Ciudad de México.- Las metas macroeconómicas planteadas en la elaboración del Paquete Económico 2019 deben ser realistas, objetivas y transparentes, consideró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En el documento Criterios Generales de Política Económica (CGPE) se debe tener presente que una estimación de ingresos va más allá de lo que es posible, toda vez que a menudo se asocia con pronósticos macroeconómicos y previsiones de ingresos demasiado optimistas, refirió.
A la espera de aquel documento que traerá un diagnóstico de la economía y las metas macroeconómicas con las que se elabora la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, el CEESP indicó que en esta ocasión hay mayor dificultad para elaborar la estimación de los ingresos y el gasto público.
Lo anterior, señaló, es primero por los resultados más recientes sobre el debilitamiento de la actividad económica del país y, en consecuencia, los pronósticos de crecimiento se han ajustado a la baja para éste y el siguiente año.
Aunado a ello, el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) refirió que con la evolución de las tasas de interés -indicador importante para el cálculo del paquete económico- se anticipan nuevas alzas y la permanencia de la volatilidad del mercado cambiario.
A ese entorno se suma la incertidumbre sobre la resolución final del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), negociación que inició en agosto de 2017 y se espera tener resultados más concretos antes de concluir este mes.
«Esto hace evidente la necesidad de un marco macroeconómico realista», insistió el CEESP, al hacer énfasis en la importancia del Presupuesto de Egresos de la Federación, porque deberá impulsar un entorno en el que las personas y empresas se puedan desarrollar de manera eficiente.
Por otra parte, recordó que las propuestas de la próxima administración incluyen programas que requerirán importantes recursos adicionales y, de acuerdo con algunos cálculos, estos podrían superar cinco puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
La apuesta es que los recursos necesarios se obtendrán de los ahorros burocráticos, la disminución de los recursos a entidades federativas y, sobre todo, del combate de la corrupción, lo que se estima sea de 500 mil millones de pesos, expuso.
«Sin duda es el momento idóneo para que las próximas autoridades hacendarias lleven a cabo la profunda reingeniería del gasto público, que tanto se ha venido pidiendo en los últimos años», remarcó.
