Ciudad de México.- Las Secretarías de la Función Pública, de Energía y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público están realizando una investigación sobre una posible violación formal en la declaración de conflicto de intereses por parte de una persona políticamente expuesta, al omitir o no precisar datos dentro de su declaración, en particular, respecto a que un familiar por afinidad es representante legal de tres empresas que son reguladas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), una de las cuales podría haber incurrido en defraudación fiscal.
Las Secretarías de la Función Pública y de Energía continúan revisando los contratos, incluyendo el posible conflicto de interés personal o de negocios con otro familiar, que es director de una empresa filial de otra compañía multinacional de comercialización con sede en Boston, con una de las cuales contrató durante su gestión. La UIF diseminó la información a la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de que se realicen las investigaciones correspondientes. En total, fueron ocho empresas las relacionadas con familiares del titular de la CRE.
Aunado a lo anterior, se está atendiendo la denuncia que presentó la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros A.C., por posible corrupción, en contra de la CRE y la ASEA en perjuicio de las estaciones de servicio que realizan el expendio al público de los petrolíferos.
Con estas acciones, las Secretarías participantes mantienen vigente la instrucción del Presidente de México de continuar con el combate a las estructuras financieras que dan soporte a la defraudación fiscal y quebranto al erario público.
