Mario Sandoval Chávez
El laberinto de la ejecución en México: la impunidad del papel y el refugio del capital
Ganar un juicio en México, en materias civil, mercantil, familiar o laboral, no es sinónimo de obtener justicia; a menudo es el inicio de un calvario peor. Obtener una sentencia firme o un laudo favorable se ha convertido en una victoria pírrica. El verdadero drama del sistema de justicia no está en el veredicto, sino en su ejecución. Es ahí donde el derecho se disuelve en un laberinto de hiperformalismo, improvisación, soberbia y una dilación excesiva que desangra a quien tiene el derecho legal y real. Y este diagnóstico ya no se limita a los rebasados juzgados del fuero común; el fuero federal, que solía operar como un dique de contención técnica, padece hoy los mismos vicios estructurales.
El corporativismo judicial y la opacidad disciplinaria
El fondo del problema es la falta de consecuencias. Prevalece un arraigado compañerismo judicial que actúa como un manto de impunidad y protección para juzgadores que dictan malas sentencias o sostienen criterios abiertamente arbitrarios. Los Consejos de la Judicatura locales y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial operan en una opacidad absoluta. En el ecosistema judicial no pasa nada, a menos que el juzgador caiga de la gracia del grupo de control y poder en turno.
El ejemplo más nítido de esta preocupante concentración de poder y conflicto de interés institucional se observa en la capital del país. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) —que gestiona más del 50% de los asuntos litigiosos a nivel nacional— sigue bajo el férreo control de Rafael Guerra, quien prolonga su mandato gracias al respaldo político del oficialismo. La gravedad institucional aumenta al cruzar la mirada con el ámbito federal: su esposa, Verónica De Gyves, es parte del Tribunal de Disciplina Judicial. Esta cercanía familiar y política entre quien administra la justicia local más masiva del país y quien debe vigilar la disciplina de los juzgadores rompe cualquier principio de imparcialidad. Es un conflicto de intereses flagrante que legitima la arbitrariedad en las resoluciones.
Esta columna no emana de la comodidad de la academia, de las teorías de escritorio ni de estadísticas oficiales maquilladas. Nace de los pasos andados litigando en juzgados de todo el país. Quienes litigamos en juzgados y en las salas de audiencias desarrollamos un olfato clínico: sabemos de inmediato cuándo la contraparte está haciendo un trabajo técnico y cuándo recurre a «machotes» y recursos chicaneros burdos con el único fin de generar tiempo. De igual manera, observamos con total claridad qué jueces y secretarios analizan, arrastran la pluma y trabajan, y quiénes se montan en su ladrillo de poder, creyendo ingenuamente que sus acuerdos de poder externos y sus complicidades no se ven. Sus sentencias forzadas y sus dilaciones calculadas hablan por ellos.
Brecha digital y el abuso del derecho
La ineficacia en la ejecución también se alimenta de una profunda y dispar infraestructura tecnológica. El juicio en línea a nivel local es una simulación en la mayor parte del territorio. Mientras que en entidades del sureste los juzgados siguen operando como en la década de los setenta, estados como Nuevo León operan digitalmente con robustez, apoyando su inversión y desarrollo. En contraste, la Ciudad de México ofrece un servicio digital deficiente: a diferencia de las plataformas federales o del Estado de México, cuyos sistemas operan las 24 horas de los 365 días del año, el TSJCDMX impone horarios limitados al entorno digital, un absurdo técnico que frena la celeridad que los procesos de ejecución exigen.
Esta lentitud es el caldo de cultivo para el abuso del derecho. Recursos chicaneros e incidentes notoriamente improcedentes son admitidos con una ligereza pasmosa, deteniendo pagos y parando ejecuciones de forma impune. Esta laxitud procesal explica, en gran medida, el repunte de delitos complejos como el despojo continuado de inmuebles, operado por grupos de abogados de mediano y alto perfil dedicados exclusivamente a entorpecer e impedir la ejecución de sentencias, aprovechando con pericia las fallas de nuestro sistema.
El freno normativo y la barrera de los edictos
Es también importante destacar que sigue pendiente el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares aplicable a nivel nacional por el fuero común y el federal. Un ejemplo crítico es el tema de la publicación de edictos; en materia federal se sigue ordenando su realización en el Diario Oficial de la Federación (DOF), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Esto resulta sumamente costoso para quien busca notificar a una contraparte que se oculta o se niega a comparecer a juicio. Los costos son del orden de los 100 mil pesos por un medio que, fuera de las instituciones públicas, el público en general no consume, pues hoy solo existe en versión digital. Aunque el nuevo Código plantea alternativas digitales menos onerosas, la falta de implementación por parte de los poderes Judicial y Legislativo mantiene congelada esta solución, perpetuando una barrera de acceso inaccesible para muchos.
La simulación financiera: castigos vs. recuperación real
El sector financiero mexicano presume con bombo y pretillo que «va muy bien», exhibiendo Índices de Morosidad (IMOR) históricamente bajos. Pero esa es una foto tramposa. Si desagregamos su cartera hipotecaria y PYME, y analizamos no cómo la sacan del balance mediante castigos financieros para limpiar sus métricas regulatorias, sino en qué tiempo y bajo qué condiciones la recuperan realmente por la vía judicial, la realidad es de espanto.
Una cartera morosa hipotecaria que se va a jurídico tarda años en ejecución dentro de este laberinto procesal. Esta ineficiencia erosiona el valor de las garantías y afecta directamente la estabilidad de las instituciones. Las caídas de Banco Famsa, Crédito Real o Accendo Banco son recordatorios brutales de una máxima del mercado: el sector financiero crece aritméticamente, sumando márgenes, pero cuando pierde, lo hace geométricamente, borrando capital de golpe.
Un Poder Judicial degradado es veneno para el negocio bancario productivo. Al no existir certeza de que una garantía pueda ejecutarse en un plazo razonable, la banca privada huye del riesgo y reorienta su enfoque de manera casi exclusiva al consumo (tarjetas de crédito, préstamos personales y de nómina). Las tasas de interés estratosféricas de estos productos no son casualidad: están matemáticamente diseñadas para cobrarle al cliente cumplido el boquete financiero que dejará el moroso, compensando así la cartera vencida que el sistema judicial es incapaz de recuperar.
Consecuencias de la ideologización
Para agravar el panorama, la reciente reforma judicial ha colocado en los juzgados del fuero común y federal a personajes con intereses de grupo e ideología, sacrificando la capacidad técnica, la experiencia comprobada, la probidad profesional y la ética. Ver las escenas que se filtran en la Suprema Corte es un reflejo de lo que se redistribuye hacia abajo en los tribunales federales y locales.
Recientemente, esta semana ya estaban involucrando el cobro de ISR en las herencias de afores o pretendiendo revivir asuntos en materia fiscal que ya constituyen cosa juzgada. Ese es el nivel de las personas que llegaron a la Corte por el voto de apenas el 10% del padrón electoral, por lo que su legitimidad y credibilidad enfrentan una duda razonable.
Sentarse a esperar que un derecho se ejecute en México se ha vuelto una utopía. Mientras las sentencias sigan siendo opcionales, negociables o eternizables por la vía de la chicana y la complacencia judicial, la economía formal, el empleo y la credibilidad del país seguirán pagando la factura. La justicia mexicana continuará siendo lo que es hoy: un derecho que solo existe en el papel, mientras el capital se refugia en la usura del consumo para sobrevivir al colapso de las leyes.
CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero y Abogado especializado en recuperación de activos financieros, con más de 30 años de experiencia a nivel directivo
