Ciudad de México.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exhortó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a solventar los pendientes en torno al Sistema Nacional Anticorrupción y afirmó que desde el sector privado se está haciendo lo necesario para contribuir a evitar actos ilegales, promoviendo la ética empresarial y la denuncia.
“En el sector privado llamamos a los poderes Ejecutivo y Legislativo a que apoyen de una vez por todas, la implementación del sistema y, por nuestra parte, nos comprometemos con la sociedad a tomar acciones concretas para combatir la corrupción en y desde las empresas”, enfatizó el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón.
Detalló que siguen pendientes elementos centrales del nuevo sistema que le impiden combatir efectivamente la corrupción en México como el nombramiento de un fiscal anticorrupción que cumpla con las exigencias y expectativas de la sociedad.
Agregó que faltan también por establecerse los sistemas locales anticorrupción que deben armonizarse con el sistema nacional y pendiente la designación de los 18 magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), órgano responsable de juzgar los casos graves de corrupción, tanto de funcionarios públicos como de particulares.
En este contexto, Castañón sostuvo que a pesar de tales contratiempos, la sociedad asume su parte de responsabilidad y por ello se lanzó el movimiento “#VamosporMás”, donde el sector empresarial, junto con un importante grupo de organizaciones de la sociedad civil, académicos y ciudadanos destacados, exigen avances en la lucha contra la corrupción.
“En el Consejo Coordinador Empresarial estamos trabajando para difundir el contenido de la nueva ley y ayudar a las empresas a garantizar su cumplimiento”, sostuvo.
Añadió que este nuevo marco normativo contempla que las empresas que cometan actos de corrupción enfrenten sanciones que van desde la devolución del doble del beneficio recabado por medio un acto ilegal, hasta la disolución de la empresa, junto a la devolución del daño a la Secretaría de Hacienda.
Consideró como un avance importante esta norma en el fomento a una cultura generalizada de legalidad y Estado de Derecho, pues indicó que son normas orientadas no sólo a castigar, sino a prevenir los actos de corrupción y cuyo objetivo es propiciar un ambiente adecuado para el desarrollo y el crecimiento de las inversiones, los negocios y los emprendedores.
Comentó que de acuerdo con la nueva legislación, uno de los criterios para establecer las sanciones ante un incumplimiento, será la existencia y rigor de una política de integridad empresarial al interior de las organizaciones.
En este marco, Juan Pablo Castañón dio a conocer las líneas de acción que el CCE propone como ruta indispensable y que incluye una actualización del Código de Integridad y Ética Empresarial, adaptado a la nueva legislación.
Este documento servirá como guía para que las empresas puedan construir y sostener políticas de integridad que permitan la actuación ética y responsable de cada uno de sus empleados, trabajadores y ejecutivos, dijo.
Agregó que contar con un código debidamente publicitado y socializado entre cada miembro de la empresa, que delimite funciones y responsabilidades y especifique cadenas de mando y liderazgo, generará políticas de recursos humanos que eviten la incorporación de personas que impliquen un riesgo a la integridad de la corporación, de la propia empresa.
“Adicionalmente, como parte del compromiso anticorrupción, exhortamos a las empresas a denunciar potenciales hechos de corrupción, a través de órganos de administración, vigilancia o representación y colaborar así con las autoridades en investigaciones judiciales”, enfatizó.
