A través del INSABI el gobierno de la 4T autorizó la erogación de unos 6,000 millones de dólares para pagar al personal del organismo dependiente de la ONU asesorías, sueldos, seguros de vida y servicios de seguridad, entre otros gastos, pero no trae medicinas al país, función para la cual se le contrató
Norberto Vázquez
El acuerdo entre la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) estableció el pago de millones de dólares destinados a cubrir gastos por asesoría y otros servicios asociados a sus intervenciones, con una enorme sangría para el erario público.
Peor aún: ni hay medicinas para la población y de su asesoría estratégica de corte internacional, el organismo dependiente de la Organización para las Naciones Unidas (ONU) puede pasar a ser un acreedor implacable, por los millones de dólares programados en el convenio respectivo, el cual vence el 2024.
El 31 de julio del 2020, en la conferencia matutina frente al presidente Andrés Manuel López Obrador quedó signado el acuerdo para la adquisición de medicamentos y material de curación entre la Unops y el Gobierno de México, a través del Insabi, representado por su titular Juan Ferrer.
Se dijo entonces que dicha mega compra sería la más grande de la historia, pues implicaría productos por cerca de 100 mil millones de pesos.
La firma del convenio fue anunciado de manera espectacular teniendo como testigos a Jorge Alcocer, secretario de Salud; el canciller Marcelo Ebrard; Fernando Cotrim Barbieri, representante de la Unops y Cristian Morales Fuhrimann, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en México.
A casi un año de ese anuncio que generó amplia expectativa de que los problemas de abasto medicinal ahora sí quedarían resueltos en el país, es la hora de que eso no ha sucedido, por el contrario, se han agravado, y aún no hay claridad sobre los resultados del acuerdo con el organismo multilateral.
El acuerdo íntegro al que se tuvo acceso revela que la Unops, al ser una entidad del Sistema de las Naciones Unidad auto sostenible financieramente, está mandatada por la Asamblea General de la Naciones Unidas (ONU) a “recuperar los costos directos e indirectos asociados a sus intervenciones”. En términos claros, cobran por sus servicios.
Entre los costos directos establecidos como “personal profesional y soporte”, está el presupuesto previsto para el pago de expertos y consultores de nivel nacional e internacional, así como el personal de soporte administrativo: gerencia, reclutamiento de consultores, administración de contratos de expertos y consultorías, manejo de finanzas y administración del Proyecto de Implementación, asistencia legal, supervisión y monitoreo.
En este rubro, se incluyeron seguros de vida y servicios de seguridad para el personal de la ONU en el país.
Para operaciones y logística del Proyecto de Implementación, tales como el pago de misiones internacionales: viajes y diarias, talleres, comunicaciones, materiales, equipos y otros gastos operacionales hubo otra erogación. Así, los Costos Directos del Proyecto tuvieron una proyección de 6,000 millones de dólares.
Los costos directos necesarios para la gestión y control del Proyecto de Implementación (que incluyen personal profesional y de soporte, así como costos operativos) serán cargados por Unops mensualmente durante el curso de la ejecución del acuerdo conforme a su duración original o enmiendas por extensión de tiempo. Estos costos directos mensuales, son variables y dependen de varios factores relacionados con el estado del Proyecto de Implementación y la ejecución de sus diferentes fases.
De esta manera, estos pagos se realizarán mensualmente de acuerdo a una calendarización que van desde los 70 mil a los dos millones de dólares a la cuenta Unops de la institución financiera JP Morgan Chase Bank con sede en Nueva York, al número de cuenta 323-846017.
Este acuerdo quedó con las rúbricas de Fernando Cotrim Barbieri, representante en México del organismo internacional y por el Insabi, Alejandro Antonio Calderón Alipi, titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de Medicamentos y Equipamiento Médico, con fecha 31 de julio del 2020.
Esta es sólo una parte donde la Unops y su personal cobran comisiones, ya que sus asesores trabajan con México en otros temas como la elaboración del nuevo pasaporte electrónico, la venta del avión presidencial, además de obras de infraestructura como el Tren Maya.
Compras
De esta manera el gobierno de Andrés Manuel López Obrador comenzó la compra consolidada para medicinas, pero ya no coordinada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), encargado de ellas desde 2009.
Así la Unops, la Secretaría de Salud y el Insabi determinaron que como parte de su política de ahorro, austeridad y de combate a la corrupción, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, en coordinación con el sector salud, implementarían un sistema de contrataciones consolidadas basado en las mejores prácticas internacionales.
En el artículo I de dicho contrato se establece que la Unops brindará al Insabi, encabezado por Juan Antonio Ferrer, un antropólogo de profesión, paisano del presidente de nula experiencia en el sector público y en el rubro de la salud.
En el artículo II del contrato queda claro que la Unops ejecutará, “con la debida diligencia y eficiencia”, el proyecto de implementación, así como “las acciones que garanticen la transparencia, eficiencia, eficacia y mejor valor del dinero en las adquisiciones antes mencionadas”.
El artículo III es importante, porque se refiere a los costos de recuperación, que es el esquema con el que trabaja la Unops, en función de que no persigue ningún lucro en el desarrollo de sus actividades.
El costo de recuperación de este proyecto, que estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del Insabi, incluye los costos directos e indirectos de recuperación a favor de la Unops por las actividades que realizará en su ejecución.
“En caso de que por cualquier causa o razón independiente de la voluntad de la Unops el proyecto de implementación en su conjunto o uno de sus componentes tenga que interrumpir sus actividades operativas o suspenderse y/o cancelarse, la Unops recuperará con cargo al presupuesto mencionado los eventuales costos incurridos para cumplir con los compromisos ya adquiridos con terceros, para realizar las operaciones de cierre ordenado y cubrir demás contingencias”.
El acuerdo firmado entre el Insabi y la Unops fue para el periodo 2021-2024 y el compromiso acordado es de aproximadamente mil 500 millones de dólares por año, de manera que el total de compras sería de unos seis mil millones de dólares para los próximos cuatro años.
Por ese concepto la Unops, que dirige Fernando Cotrim, cobraría un total cercano a los 109 millones de dólares, de los que casi 450 mil dólares habría cobrado el año pasado.
Si nos apegamos a la proyección original, el Gobierno Federal tendría que pagarles poco más de 27 millones de dólares anuales, a ese monto habrá que agregar 36 millones de dólares adicionales por el “desarrollo de capacidades”, un rubro que se contempla en el contrato.
De acuerdo a lo programado este año, la Unops apenas logró colocar 40 % del total de las claves que establecía el contrato ya que el Insabi fue incapaz de dotarlos de las herramientas y acompañarlo en el proceso de compras consolidadas.
Por el momento el Insabi ya le quitó a la Unops el liderazgo del proyecto y se lo regresó al IMSS, a menos que haya sido por mutuo acuerdo, porque si no el gobierno de la 4T habría violado el convenio.
Al parecer el Insabi está contra la pared, con una población que no tiene medicinas y con la Unops, que de consultor estrella puede pasar a ser un acreedor implacable. Una relación maltrecha que le puede acarrear una enorme deuda al gobierno de México.
