Secretaría de Desarrollo Agrario firma compromiso por blindaje electoral

Con la firma de este documento la Sedatu además establece acciones para que los recursos y programas institucionales no se utilicen con fines políticos y electorales: PGR

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Ciudad de México.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se comprometió a cumplir y hacer cumplir las normas electorales, y destacó que habrá «cero tolerancia» para los servidores públicos que pretendan infringir la ley.

Por ello, firmó la Carta Compromiso en materia del Blindaje Electoral, con la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), a fin de garantizar la trasparencia en el proceso en curso.

La Procuraduría General de la República (PGR) destacó que con la firma de este documento la Sedatu además establece acciones para que los recursos y programas institucionales no se utilicen con fines políticos y electorales.

El titular de la Fepade, Héctor Díaz Santana, afirmó que condicionar los bienes, servicios y programas de gobierno a cambio del voto «es un delito que violenta el desarrollo democrático».

«Un imperativo de toda democracia es que la persona tiene derecho a votar en libertad, juntos rechacemos todo intento de comprar y condicionar el voto, la libre elección de los gobernantes es fuente de toda democracia posible”, afirmó.

El funcionario recalcó que las elecciones implican un enorme esfuerzo económico logístico y organizacional, sintetizan la aspiración y el objetivo nacional de que las personas decidan el gobierno que quieren, «y por ello, debemos responder con la ley ante toda conducta que trate de vulnerar este principio».

La Sedatu, a su vez, estableció que habrá “cero tolerancia” para que los programas sociales no se utilicen para favorecer a ningún partido, ni que los funcionarios intervengan en el proceso electoral, y sí que se apeguen a la legalidad y la transparencia del manejo de recursos públicos.

Refirió que a la fecha han sido capacitados en materia de blindaje electoral más de tres mil 500 funcionarios públicos de la dependencia y las entidades agrupadas al sector.