manejan de manera ilegal y podrían ser desde multas y probablemente acciones para exigir que no utilicen a estas empresas a que defrauden y regularicen su situación, en beneficio de la institución de seguridad social, mayores ingresos en la recaudación y que no se perjudique a los trabajadores de que estén registrados con un salario menor.