Ciudad de México.- En su última sesión del año, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular una reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para regular la forma en que el Infonavit realizará la construcción y renta de vivienda para las y los trabajadores afiliados.
Con 68 votos a favor y 29 en contra, las y los senadores aprobaron el dictamen en lo general para reformar la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Ley Federal del Trabajo (LFT).
En la votación en lo particular se emitieron 67 votos a favor y 27 en contra. Esto tras desechar todas las reservas presentadas por seis senadores del PAN, de Morena y del Partido Verde.
El dictamen fue aprobado ese mismo día por mayoría de votos en las comisiones de Reordenamiento Urbano y Vivienda y de Estudios Legislativos.
Se trata de las leyes secundarias que se desprenden de la reforma constitucional aprobada el pasado 24 de octubre en la Cámara de Diputados que otorga más atribuciones al Infonavit con el objetivo de facilitar a las personas trabajadoras el acceso a una vivienda social.
La minuta ya fue turnada a la Cámara de Diputados para su discusión y votación.
El senador Ricardo Anaya indicó que su bancada votó a favor de la reforma constitucional aprobada en octubre de este año para que el Infonavit construya 2 millones de viviendas y que la renta que paguen los trabajadores se abone al capital para que posteriormente puedan adquirirla.
Sin embargo, el legislador señaló que votarían en contra de las reformas a las leyes propuestas porque se trata de un “atraco”.
El panista explicó que con el cambio al artículo 42 de la Ley del Infonavit, el gobierno dispondrá del dinero que llega a las y los trabajadores a través de su subcuenta de vivienda y que suma alrededor de 2.4 billones de pesos.
Según aseguró esto lo hará sin control alguno puesto que los representantes del gobierno contarán con mayoría en las comisiones que vigilan esos recursos.
Por su parte, el senador Clemente Castañeda respaldó la reforma, pero dijo que terminaría siendo “manchada” por una legislación secundaria que le otorga al Infonavit la facultad de disponer de los recursos que están bajo su administración, que le da mayor control al gobierno federal sobre las decisiones del instituto y vulnera las labores de vigilancia al quitarle a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores esa obligación.
“La vigilancia externa del Infonavit es necesaria ya que brinda al instituto límites, márgenes de riesgo y alertas respecto a su capitalización. Debilitar las instancias de vigilancia externa para priorizar las internas implica perder el control sobre la viabilidad financiera del Infonavit”, sostuvo el senador de Movimiento Ciudadano.
En tanto, la senadora Mely Romero señaló que estos cambios abrirán la posibilidad para que el gobierno federal tome de los recursos de las y los trabajadores, los invierta bajo su nueva modalidad de constructor de vivienda y los ponga en riesgo en proyectos inmobiliarios fallidos.
“La reforma no contiene un mecanismo de protección del dinero de los trabajadores, solamente abre la puerta para que los tome”, advirtió la legisladora priísta.
El dictamen plantea la creación de una empresa filial del Infonavit que se encargará de planear y coordinar la construcción de desarrollos habitacionales que podrán ser adquiridos en propiedad o en arrendamiento social.
Al respecto, refiere que el instituto, por sí mismo o por conducto de su empresa filial, podrá destinar los recursos bajo su administración para inversiones propias para la construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles en terrenos de su propiedad y destinados a la vivienda de sus derechohabientes.
Los proyectos de vivienda, según indica, serán supervisados por comités integrados en su mayoría por funcionarios de gobierno, lo que ha generado amplias críticas por parte de la oposición.
Asimismo, señala que el Infonavit deberá establecer programas para otorgar acceso a la vivienda a los trabajadores mediante el esquema de arrendamiento social.
