Lo que haga el gobierno es “correcto” no más amparos
Norberto Vázquez
Me leí prácticamente la iniciativa que llegó al Senado de la República proveniente de la Secretaría de Gobernación bajo el oficio número 100 y la asignación 618 que consta de 116 páginas.
La lectura que tengo de esta nueva Ley de Amparo es: “yo gobierno hago lo correcto”, “vigilo el interés común y no me equivoco”, así que ciudadano, “te quito el amparo” y deja de molestar “en mis actos de gobierno”.
Con su origen en el Poder Ejecutivo y enviada al Poder Legislativo, la nueva propuesta de Ley de Amparo ha agitado el debate parlamentario nacional donde expertos en materia judicial, diputados federales, asociaciones civiles y académicos, han encendido los focos rojos advirtiendo que los cambios implican un retroceso frente a actos del Estado mexicano.
¿Por qué? Pues argumentan restricciones a ciudadanos, grupos vulnerables y colectivos a tener acceso a la justicia mediante el juicio de amparo, siendo este uno de los hechos más antidemocráticos de los más recientes 50 años en México.
De aprobarse estas enmiendas, una expresión legal y constitucional inalienable para millones de ciudadanos se verá prácticamente borrada del mapa en la impartición de justicia nacional.
Se trata de la “suspensión” que en la Ley de Amparo es una medida cautelar, que busca detener provisionalmente un acto de autoridad para evitar que se cause un daño irreparable al quejoso mientras un juez resuelve el fondo de su juicio o en todo caso su amparo.
Esta suspensión funciona como un “botón de pausa” que paraliza el acto reclamado y obliga a la autoridad judicial a detener su actuación hasta que se determine si el acto es constitucional o no.
La propuesta de reforma constitucional no solo modifica la Ley de Amparo, sino que impacta también al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, el Código Fiscal de la Federación entre otras normativas clave, limitando el acceso a la justicia al restringir el “interés legítimo” dejando a los ciudadanos indefensos ante acciones gubernamentales que afecten indirectamente sus derechos humanos.
Vayamos por partes. La reforma busca impedir las suspensiones cuando el gobierno federal argumente que afectan el “interés social” o el “orden público” en materia administrativa como en el caso de proyectos como el Tren Maya donde organizaciones civiles, colectivos indígenas y activistas ambientales se ampararon al menos 50 veces para defender los derechos de los pueblos originarios, proteger el medio ambiente y asegurar un proceso de consulta adecuado para su construcción.
Otro ejemplo fue como diversas asociaciones civiles y de padres de familia en por lo menos siete estados del país, promovieron amparos para frenar la distribución de los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública, argumentando que no se cumplieron con los procesos legales de consulta en su contenido y la aprobación para su distribución en el ciclo escolar 2023-2024.
En la actual Ley de Amparo vigente se expone que la persona quejosa debe tener un interés legítimo individual o colectivo, sin especificar a qué se refería con el “interés legítimo”.
En la iniciativa propuesta se añade un párrafo al artículo 5 para exponer que el “interés legítimo” es que la reclamación debe ocasionar en el quejoso una “lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto, directo y no meramente hipotético o eventual”.
Al respecto académicos exponen que ahora para la protección de un bosque, un río o una zona arqueológica por una obra de gobierno, solo se aceptará si en la solicitud de amparo demuestra un daño directo y personal sin involucrar a los demás, lo que significa que si talan un bosque o contaminan el aire nadie podrá defenderse a nombre de la comunidad, grupo colectivo u organización civil. Adiós a los amparos colectivos.
Cabe señalar que al momento un amparo colectivo no tiene un número fijo de personas, ya que este depende de la cantidad de individuos que se vean perjudicados de forma común por un mismo acto de autoridad.
Por si fuera poco se pretende eliminar la responsabilidad de los funcionarios públicos, hoy con la actual ley si un burócrata se niega a cumplir una sentencia de amparo puede ser sancionado de manera directa e incluso con multas directamente a su propio bolsillo.
Con la nueva reforma esas sanciones ya no serán personales sino contra la institución donde labora ese funcionario, en otras palabras, estas se van a pagar con dinero público: el funcionario público que desacate un amparo no va a pagar nada, las multas serán pagadas por todos los ciudadanos con sus impuestos.
La lista es larga, y la verdad, no me están gustando los pasos antidemocráticos que está dando el Estado mexicano.
