Cuando la justicia también manda señales a los mercados
Mario Sandoval Chávez
El caso Ruffo, la confianza institucional y el costo económico de una justicia percibida como selectiva.
Conocí a Ernesto Ruffo Appel hace más de 35 años, cuando siendo gobernador de Baja California nos inauguró instalaciones de Banamex en Baja California. A lo largo de mi trayectoria profesional en el sector financiero, tuve oportunidad de trabajar y tratar con autoridades en distintos estados del norte, centro, sur y sureste del país. De los gobernadores con quienes tuve contacto, Ruffo fue, en mi experiencia personal, uno de los más decentes.
Eso no demuestra su inocencia.
Tampoco su trayectoria política puede convertirse en inmunidad.
Si la Fiscalía General de la República tiene pruebas suficientes para acreditar que participó conscientemente en delitos, debe presentarlas ante los tribunales y asumir la responsabilidad que corresponda.
Pero tampoco podemos ignorar lo extraordinario del caso.
Hablamos de un hombre de 74 años, del primer gobernador panista de Baja California y de una figura emblemática de la alternancia política mexicana, detenido y presentado mediante un despliegue de alto impacto, esposado y rodeado por elementos federales, como corresponde a la imagen pública de un individuo de elevada peligrosidad.
Una orden de aprehensión, sin embargo, no es una sentencia. Y cuando una actuación de esta naturaleza ocurre en un país cuyo Poder Judicial atraviesa una reforma profundamente cuestionada por su politización, la pregunta deja de ser solamente quién es Ernesto Ruffo.
La pregunta es qué mensaje está enviando México sobre la forma en que aplica la ley.
Una sola justicia o varias
El problema central no consiste en afirmar que Ruffo es inocente porque fue un gobernador respetado.
Eso sería jurídicamente absurdo.
El problema es la percepción de asimetría.
En México existen otros personajes públicos —entre ellos gobernadores, exsecretarios y dirigentes políticos— alrededor de los cuales han surgido controversias, investigaciones periodísticas o cuestionamientos públicos. Eso tampoco demuestra responsabilidad penal de personas como Rubén Rocha Moya, Marina del Pilar, Maru Campos o Adán Augusto López Hernández.
Pero la ciudadanía observa.
Observa cuándo la autoridad actúa.
Observa cuándo investiga.
Observa cuándo despliega toda la fuerza del Estado.
Y observa también cuándo parece no hacerlo.
Ahí comienza el problema de credibilidad.
Porque un Estado de derecho no puede funcionar bajo la percepción de que existen diferentes velocidades de justicia dependiendo de la cercanía o distancia respecto del poder político.
Baja California no es cualquier estado.
El efecto tampoco es exclusivamente político.
Baja California es una de las economías estratégicas de México.
En abril de 2026 registró aproximadamente 5,596 millones de dólares en ventas internacionales y 4,647 millones en compras, con un superávit mensual cercano a 949 millones de dólares. Estados Unidos fue, por enorme diferencia, su principal destino comercial. La entidad acumuló además unos 36 mil millones de dólares de inversión extranjera directa entre 1999 y 2024.
Es una economía binacional.
Tijuana, Mexicali, Tecate y el resto de la región forman parte de cadenas productivas que no terminan en la frontera.
Electrónica.
Dispositivos médicos.
Manufactura.
Automotriz.
Logística.
Comercio.
Servicios.
Por eso cualquier señal de incertidumbre institucional tiene una lectura diferente en Baja California.
Un inversionista estadounidense puede no conocer personalmente a Ruffo ni interesarle su historia política.
Pero sí entiende perfectamente tres palabras:
Rule of law.
Estado de derecho.
La reputación institucional también tiene precio
México exportó a Estados Unidos alrededor de 535 mil millones de dólares durante 2025, un máximo histórico. El intercambio bilateral total alcanzó aproximadamente 873 mil millones de dólares.
En 2026, Estados Unidos sigue absorbiendo una proporción extraordinariamente alta de las exportaciones mexicanas; datos oficiales recopilados por Data México sitúan esa participación alrededor del 83%.
Eso significa que nuestra reputación institucional ya no es exclusivamente un asunto doméstico.
Los consejos de administración internacionales evalúan:
seguridad;
regulación;
energía;
impuestos;
T-MEC;
Poder Judicial;
protección de inversiones;
cumplimiento de contratos.
Y también evalúan riesgo político.
Una empresa puede tolerar impuestos altos si conoce las reglas.
Puede asumir costos laborales elevados si existe productividad.
Puede aceptar regulaciones estrictas si son previsibles.
Lo que difícilmente puede cuantificar es una justicia percibida como discrecional.
Porque el riesgo político no siempre provoca que una empresa abandone inmediatamente un país.
Su efecto suele ser más silencioso.
