Ciudad de México.- Una jueza federal declaró este martes a TV Azteca en concurso mercantil, abriendo un plazo de un año como máximo para que la televisora de Ricardo Salinas Pliego negocie con sus acreedores 23,345 millones de pesos en pasivos o enfrente la quiebra, de acuerdo con Reforma.
El expediente de la empresa lista 1,970 deudas, cuyo monto representa un incremento de 147% frente a los 9,449 millones de pesos que adeudaba al cierre de 2022.
TV Azteca cotizaba en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo AZTECA CPO, pero canceló su inscripción en el Registro Nacional de Valores el 13 de marzo de 2026, conforme al Oficio No. 153/4685/2026 emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Como parte de ese proceso, la empresa constituyó el fideicomiso número F/1597 y transfirió los recursos necesarios para adquirir la totalidad de los valores que se encontraban entre el público inversionista.
El conflicto más agudo involucra a los tenedores de bonos emitidos en Nueva York, el mayor grupo acreedor individual. Según Reforma, esos bonistas reclaman aproximadamente 9,178 millones de pesos conforme al propio expediente de TV Azteca, pero presentaron la semana pasada una demanda ante un tribunal federal de Nueva York solicitando una moción de sentencia sumaria por 663 millones de dólares (alrededor de 11,600 millones de pesos) en capital e intereses no pagados desde 2021.
Lo que complica aún más la situación es la clasificación que TV Azteca le otorgó a esos instrumentos: los bonos figuran como «deuda común sin garantía», categoría para la cual la empresa propone una quita de hasta 90%.
La resolución de la jueza Tessy del Rocío Covarrubias Torres, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, ordena a TV Azteca suspender el pago de los adeudos previos a la sentencia, con excepción de los indispensables para la operación ordinaria. En sus propias palabras: «Se ordena que durante la etapa de conciliación sea suspendido todo mandamiento de embargo o ejecución contra los bienes y derechos de la comerciante.» Adicionalmente, los consejeros del Consejo de Administración quedaron bajo arraigo, es decir, no pueden salir de la Ciudad de México sin designar un representante legal.
Una de las controversias centrales del caso, detallada por Reforma, gira en torno a un préstamo de 4,090 millones de pesos que TV Azteca reconoció como deuda con Alter Bank, descrito como un «banco alternativo» de la isla caribeña de Santa Lucía. Alter Bank no cuenta con presencia pública verificable como institución financiera regulada en jurisdicciones de referencia, y los tenedores de bonos neoyorquinos han señalado vínculos no divulgados entre esta entidad y el conglomerado Grupo Salinas. Esa deuda, a diferencia de los bonos de Nueva York, está respaldada por concesiones y otros activos, lo que la colocaría en una categoría preferente dentro del proceso.
Los tenedores de bonos neoyorquinos alegan que el préstamo es fraudulento y tiene el único objetivo de desplazarlos como acreedores preferentes, según Reforma. Como respuesta, presentaron un recurso en Miami para obligar a ejecutivos de Alter Bank a declarar y entregar documentación sobre su relación con TV Azteca.
Por su parte, la empresa justificó el financiamiento de Alter Bank como una operación urgente para mantener la liquidez tras haber pagado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) créditos fiscales por 8,492 millones de pesos.
En paralelo a la deuda de Alter Bank, Reforma señala que 1,897 millones de pesos que TV Azteca debía originalmente a Banco Azteca fueron transferidos a Numchi Servicios, una gestora de cartera vencida. Otros 3,500 millones de pesos corresponden a obligaciones con otras empresas del conglomerado de Salinas Pliego y, conforme al procedimiento legal, no tendrán derecho de voto en una eventual propuesta de reestructura.
La declaración de concurso mercantil activa el marco legal mexicano que concede hasta 12 meses de conciliación antes de que proceda una declaración de quiebra formal. El plazo de conciliación vence aproximadamente en julio de 2027, fecha límite antes de la cual TV Azteca deberá presentar una propuesta de reestructura o enfrentar declaración de quiebra formal. El principal riesgo para los bonistas de Nueva York es que, si la propuesta de quita de 90% prospera, su recuperación sería mínima sobre un instrumento que ya acumula años de incumplimiento.
El caso se desarrolla simultáneamente en tres jurisdicciones: los tribunales mexicanos de concurso mercantil, un juzgado federal en Nueva York donde avanza la demanda por 663 millones de dólares, y un procedimiento en Miami dirigido a obtener testimonios y documentos de Alter Bank.
La resolución de las disputas sobre prelación de créditos entre Alter Bank, Numchi Servicios y los bonistas internacionales será determinante para definir cuánto recuperan los distintos acreedores y si TV Azteca logra mantenerse operando como uno de los dos grandes consorcios de televisión abierta en México.
Para los inversionistas en deuda, el desenlace depende de un escenario binario: si los tribunales de Nueva York reconocen la reclamación de 663 millones de dólares como preferente, la quita aplicable podría reducirse significativamente respecto al 90% propuesto; si prevalece la clasificación mexicana de deuda común sin garantía, la recuperación para esos bonistas sería mínima.
