- Urge atacar riesgos, dijo el funcionario
- Banqueros en desacuerdo con leyes fiscales
- Sí CoDi con CIBanco
Agustín Vargas*
El pasado 25 de septiembre Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se reunió con legisladores para analizar algunos riesgos para el sistema financiero y entre ellos mencionó a la delincuencia organizada, el robo de hidrocarburo, los decomisos, la corrupción, la economía informal y el flujo de efectivo en pesos.
Ante esta situación, el funcionario destacó que se requieren políticas que los ataquen, por lo que solicitó a legisladores valorar las iniciativas que se encuentran en el Congreso de la Unión en estos temas, para mejorar y cumplir los estándares internacionales.
En la reunión del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, precisó que se necesita modificar la Ley de Instituciones de Crédito –que está en la Cámara de Diputados y que fue aprobada por el Senado de la República, así como reformar el Código Penal Federal y la Ley General del Sistema Anticorrupción, entre otros.
Uno de los puntos destacados en su charla con los legisladores, fue el de la economía informal, pues en México el 57 por ciento de la población está en ella; representa el 22 por ciento del Producto Interno Bruto y el problema radica en la falta de bancarización, pues sólo el 37 por ciento de la economía está bancarizada.
“Debemos avanzar en un proceso que permita tener mayor presencia de las personas utilizando las redes del sistema financiero, en lugar de usar la economía informal, debido a que esto puede ser un riesgo”.
Esto por supuesto, dijo el funcionario, está relacionado con el flujo de efectivo en pesos. El Banco de México ha reportado un aumento gradual del número de dinero en efectivo que está circulando, lo cual ha sido analizado por académicos quienes subrayan que parte del recurso va a campañas electorales.
De igual modo, expuso, el circulante está relacionado con la corrupción y la generación de empresas fachada. “Este flujo es un riesgo en temas de lavado de dinero; sin embargo, en dólares ha disminuido, a partir de las reformas normativas para impedir y establecer topes de flujo. Lo que se busca es generar una Estrategia Nacional Antilavado, la cual parta de lo que esta Cámara de Diputados determine en las normas específicas”.
Dio algunas cifras. Hasta el momento hay 133 acuerdos de bloqueo, en términos del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Los montos de forma directa ascienden a cuatro mil 347 millones de pesos e indirecta, a 685 millones 855 mil 174. En el caso de los dólares se habla de más de 49 millones que se encuentran bloqueados.
En ese sentido, pugnó por adicionar un artículo 116 bis a la Ley de Instituciones de Crédito, que permita establecer el procedimiento y la garantía de audiencia ante los bloqueos de cuentas.
Banqueros en desacuerdo
Ayer, el sector bancario hizo eco de las propuestas del Ejecutivo encaminadas al combate a la corrupción, la defraudación fiscal, eliminar a todas las empresas factureras que emiten facturas apócrifas y que todas las personas que tengan obligaciones fiscales las cumplan al 100 por ciento.
Sin embargo, manifestó su inconformidad y preocupación por las iniciativas de ley en materia tributaria, enviadas dentro del paquete económico 2020, sobre todo las que pretenden gravar con un mayor impuesto el ahorro, topar la deducibilidad de los intereses, la Ley de Extinción de Dominio y las relativas a la defraudación fiscal.
Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, se pronunció en desacuerdo con el incremento al impuesto al ahorro de 1.05% a 1.45 por ciento.
Dijo que el incremento que se plantea al impuesto sobre el ahorro, impactaría más a las personas de menores ingresos; mientras que otras como el tope de deducibilidad de intereses hasta el 30% y la posibilidad de extinción de dominio, desincentivarían la inversión.
Respecto a las iniciativas de defraudación fiscal y de extinción de dominio, conjuntamente, lo que propone el Ejecutivo no es sólo un tema fiscal sino un tema penal. “Están primero eliminando o acabando con las garantías individuales, esto es, el derecho a la libertad, el derecho de propiedad, el derecho de audiencia, el debido proceso y la presunción de inocencia, y esto lo sustituyen con prisión preventiva oficiosa, solamente con indicios y no con hechos reales.
“Incautación de bienes de manera arbitraria, congelamiento de cuentas bancarias con base en presunciones, sin hechos claros y contundentes, y la pérdida de control de las empresas sin hechos probados”.
Esto quiere decir que las personas que caigan en este supuesto, por cualquier opinión de un inspector del SAT acabarían privados de la libertad, sin recursos y sin bienes, sin sus empresas, en una situación de indefensión total.
Reiteró que el sector bancario apoya al 100 por ciento las medidas gubernamentales, pero hay detalles importantes, dijo, que se deben revisar y ver qué impacto pueden tener en el negocio de la banca, de los clientes de la banca y en particular la inversión. En eso ya trabajan directamente con los diputados.
Sí CoDi con CIBanco
CIBanco, que preside el empresario Jorge Rangel de Alba, confirmó que puso a disposición de todos sus clientes el sistema CoDi (cobro digital) para que puedan realizar el pago de sus compras y servicios por medio de sus teléfonos celulares, con absoluta seguridad y confianza en la protección de sus recursos.
Directivos del que se constituyó como el primer banco verde de México, comentaron que esta nueva etapa en la administración de los recursos monetarios de la población, que entre sus objetivos es reducir el uso del efectivo, coincide con su concepto de privilegiar la operación y oferta de productos y servicios sustentables que favorezcan al cuidado del medio ambiente.
La seguridad para los cobros y pagos que se realicen por medio del CoDi, plataforma para realizar operaciones por medio del teléfono celular, está garantizada en el sistema financiero mexicano, afirmó el Banco de México.
Alejandro Díaz de León, gobernador del Banxico, sostuvo que la plataforma es una extensión del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), canal por el que operan todas las transacciones del sistema financiero, y cuenta con estrictos protocolos de seguridad que fueron diseñados por todas las instituciones participantes en su creación.
El proceso del CoDi se lleva a cabo con altos estándares de seguridad. Fue diseñado con protocolos de cifrado de la información y puntos validación de la legitimidad de los mensajes, protegiendo en todo momento los recursos financieros de los usuarios para que estos lleguen a los destinatarios finales, refirió el gobernador al presentar la nueva plataforma.
Expuso que, desde este lunes, la plataforma CoDi es una realidad operativa en términos de infraestructura, y el reto que tiene todo el sistema financiero, es que se convierta en una red de pagos profunda y ampliamente utilizado.
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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx
