Ciudadanos y celulares empadronados
Ana Celia Montes Vázquez
A nadie le agrada realizar trámites, ni mucho menos cuando se trata de recabar datos biométricos; es decir, que le tomen y le graben a una ya no sólo las huellas dactilares, sino el iris ocular y del reconocimiento facial amén del registro de la firma y la fotografía del rostro. “Nomás falta el de la saliva para que sean dueños de nuestro ADN”, decía una amiga en una afirmación no tan lejana de la realidad. En fin, cualquier trámite en nuestro México lindo y querido es engorroso y tardado, por ello el anuncio de la aprobación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil ha levantado una serie de protestas y escepticismos constituyéndose, por cierto, en un motivo más para defenestrar las acciones del gobierno actual autodenominado la Cuarta Transformación.
Para quienes a estas alturas todavía desconozcan de qué trata este asunto o de plano no se hayan enterado, en días pasados el senado de la República aprobó que todo usuario de un teléfono celular debe registrar los datos antes mencionados y proporcionar copia de la credencial de elector bajo pena de multa, tanto para el individuo que compre como para la empresa telefónica que venda. El propósito: Configurar un registro para evitar que el crimen organizado cometa ilícitos por medio de llamadas, tales como extorsión y fraudes.
Sin duda alguna, todo esto resulta interesante y pareciera hasta necesario para frenar a la delincuencia y, ojalá, de paso a esas empresas que todo ofertan y también a esos amenazantes cobradores; sin embargo, la reacción ciudadana no se dejó esperar expresando su repudio argumentando, entre otras cuestiones, que se están violando el derecho humano a la privacidad.
A esto le agrego el que en nuestra cotidianidad estamos saturados de trámites de todo tipo e índole, y ni qué decir de contraseñas mejor conocidas como NIP. Baste un ejemplo, hasta para obtener la tarjeta de la leche Liconsa o recibir la vacuna anticovid se debe imprimir la CURP (clave única de registro de población) actualizada, es decir, si tiene más de 8 meses ya no es válida porque debe presentar el código de barras vigente y otros candados como bandas de colores y tipografía, obstaculizando a quienes no tienen acceso a internet o que por edad o condición se les dificulten estos dos simples pero necesarísimos trámites para la diaria subsistencia.
Ahora bien, tal vez las mejores intenciones sustentan la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil pero no son claras sus reglas de operación ni cómo será el beneficio inmediato para la ciudadanía, porque si de entrada se establece como obligatorio el someterse a escrutinio biométrico ya encuentra varios obstáculos e interrogantes como en dónde y cómo se obtendrán y, lo más importante, en dónde quedarán registrados y quién se hará responsable de su buen uso y resguardo, pues nadie desea que esa información tan sensible esté al disposición de nadie, como sucede y por supuesto que sí sucede con datos bancarios y la propia credencial de elector.
De por sí la vida se ha complicado con el confinamiento y el coronavirus como una omnipresencia indisoluble, indiscutible e inexorable para que ahora se añada un requisito fastidioso que podría interponerse en algo que se ha hecho fundamental ahora: La comunicación. Tanto así, que en plena Jornada Nacional de Sana Distancia (mejor conocida como la cuarentena del 2020) una actividad considerada esencial junto con la venta de alimentos, medicinas y servicios bancarios fue la telefonía celular, por lo cual se torna hasta peligrosa esta disposición y cuanti más si es impositiva en momentos de incertidumbre que añade el proceso electoral.
