Ciudad de México.- El Senado aprobó el dictamen para expedir la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, con la que se busca modernizar y homologar los sistemas catastrales y los registros públicos de la propiedad en México, mediante mecanismos de coordinación entre la Federación, los estados y municipios, según un comunicado de la cámara.
La ley incluye el Plan Nacional Catastral, que definirá las directrices, propiedades y acciones para impulsar el desarrollo y la modernización de los sistemas catastrales en todo el país, y también establece la Clave Única Catastral para identificar los inmuebles, así como la Cédula Única Catastral y Registral, que reunirá los datos básicos para identificar y ubicar cada predio.
La ley, remitida al Ejecutivo federal, también implementa la Plataforma Catastral Municipal, que funcionará como un mecanismo de coordinación tecnológica entre la federación, las entidades federativas y los municipios para fortalecer y modernizar la cartografía.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez Martínez, señaló que la ley busca brindar mayor seguridad jurídica sobre los inmuebles, mediante información más confiable sobre sus propietarios, características y su situación registral.
Añadió que se impulsa la transparencia inmobiliaria y la digitalización de los servicios, sin invadir la autonomía de los municipios ni centralizar la recaudación del predial, la cual sigue a cargo de los municipios.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, destacó que la ley establecerá criterios comunes para facilitar el intercambio de información entre las autoridades catastrales y registrales, detectar inconsistencias en los registros y corregirlas con forme a la legislación vigente.
“La reforma fortalecerá la capacidad de respuesta para la población, a efecto de que la tecnología facilite derechos, mejore los servicios públicos y sirva a quienes más necesitan instituciones eficientes”, puntualizó.
El panista Miguel Márquez Márquez planteó que no sólo se modernicen los sistemas de catastro para hacer más rápidos los trámites, sino que también se garantice que la información esté protegida y no se manipule indebidamente: “Modernizar no sólo es digitalizar, también es proteger derechos, dar certeza y garantizar que la tecnología funcione en beneficio de las personas”.
El priista Gabriel Elizondo Pérez sostuvo que la modernización de trámites no puede ser un pretexto para centralizar las decisiones desde la federación, y advirtió que el ordenamiento puede ir en contra de las atribuciones de las autoridades municipales que reconoce la Constitución, además de que serían necesarios más recursos para que los municipios asuman sus nuevas responsabilidades de digitalización y capacitación.
La petista Lizeth Sánchez García defendió que la ley trata de subsanar inconsistencias en materia catastral y facilitar su corrección sin alterar los derechos de propiedad mediante procedimientos simples.
“Modernizar significa que las autoridades compartan información de manera segura y que las personas encuentren soluciones en lugar de recorrer oficinas para resolver contradicciones entre dependencias”, añadió.
El emecista Néstor Camarillo Medina advirtió que el ordenamiento puede ser una carga para los municipios en lugar de una solución, pues requerirán tiempo para preparar a su personal encargado de catastro, revisar los documentos en la materia y adoptar sus sistemas para evitar errores, además, la modernización de los sistemas podría incrementar la carga económica para las familias.
