Reforma judicial 2.0: más política que justicia
Mario Sandoval Chávez
La llamada “reforma a la reforma judicial” impulsada por Morena y el gobierno federal confirma algo que ya resulta difícil de negar:
la primera reforma judicial no logró convencer técnica, operativa ni institucionalmente.
Ahora incluso el propio Instituto Nacional Electoral pidió aplazar la elección judicial hasta 2028 para evitar un “colapso” operativo. Eso implica algo políticamente muy fuerte:
el propio sistema reconoce implícitamente que la reforma original nació con fallas graves de diseño, improvisación y exceso de velocidad política.
Y, aun así, la llamada reforma 2.0 parece más un remiendo rápido que una reconstrucción seria del sistema judicial mexicano.
La gran omisión: modernizar de verdad la justicia
La discusión pública se concentró durante meses en:
elección de jueces
legitimidad democrática
narrativa política
reorganización institucional
Pero casi nadie discutió lo verdaderamente importante:
digitalización integral
automatización procesal
ejecución efectiva de sentencias
métricas obligatorias de desempeño
responsabilidad institucional por dilación
interoperabilidad nacional
México sigue litigando como hace décadas
En pleno 2026, gran parte del sistema judicial sigue funcionando bajo lógica burocrática de hace más de cincuenta años (estamos atrapados en los 70s) en materia judicial salvo algunos avances en línea en federales y algunos locales:
exhortos físicos
oficios en papel
expedientes físicos
turnos actuariales lentos
notificaciones presenciales innecesarias
trámites manuales de edictos
certificaciones repetitivas
sellos y traslados absurdos
Y eso tiene un enorme costo económico y social.
La pregunta incómoda
¿Por qué no se moderniza realmente el sistema judicial?
Porque hacerlo implicaría tocar estructuras profundamente arraigadas:
burocracia judicial
sindicatos empoderados
plazas administrativas obsoletas
estructuras de control interno
sistemas tecnológicos deficientes
redes de poder institucional
La verdadera reforma judicial requería reducir drásticamente el peso del trámite físico y burocrático.
Pero ahí apareció la resistencia real.
La reforma no tocó el problema central. México sigue sin discutir seriamente:
métricas públicas obligatorias
productividad judicial
tiempos máximos razonables
auditoría de rezago
sanciones por dilación
responsabilidad patrimonial por inejecución
Los términos solo aplican al ciudadano
En México:
abogados
partes
empresas
ciudadanos
sí enfrentan:
términos fatales
preclusiones
sanciones procesales
Pero el aparato judicial prácticamente no enfrenta consecuencias reales por:
retrasar ejecución
congelar expedientes
diferir acuerdos
incumplir tiempos razonables
La dilación sigue siendo gratis
Y ahí está uno de los mayores fracasos estructurales del sistema mexicano. Hoy prácticamente no existen consecuencias reales por:
retrasar ejecución de sentencias
incumplir laudos laborales
mantener asuntos detenidos durante años
generar cargas procesales excesivas
El verdadero fracaso: ejecutar
La gran debilidad histórica del sistema mexicano no es emitir resoluciones.
Es ejecutarlas.
Y por eso hoy muchas veces:
es más difícil ejecutar una sentencia firme que obtenerla.
Más protección al abuso que a la justicia
En la práctica, el sistema termina generando más espacio para:
abuso del derecho
simulación procesal
tácticas dilatorias
litigio de desgaste
incumplimiento estratégico
que para impartir justicia pronta y efectiva.
El Código Nacional sigue prácticamente detenido
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares prometía:
oralidad
digitalización
expediente electrónico
trazabilidad procesal
homologación nacional
Pero sigue avanzando lentamente y sin verdadera implementación integral.
No existe todavía:
expediente judicial nacional interoperable
sistema digital unificado
ejecución electrónica eficiente
automatización masiva de exhortos y oficios
reducción sustancial de costos de edictos costosos y desproporcionados en el Diario Oficial de la Federación
No hay un plan serio de abatimiento de rezago
México mantiene miles de asuntos:
mercantiles
civiles
laborales
hipotecarios
con más de:
uno
tres
cinco
incluso diez años
sin ejecución efectiva.