La inversión nueva se pospone.
El consejo solicita otro estudio.
La matriz reduce el monto.
El proyecto se divide.
La tasa de retorno exigida aumenta.
El capital termina en otra jurisdicción.
Y nadie anuncia una conferencia de prensa para explicar la inversión que nunca llegó.
El caso Ruffo como señal
Por eso considero que el caso debe manejarse con enorme responsabilidad institucional.
Si existen pruebas sólidas, que se presenten.
Si Ruffo participó conscientemente en una organización criminal, deberá responder.
Pero la Fiscalía debe demostrar con claridad qué hizo.
Qué sabía.
Cuándo lo supo.
Cuál fue su participación personal.
Y cuáles son las pruebas.
Su calidad de empresario, accionista o exgobernador no puede sustituir la acreditación individual de una conducta delictiva.
Tampoco debería hacerlo el espectáculo de una detención.
Particular atención merece cualquier cuestionamiento sobre cambios de juzgadores o decisiones judiciales sucesivas alrededor de una orden de aprehensión. Que exista un cambio de juez no demuestra, por sí mismo, manipulación alguna. Pero precisamente por el contexto actual del Poder Judicial, las autoridades deberían ser extraordinariamente transparentes para evitar que se genere la percepción de que, cuando una resolución no resulta favorable, simplemente se busca otra vía para obtenerla.
La confianza institucional tarda décadas en construirse.
Y minutos en deteriorarse.
¿Esto beneficia a México?
Sí, si se demuestra que la ley alcanza a todos.
Un México capaz de investigar y sancionar corrupción, contrabando, delincuencia organizada y delitos fiscales, independientemente de quién resulte responsable, fortalece su posición internacional.
Eso genera confianza.
Pero ocurre exactamente lo contrario cuando la sociedad percibe selectividad.
Si los adversarios enfrentan una justicia rápida y espectacular mientras los personajes cercanos al poder reciben un tratamiento aparentemente diferente, el mensaje cambia.
Ya no es combate a la impunidad.
Es percepción de utilización política de las instituciones.
Y eso perjudica a todos.
Al gobierno.
Al Poder Judicial.
A las empresas.
A los inversionistas.
Y finalmente al ciudadano.
El momento no podría ser más delicado
México enfrenta además un entorno económico complicado. Las previsiones recientes sitúan el crecimiento de 2026 alrededor de apenas 1%, con estimaciones diferentes entre organismos, mientras la inversión pública ha permanecido en niveles reducidos y persisten cuestionamientos sobre productividad, deuda y Estado de derecho.
Al mismo tiempo, el T-MEC atraviesa un periodo crítico de negociación y revisión. La industria automotriz mexicana ya enfrenta incertidumbre por aranceles estadounidenses y posibles modificaciones a las reglas de origen.
No parece el mejor momento para agregar incertidumbre institucional.
México necesita convencer al mundo de que es un país donde se puede invertir durante veinte o treinta años.
Eso requiere mucho más que mano de obra competitiva y cercanía geográfica.
Requiere instituciones creíbles.
Una reflexión personal
El Ernesto Ruffo que yo conocí no corresponde con la imagen de un «capo de capos».
Puedo estar equivocado.
Las personas pueden tener facetas desconocidas incluso para quienes trataron con ellas.
Por eso existen los tribunales.
Pero precisamente por eso necesito que las instituciones me convenzan con pruebas.
No con esposas.
No con fotografías.
No con despliegues.
Y mucho menos con afinidades políticas.
México tiene ante sí una oportunidad extraordinaria por su integración económica con Norteamérica. Pero para aprovecharla necesita demostrar algo elemental:
que la ley no tiene partido.
Si Ruffo es culpable, que sea condenado con pruebas y debido proceso.
Si no lo es, que sea absuelto.
Y que exactamente la misma vara se utilice frente a cualquier gobernador, secretario, empresario o dirigente político, sin importar sus relaciones con el gobierno en turno.
Porque la justicia selectiva tiene un costo que no aparece en el Presupuesto de Egresos.
Se refleja en inversión que se pospone.
En empresas que no crecen.
En capital que exige una mayor prima de riesgo.
En empleos que no se crean.
Y en una imagen internacional que comienza a preguntarse si México ofrece solamente ventajas geográficas y comerciales o también instituciones capaces de protegerlas.
La verdadera prueba del nuevo Poder Judicial mexicano no será demostrar que puede perseguir a los adversarios del poder.
Será demostrar que puede investigar, juzgar y, en su caso, sancionar con la misma independencia a quienes están cerca y a quienes están lejos de él.
Eso sí beneficiaría a México.
Y ésa sería, quizá, la mejor señal que podríamos enviar al mundo.
CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero y abogado especializado en recuperación de activos financieros, con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.
