Ley Chayote
Ana Celia Montes Vázquez
Para todos aquellos y aquellas que laboran en los medios de comunicación colectiva, sin lugar a dudas, la palabra “chayote” y el verbo “chayotear” les son familiares aunque no estén reconocidos por la Real Academia de la Lengua Española. Sin embargo, cabe aclarar para quienes no estén familiarizados que esos términos se refieren a un pago a periodistas y a recabar ese tipo de pagos; en otras palabras, constituye un especie de soborno para alguien involucrado con los mencionados medios de comunicación publique información o dé una opinión favorable o desfavorable, dependiendo de los intereses del otorgante, y, por consiguiente, el “chayotear” se refiere a recabar ese tipo de emolumentos, recibirlos y buscarlos, por lo que a quien lo lleva a cabo se le conoce como “chayotero”, denominación no muy honrosa, por cierto. Y se le equipara a la verdura porque es espinoso, a todo mundo le pica en las manos, pero es muy buscado y nutritivo.
Ahora bien, resulta paradójico que exista una ley para regularizar esa “chayotera” situación. Así es, la Ley General de Comunicación Social de 2018 fue promulgada por el entonces presidente priísta Enrique Peña Nieto, misma que permitía el otorgamiento discrecional –o sea, como se quisiera y conviniera— en autorizar pagos por concepto de publicidad oficial a los medios informativos, obvio con el respectivo pago$$$$, ahora salta a los titulares de esos mismos medios porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la echó para atrás por considerarla como contraria a la libertad de expresión, pues así oficializaba el “chayoteo” tanto de parte del gobierno como de los medios, lo que necesariamente requiere una reflexión al respecto.
La gran mayoría de los medios de comunicación masiva sean prensa, televisión, radio o medios digitales viven de la publicidad oficial, esa misma en forma de fotos, notas informativas, entrevistas e informaciones exclusivas, desplegados, comunicados de prensa o los anuncios propagandísticos oficiales, por ejemplo el Informe de Gobierno sea del nivel que fuere y del color ideológico que sea, o de la campaña de vacunación, así como las campañas en medios que incluyen horarios y tarifas preferenciales garantizando llegar a grandes audiencias. Y eso sí, ni duda cabe que no todos son los favorecidos, tal vez por eso mismo Peña Nieto promulgó esa Ley para de alguna manera pagar favores recibidos durante su campaña electoral presidencial y durante el ejercicio de la Presidencia, desde cuidarle la imagen hasta enseñarlo a hablar y posar frente a la cámara.
El caso es que ningún medio informativo vive de la venta de suscripciones y sí de esta publicidad oficial –mejor dicho, propaganda oficial–, así como de publicidad privada y en eso también radica, tristemente, en mucho la labor de reporteros y líderes de opinión: Atraer esos contratos para sus medios y obtener una comisión, dado que los salarios no dan para mucho, pero las conexiones sí por lo que muchas fuentes informativas son jugosos y ansiados cotos de poder. Lo cierto es que la publicidad oficial contribuye a pagar la nómina, esa misma que se ha visto mermada en la 4T y, por lo tanto, ha acentuado una crisis laboral en esas empresas de la iniciativa privada llamadas medios de comunicación provocando el cierre de varias y el despido de muchos compañeros.
Sin embargo, cabe resaltar un pequeño, pero gran detalle: La libertad de expresión, sí, esa misma consignada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y enarbolada por los dueños de las compañías periodísticas, la cual también señala que los ciudadanos tenemos derecho a acceder a los medios de comunicación colectiva para ejercer esa libertad de ideas y opinión, aunque en los hechos a lo más que se llega es a un correo de lector, una sección de preguntas o a lo expresado en las redes sociales. Y llegado a este punto, si me permiten hablar pregunto: ¿Qué tan confiable resulta entonces un medio informativo y de opinión que sólo alaba o ataca a un mandatario por el solo hecho de no tener “chayote”?