Y aun así no existe una estrategia nacional seria para abatir:
rezagos judiciales
ejecución pendiente
laudos incumplidos
recuperación de garantías
El Tribunal de Disciplina: una figura sin legitimidad visible. La nueva estructura creó además un Tribunal de Disciplina Judicial que hasta ahora genera más dudas que confianza.
No queda claro:
qué indicadores utilizará
cómo medirá desempeño
cómo sancionará dilación
qué nivel de transparencia tendrá
cómo rendirá cuentas públicamente
Y ahí aparece otro problema delicado:
muchos jueces saben que las quejas administrativas rara vez generan consecuencias reales mientras políticamente permanezcan alineados con el sistema que los sostiene.
La percepción en juzgados sigue siendo la misma
En muchos órganos jurisdiccionales prevalece:
formalismo excesivo
soberbia institucional
indiferencia al justiciable
resistencia a resolver fondo
actitud defensiva
Especialmente en muchos tribunales locales, aunque cada vez más también en federales.
Los federales ya no transmiten la misma confianza. Durante años, los tribunales federales eran vistos como el nivel técnico más sólido del sistema.
Hoy esa percepción se deteriora rápidamente.
Cada vez se observan más:
formalismos excesivos
evasión de fondo
retrasos innecesarios
criterios contradictorios
temor institucional
Y eso es particularmente grave porque el sistema federal antes funcionaba como contrapeso técnico frente a muchas deficiencias locales.
La Corte tampoco ayuda a recuperar legitimidad
La Suprema Corte de Justicia de la Nación atraviesa además un problema creciente de percepción pública.
La discusión pública gira cada vez más alrededor de:
protagonismos personales
confrontaciones públicas
redes sociales
escenas mediáticas
debates políticos
y menos sobre:
jurisprudencia sólida
técnica constitucional
estabilidad de criterios
construcción doctrinal consistente
La legitimidad de una Corte no se construye con exposición mediática, sino con calidad jurisprudencial y prudencia institucional.
Es increíble que en el fútbol profesional se sanciona y se exhibe con suspensión o castigos a los árbitros por sus fallas incluso se hace público. En el mundo de la justicia mexicana eso no existe.
El Congreso tampoco sale bien librado. Y aquí aparece otra contradicción importante.
El Congreso impulsa reformas judiciales en fast track mientras:
gran parte de sus integrantes no tiene formación jurídica especializada
el análisis técnico es limitado
predomina disciplina política sobre deliberación profunda
Todo ello pese a que ambas cámaras destinan miles de millones de pesos a operación legislativa y cientos de millones anuales a estructuras de asesoría parlamentaria, centros de estudios, consultorías y apoyo técnico.
La pregunta inevitable es:
¿dónde quedó el análisis profundo de la reforma judicial antes de aprobarla aceleradamente?
El fast track responde más a lógica política que jurídica
La velocidad de las reformas parece obedecer más a:
disciplina partidista
narrativa política
necesidad de control institucional
que a una reflexión profunda sobre qué necesita realmente la justicia mexicana.
La justicia sigue en deuda con México
Y esa deuda no es únicamente con un grupo político.
Es con:
trabajadores
empresarios
víctimas
acreedores
familias
productores
inversionistas
ciudadanos comunes
México intentó transformar políticamente al Poder Judicial sin resolver primero sus problemas estructurales:
burocracia física
lentitud
falta de ejecución
ausencia de métricas
digitalización incompleta
falta de consecuencias por ineficiencia
Ese es el verdadero fracaso.
La justicia no mejora con reformas rápidas ni con narrativa política permanente. Mejora cuando resuelve, ejecuta y genera confianza.
Mientras el sistema siga protegiendo más la burocracia y el formalismo que al justiciable, el Estado de derecho seguirá debilitándose.
Porque al final, la verdadera reforma judicial no era elegir jueces: era modernizar integralmente la impartición de justicia mexicana.
CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero y abogado especializado en recuperación de activos financieros, con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.
