Tras el estancamiento del Plan Nacional de Infraestructura de 2019 y la falta de inversión en 2020, los industriales de la construcción plantearon un nuevo proyecto para reactivar el sector tras la pandemia
José Ma. Gijón
Uno de los temas relegados en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el de la inversión en infraestructura, cuyos números se han mantenido bajos desde hace años y se han seguido en lo que va del sexenio.
Después de haber alcanzado un máximo histórico en 2014, con una inversión de más de 819,000 millones de pesos (mmdp), los recortes de presupuesto en ese rubro fueron más significativos cada año.
Para 2018 se dio un ligero repunte en la inversión pero durante el primer año de la actual administración el gasto cayó hasta ser el más bajo desde 2007. Según estimaciones del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para 2019 la inversión pública en este rubro se mantuvo por debajo del 2% del Producto Interno Bruto (PIB).
Una de las opciones que se fue construyendo a finales del año pasado para paliar la problemática, fue la presentación del Plan Nacional de Infraestructura (PNI), el cual conjuntaba proyectos entre el Gobierno Federal y el sector privado para darle un impulso a la inversión en esta materia.
La propuesta contemplaba una primera etapa donde se invirtieran 859 mmdp para un total de 147 proyectos que se irían implementando en los tres años subsecuentes. De estos, 45 proyectos se destinarían a la zona centro del país, 49 al norte y 42 al sur.
Entre las obras destacadas se hallaba la edificación de un segundo piso de Indios Verdes a la caseta de la autopista México-Pachuca; un estadio de Grandes Ligas en Monterrey para recibir juegos de la National Football League (NFL); trabajos en nueve aeropuertos, dos puertos y un gasoducto, entre otros proyectos.
Sin embargo, al paso de los meses la propuesta terminó por quedar estancada y la llegada de la pandemia de Covid-19 únicamente empeoró la situación, deteniendo el avance en los proyectos pensados para arrancar en 2020.
En función de esto, durante agosto la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) elaboró un nuevo paquete con 242 proyectos de infraestructura a nivel estatal para presentarlo a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
Eduardo Ramírez Leal, presidente del organismo empresarial, destacó que el plan consiste en inversiones en un plazo de cuatro años por 300,000 millones de pesos, las cuales podrían tener como mecanismos la aportación pública, privada o una sinergia entre ambos para reactivar la construcción y dinamizar la economía tras la pandemia.
El líder de la CMIC indicó que si bien la construcción reanudó actividades desde el primero de julio, todavía se ha mantenido cierta intranquilidad ante la falta de claridad respecto a la extensión de los efectos de la pandemia, lo cual se suma a la lenta aplicación de los recursos públicos y la falta de avance en el acuerdo logrado durante 2019 en este rubro.
“Estamos en momentos de buscar estrategias para reactivar el país, creemos que hemos hecho un análisis de lo que pasa en la industria de la construcción, de los problemas que enfrentamos por los pocos recursos que se destinan desde el sector público para mantener la infraestructura y que estas inversiones se han hecho lentamente”, aseveró.
La iniciativa no reemplazaría al acuerdo del año anterior, sino que se sumaría a las obras sexenales del PNI mientras se reactiva la cadena productiva del sector de la construcción.
Del nuevo paquete destacan principalmente obras dirigidas al rubro de las comunicaciones y transportes, al turismo y a los hídricos, aunque también se contemplan edificaciones orientadas al sector carretero, a los puertos, a los hospitales, a los libramientos ferroviarios y a la industria energética.
Entre los sitios considerados para el plan de infraestructura se encuentran las 32 entidades federativas, pero la mitad de los desarrollos se concentran en los estados de Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro, Sinaloa y el Estado de México.
Algunos de los proyectos más importantes de la propuesta son la inversión conjunta para la rehabilitación y mantenimiento de 82 caminos libres de peaje (con extensión de 1,638 kilómetros) para el Estado de México; así como el desarrollo de obras viales para poder conectar las terminales aéreas del Sistema Aeroportuario Metropolitano.
Ramírez Leal señaló que entre las obras pensadas hay las que ya cuentan con proyectos ejecutivos pero tienen pendiente los estudios sociales y medioambientales o viceversa, por lo que se buscará trabajar de la mano con los gobiernos locales para ponerlas en marcha y, en los casos con mayor información, lograr acelerar los procesos burocráticos para iniciar las edificaciones.
Precisó que el gobierno le ha puesto una atención prioritaria a cinco estados del sur que presentan desigualdad, pero que todo el país requiere mantener infraestructura para enfrentar retos como los del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Hemos estado insistiendo que nuestra industria ha estado sometida a poco crecimiento. Los números tanto en producción de las empresas constructoras, inversión fija bruta y todo lo que tiene que ver con el sector ha sido números muy malos en 2020”, puntualizó el dirigente de la CMIC.
Nuevo plan de infraestructura
Además de retomar el plan de infraestructura de noviembre del año pasado, la nueva propuesta de inversión elaborada por la CMIC y el CCE responde a que el 2020 ha mantenido un gasto en el rubro muy poco ágil.
De acuerdo con el organismo empresarial de la industria constructora, para el cierre del primer semestre del año la inversión pública en el área apenas rondó el 7% de los más de 339,000 mdp que se aprobaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Aunado a esto, el monto se vio reducido durante el mismo periodo y se restaron 2,267.9 millones.
Particularmente, el sector energético (que representa el 89% de los recursos aprobados) reportó apenas un avance del 1%. Le sigue en importancia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que es participe del 7% pero hasta junio sumó recursos contratados por el 72.3% de su presupuesto.
Eduardo Ramírez enfatizó que los datos reflejan una situación complicada al ser el segundo año consecutivo con un lento ejercicio del presupuesto, a lo cual se suma la caída del PIB del 5% del año pasado y la entrada de la pandemia.
“Luego de todos los problemas que hemos vivido, la obra privada no se recupera y lo triste es que hubo 3,659 contratos federales en el semestre y todo el año pasado fueron poco más de 12,000.
Además, los estados están empobrecidos, no hay créditos, para invertir en rehabilitación, mantenimiento o construcción de infraestructura”, detalló.
Esta situación general contrasta con el consabido tema de los megaproyectos estrella de la actual administración, ya que la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y el corredor interoceánico han tenido un mayor avance durante el sexenio.
Las obras prioritarias del gobierno de López Obrador iniciaron el año con un presupuesto de más de 66,358.5 millones, el cual terminó incrementándose hasta los casi 100,000 millones de pesos.
En total se ha comprometido el 50% de los recursos en 49 de los 200 contratos provistos.
Aunado a ello, la CMIC señaló que se han visto obras que no estaban contempladas en el presupuesto y que están siendo desarrolladas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), obviando a los actores privados de esos proyectos,
“Consideramos que los constructores formales tenemos que tener una mayor participación y ayudar en la reactivación económica del país. Hay que apoyar a las empresas de todos los tamaños, no solamente en el sur del país sino en todo, el momento actual es muy complicado”, afirmó Ramírez Leal.
Hasta el cierre de esta edición el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado que daría a conocer un nuevo plan conjunto de construcción de infraestructura que incluiría a la iniciativa privada y al sector energético. No detalló si se retomarían los proyectos del año pasado o los propuestos recientemente por la CMIC.
