Ciudad de México.- Una vez que el proceso electoral concluyó y ante un periodo de transición ordenado, la industria automotriz prevé una disminución en los riesgos para el desarrollo de la economía en el mercado interno.
Así lo destacó el director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales Zárate, quien dijo que ya pasada la incertidumbre electoral, se espera un mejor desempeño del mercado en los siguientes meses.
Esta previsión también es causa de la reducción en la inflación, así como la disminución de los precios de los vehículos, aunque continúan entre los principales riesgos en el corto plazo.
Aunado al movimiento del tipo de cambio y la disminución de la inversión por la demora en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo que dijo, puede influir en la inflación y en la generación de empleo.
Y es que, desde hace 13 meses, la venta de vehículos ligeros en el país ha mostrado retrocesos y en junio pasado cerró con la comercialización de 119 mil 713 unidades, cifra 3.0 por ciento inferior a la estimación realizada por la AMDA en el escenario bajo y 6.0 por ciento por debajo de lo registrado en junio de 2017.
La suma acumulada de ventas en el primer semestre fue de 680 mil 699 unidades, una caída de 8.4 por ciento en relación con el acumulado del mismo periodo del año previo.
Rosales Zárate comentó que este resultado se encuentra en línea con la estimación de la AMDA para el escenario bajo, mostrando una variación sólo de 0.2 por ciento.
En este sentido, el organismo mantiene su proyección para el cierre del año en un millón 452 mil unidades, con posibilidades de incrementar hasta un nivel de un millón 480 mil vehículos si el entorno mejora.
Al respecto, recordó que insistirán ante el equipo de transición de próximo gobierno de la República para llevar a cabo un acuerdo que incentive la venta de vehículos ligeros, a través de una menor carga impositiva.
El directivo dijo que en el ámbito macro, se debe mantener una política fiscal responsable que facilite condiciones para incrementar el financiamiento y la estabilidad de los precios.
