Remesas, daños colaterales Trump-Sheinbaum
Norberto Vázquez
La orden ejecutiva Restaurando la integridad del sistema financiero de Estados Unidos firmada por la administración de la Casa Blanca encabezada Donald Trump instruyó a las autoridades financieras de ese país a endurecer la supervisión de transferencias internacionales de bajo monto y los requisitos de identificación de los cuentahabientes, bajo el argumento de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al narcotráfico.
Para analistas financieros, esto representará diversos obstáculos para los 11.5 millones de personas nacidas en México que radican en la Unión Americana al establecerse que los bancos norteamericanos verificarán el estatus migratorio de sus usuarios y exigirán mayor vigilancia financiera para evitar transferencias de bajo monto relacionadas con el crimen organizado.
De estos 11.5 millones de personas alrededor del 35% cuenta con un estatus migratorio irregular, esta comunidad representa el mayor grupo hispano y sumando a los mexicoamericanos de segunda y tercera generación, la cifra asciende a más de 35 millones de personas.
Para todos ellos, el endurecimiento de los controles financieros por parte de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro estadounidense, obligará a las entidades bancarias y firmas que envían remesas en ambos lados de la frontera a exigir mayores requisitos de identificación.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha solicitado al Departamento del Tesoro mayor claridad sobre las medidas y ha descartado por el momento una afectación masiva.
La orden ejecutiva firmada en Washington instruye al Departamento del Tesoro y a los reguladores federales (en especial a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos) a endurecer la vigilancia sobre las transferencias de bajo monto y los servicios financieros utilizados por la población indocumentada, buscando frenar el lavado de dinero y la evasión fiscal, lo que impacta directamente en el envío de remesas.
Con esto se instruye a los bancos a verificar de manera más rigurosa el estatus migratorio de los clientes, poniendo especial atención en el uso de Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés).
Analistas advierten que si bien la orden no prohíbe explícitamente el envío de remesas, el aumento en la fricción regulatoria podría provocar que los migrantes recurran a vías informales o provocar una caída temporal en el volumen de envíos.
Ante el posible cierre o congelamiento de cuentas por señales de alerta, la comunidad migrante se ha visto obligada a depender de redes de apoyo, como familiares con estatus regular y transferencias banco a banco.
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) señala que estas nuevas medidas representan un golpe directo a millones de familias que dependen de esos recursos para sostener su consumo esencial: alimentación, salud y educación.
Para intermediarios financieros mexicanos como bancos comerciales y remesadoras, el endurecimiento de la vigilancia bancaria transfronteriza afectará principalmente a los costos y tiempos de los envíos.
Al respecto, la Asociación de Bancos de México (ABM), ha reafirmado su compromiso con los estándares internacionales antilavado de dinero y ha emitido recomendaciones clave para sus bancos asociados, entre ellas una mejor estandarización para detectar y frenar operaciones inusuales.
Por donde se vea, este es una daño colateral de las no buenas relaciones Trump-Sheinbaum, que no reconocen, el gran peso al representar estas remesas el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Y allá, los bancos estadounidenses podrían optar por cerrar cuentas o negar servicios a clientes considerados sospechosos por su estatus migratorio, lo que generará un aumento en la población sin acceso a servicios financieros. Migrantes y sin poder manejar su dinero, lo que faltaba.
